Cr. David Eibe: Uruguay debe "fijar una estrategia de negociación" para revertir juicio de OCDE
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluyó que Uruguay no cumple con los estándares para asegurar el intercambio de información tributaria. Consultado por En Perspectiva, David Eibe, exdirector de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, analizó la resolución y manifestó reparos con respecto a las observaciones del organismo internacional, que evaluó más favorablemente a países como Gibraltar y Macao, "que son mucho más desprolijos que Uruguay en términos de intercambio de información y que en algunos casos no tienen reglas contables", según expresó. "Da vergüenza ajena", agregó. En ese sentido, criticó al propio sistema de calificación por dejar "una amplia discrecionalidad a aspectos de naturaleza política". El contador consideró que Uruguay debe "cumplir con la comunidad internacional" y, al mismo tiempo, "fijar una estrategia de negociación [...] con una batería de medidas que requieren esfuerzos técnicos, diplomáticos y políticos". En cuanto a las posibles sanciones, indicó que el panorama puede llegar a ser "preocupante", ya que estas "tienen que ver con el acceso al financiamiento, con mecanismos que a un país lo pueden transformar en un paria". Sin embargo, por el momento "solo hay amenazas", concluyó.
(emitido a las 7.44 Hs.)
EMILIANO COTELO:
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluyó que el Gobierno uruguayo no implementó algunos elementos cruciales para alcanzar un efectivo intercambio de información tributaria.
El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a efectos fiscales de la OCDE evaluó a Uruguay en diez puntos, y en dos de ellos afirmó que el país no cumple con los estándares para asegurar el intercambio de datos.
¿Cuáles son los dos puntos críticos? El régimen de sociedades con acciones al portador y no tener acuerdos de intercambio de datos tributarios con socios relevantes, entre ellos nada menos Brasil y Argentina.
Al presentar estos reportes, el ministro de Economía de Francia, François Baroin, advirtió que los países sobre los que la OCDE demostró que no respetan sus compromisos "deben cumplirlos sin demora". En caso contrario, se les podría aplicar una "batería de sanciones".
¿Terminaremos acordando con Argentina, satisfaciendo esa demanda que hace tantos años se hace desde la Casa Rosada al Gobierno uruguayo? En este contexto, esa es una pregunta muy pertinente.
Vamos a analizar estas novedades con el contador David Eibe, exdirector de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas en el período 2002-2009, miembro del comité de expertos que diseñó la reforma tributaria y, desde hace dos años, consultor privado y docente universitario.
¿Usted veía venir esta resolución?
DAVID EIBE:
No necesariamente la resolución, lo que sí estaba claro es que Uruguay había hecho muchos esfuerzos para mejorar sus metas de cumplimiento en materia de transparencia e intercambio de información. Basta recordar la implementación del nuevo sistema tributario, la eliminación de las sociedades anónimas financieras de inversión, la modificación del secreto bancario a fines fiscales o la ampliación de la red de tratados. Verdaderamente, Uruguay ha hecho un esfuerzo enorme.
También es cierto que todavía permanecían algunas debilidades, como la situación de las entidades con acciones al portador a efectos fiscales. Y, por otra parte, con un concepto que ha ido variando a lo largo del tiempo que tiene que ver con la inexistencia de acuerdos de intercambio de información con lo que se considera países relevantes.
EC - Vamos por partes. Con respecto a lo primero, el régimen de sociedades con acciones al portador, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de la OCDE?
DE Aparentemente, desde el punto de vista de la OCDE -yo no conozco el informe sino los trascendidos que han aparecido a nivel internacional, en la prensa y lo que he seguido de la formulación de la solicitud de información- en el caso de las entidades con títulos al portador -que pueden ser sociedades anónimas pero también puede ser fideicomisos u otros patrimonios de afectación- se objeta que la administración tributaria no tiene acceso a la identidad de los propietarios de esos títulos. Y si no tiene acceso a la identidad de los propietarios mal puede intercambiar información con terceros países, que es el objeto de la directiva. Eso no quiere decir que deba eliminarse el régimen de acciones al portador. Esa es una alternativa, por supuesto, pero también existen otros caminos basados en la existencia de registros nominativos en la administración tributaria. Hay una cantidad...
EC - ...Como el sistema alemán, por ejemplo, donde las acciones son al portador pero el Gobierno dispone de la información de quiénes son los propietarios de esas acciones. Y si esa información es requerida, por ejemplo de parte de otro país, la termina suministrando.
DE Exactamente, hay diversas formulaciones técnicas. La OCDE no exige la eliminación de las acciones al portador sino la disponibilidad de la titularidad de los propietarios de ese capital, a efectos de intercambio de información.
EC - El otro problema que señala la OCDE es la cantidad de acuerdos de intercambio de información tributaria a los que ha llegado Uruguay y sobre todo la calidad de esos acuerdos.
DE - En rigor, el tema de la cantidad ha dejado de tener relevancia. Es mucho más importante lo que se establece como concepto de intercambio de formación con países relevantes. Como le decía, eso ha variado a lo largo del tiempo. Cuando se estableció aquel "número mágico" de los doce tratados, muchos países que estaban objetados por la OCDE se lanzaron a celebrar convenios con otros paraísos fiscales. En definitiva, eso no aportaba nada en términos de transparencia internacional. A partir de eso, la OCDE elabora el concepto de que los tratados debían realizarse con países relevantes. Países relevantes, en ese momento, eran los países más importantes en el ámbito de la OCDE. Uruguay siguió rigurosamente ese criterio, ha celebrado convenios con Francia, con Alemania, con España, con México, con países de mucha relevancia.
EC - Sí, vigentes están solo los de Alemania, Hungría, Francia, México y España.
DE - Sí, están transitando el camino de la ratificación parlamentaria en ambos países, pero la OCDE considera que una vez que están firmados por los gobiernos ya hay un paso muy importante en términos de cumplimiento. Luego, a partir de las elaboraciones del Foro Global sobre Intercambio de Información y Transparencia, ese concepto migra y se llega a la definición de que un acuerdo con un país relevante es aquel que establece un país con otro con el cual tiene vínculos económicos sustanciales. O sea, si viene un país con el que yo tengo vínculos económicos sustanciales y me solicita un convenio, en principio debería acceder a un acuerdo de esa naturaleza.
EC - Y aquí es que aparece Argentina como primer nombre, ¿no? Y también Brasil.
DE - Sí, eso es un hecho. En más de una oportunidad he manifestado que, a mi juicio, aun en el propósito de cumplir con las obligaciones internacionales, la situación de negociación con los países de la región debe encuadrarse dentro de la lógica del proceso de integración regional.
EC - ¿Cómo es esto?
DE - No parece muy razonable que nos requieran un acuerdo de esta naturaleza cuando hay temas tan sustanciales pendientes en el ámbito del Mercosur como el propio funcionamiento del mercado ampliado o un régimen de solución de controversias que ampare a los países más pequeños.
EC - ¿Pero esto es aceptado por la OCDE?
DE - Es complejo, por supuesto, hay una tensión entre esas dos visiones. Una precisión previa: yo creo que Uruguay tiene que hacer todos los esfuerzos para cumplir con la comunidad internacional. También es cierto que la OCDE no es un organismo aséptico, es un organismo que refleja los puntos de vista de los países más relevantes.
Si usted analiza el listadito este donde aparecen los países que han cumplido, los que no han cumplido, los que pasan a la etapa dos o no, en cierta medida hay juicios que dan vergüenza ajena.
EC - ¿Por ejemplo?
DE - Por ejemplo Gibraltar, por ejemplo Macao. Son países mucho más desprolijos que Uruguay en términos de intercambio de información, que tienen acciones al portador, que en algunos casos no tienen reglas contables, y pasan a la segunda etapa. Se les abre una etapa de prueba para que modifiquen en seis meses su régimen pero los aprueban...
EC - ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Esos países tienen buenos padrinos entre las naciones importantes?
DE - Gibraltar es un territorio de ultramar de Reino Unido y Macao tiene atrás a la República Popular China.
Por otra parte, está la propia forma de clasificación. Hay un listado de diez elementos que se puntúan. De esos diez, Uruguay ya aprobó ocho. Suiza aprobó muchos menos, ni que hablar estas jurisdicciones que mencionamos, y sin embargo los promueven. ¿Por qué? Porque la propia definición dice que no deben considerarse exclusivamente los elementos numéricos de la calificación. Se deja una amplia discrecionalidad a aspectos de naturaleza política. Desde luego que hay que cumplir con la comunidad internacional, no podemos hacernos los distraídos, pero también me da la impresión de que este partido se juega en el ámbito técnico, en el ámbito diplomático y en el ámbito político.
En ese contexto, cuando un caso se lleva al análisis de la revisión entre pares como ocurre con Uruguay es evidente, porque además está manifestado en las conclusiones, que ha habido planteamientos de parte de países vecinos en reclamo de la celebración de convenios. Entonces, si a mi me preguntan yo creo que...
EC - ...Argentina concretamente.
DE - Claro, no lo quiero citar porque no lo conozco, pero se manifiesta claramente en las conclusiones. Entonces, creo que Uruguay va a terminar negociando con Argentina y con Brasil. Pero hay que darle una dimensión geopolítica al problema. Y de esa dimensión geopolítica debería surgir también una moderación en la pasión que ponen esos países en los reclamos, que aparentemente por el lado argentino hasta hoy no se ha planteado. Uruguay tiene que mantener un canal abierto y fluido de negociación sobre la base de la gradualidad, de la reciprocidad, considerando las diferencias que tiene cada uno de los países en su estructura económica, en su tamaño y todo lo demás.
También creo y esto por supuesto que es una cuestión meramente especulativa que Uruguay tiene que hacer caudal de su excelente imagen internacional, creándose un estado de opinión favorable en los países pesados dentro de la OCDE...
EC - ...¿Por ejemplo? ¿A cuáles tendría que apuntar?
DE - Por ejemplo a Francia, Alemania, España, México, con todos los cuales tiene convenios vigentes de intercambio de información.
EC - Usted está sugiriendo una estrategia de manejo de la situación de Uruguay en el marco de la OCDE. Obtener respaldos de ese tipo de países para compensar los que deberíamos tener, que son los de Argentina y Brasil, por obvias razones geográficas, y que justamente no estamos teniendo porque nos están reclamando estos acuerdos.
DE Lo que desde el punto de vista de ellos por supuesto que es legítimo. Creo que hay que administrar una relación que es de colaboración y de conflicto con los países de la región. Y es esencial que eso se encuadre en la lógica global de la integración. No es concebible que planteos de este tipo se hagan en forma tan radical cuando no tenemos la mínima garantía para que se cumpla un fallo en el Mercosur. El presidente ha dicho y yo lo comparto plenamente que hay que reforzar la institucionalidad del proceso de integración. En ese marco, con criterios de gradualidad, de prudencia, de preservación de la estructura de cada país, se va a poder llegar a un acuerdo razonable. Pero hay que tener mucha cautela, porque Uruguay siempre ha sido un país de gran estabilidad jurídica y esos son bienes que hay que preservar en la medida de lo posible, cumpliendo con las obligaciones de la comunidad internacional.
EC - Claro, pero es evidente que para Argentina es cada vez más acuciante obtener recaudación de aquellos argentinos que tienen en Uruguay propiedades o colocaciones financieras, ¿no?
DE - Habrá que ver qué tipo de información requieren, no toda la información tiene la misma relevancia. Buena parte de la recaudación argentina se basa en tributos sobre comercio exterior, quizá no sea tan relevante el tema vinculado a los depositantes. Además, a nivel internacional hay soluciones técnicas como la que se adoptó en la directiva de 2003 en Europa, por la cual se le puede transferir parte de la recaudación al otro país sin identificar al depositante. Todo es materia de negociación, sobre la base de que el país tenga clara cuál es su estrategia, o sea hasta dónde podemos y queremos llegar. Usted habrá escuchado las más diversas opiniones, todas respetables por supuesto, como las que sugieren no hacer nada, pero no me parece que sea una estrategia razonable. Lo que hay que hacer es fijarse una estrategia de negociación sobre la base de los más amplios acuerdos a nivel político, porque acá estamos hablando de una cuestión de Estado. Esto es algo que involucra al país en los próximos veinte años probablemente, no hay lugar para el oportunismo ni para la crítica pequeña. Acá se trata de definir una estrategia de país y de llevarla adelante con una batería de medidas que requieren esfuerzos técnicos, diplomáticos y políticos.
EC - ¿Y sobre el riesgo de sanciones del que hablan las autoridades, por ejemplo las de Francia?
DE - Justamente la OCDE ha adquirido relevancia no por la capacidad de imponer sanciones sino porque de alguna manera es quien rinde cuentas al G20 y por vía indirecta al G7, que son los países más poderosos. Vienen amenazando con sanciones desde hace mucho tiempo, porque todo esto surge a partir de la crisis del 2008 y ahora renace en Europa, con todos los problemas que tiene.
Las sanciones directas en materia tributaria son conocidas. En algunos casos no en el de Uruguay porque nunca fue un paraíso fiscal, pero sí en el caso de los paraísos fiscales tienen que ver con la prohibición de deducción de gastos, la aplicación preceptiva de precios de transferencia o la aplicación de retenciones punitivas.
Pero lo que se está planteando ahora, y eso es lo más preocupante, son sanciones de otra índole. Tienen que ver con el acceso al financiamiento, con mecanismos que a un país lo pueden transformar en un paria. Y ese no es el destino que uno pretende para Uruguay, que además siempre ha sido fiel cumplidor de sus obligaciones internacionales.
EC - ¿Y en qué plazos pueden ocurrir esas sanciones? ¿Qué margen tiene Uruguay para llevar adelante esa estrategia negociadora de la que usted hablaba?
DE - No está claro, ahora a Uruguay se le abre un período de seis meses. Pero el rigor de la evaluación del cumplimiento de los estándares se va a dar a partir del año 2014. Es como cuando uno va a sacar la licencia de conducir: primero le hacen el examen teórico y luego le hacen el examen práctico. Esto es lo mismo, primero se analiza el marco legal y regulatorio, se ven las deficiencias, se intima al país a solucionarlas, y luego se va a la efectiva aplicación.
De todas maneras, no está claro si en esta primera instancia el hecho de no aprobar la primera etapa puede dar lugar a sanciones. Hasta ahora eso no ha sido explicitado, más bien lo que hay en el ambiente son amenazas. Obviamente no es el mejor marco para negociar, pero es el que hay.
***