(emitido a las 8:30 Hs.)

EMILIANO COTELO (EC):
Días atrás el Gobierno dio a conocer los lineamientos para la próxima ronda de negociación salarial. Fueron formalizados en una presentación ante el Consejo Superior Tripartito el 6 de julio y plantean aspectos tales como el plazo de los convenios, la periodicidad de los ajustes y la fórmula de ajuste de los salarios que sugiere el Gobierno. 

Les proponemos analizar en más detalle las nuevas pautas oficiales para la negociación colectiva en diálogo con la economista Florencia Carriquiry de la consultora Deloitte.

¿Cuáles son los principales elementos que plantea el gobierno para las próximas negociaciones salariales?

FLORENCIA CARRIQUIRY (FC):
Las nuevas pautas oficiales no contienen muchas innovaciones respecto a las de la ronda anterior.

Al igual que el año pasado, procuran que se logren acuerdos de tres años, con ajustes anuales que contemplen un componente de mejora del salario real y de inflación esperada.

Como inflación esperada, se sugiere que se considere el centro del rango meta de inflación (5%), mientras que el componente real del ajuste resultaría de considerar un componente "macro" (el mismo para todos los sectores) y un componente "sectorial" (que procura reflejar la evolución específica del sector), cada uno ponderado al 50%.

Por último, las pautas también contemplan que existan correctivos anuales por la diferencia entre la inflación esperada y la observada, y un correctivo final (al vencimiento del convenio) para recoger eventuales diferencias entre lo esperado y lo efectivamente observado en el componente "macro" y el "sectorial" del ajuste.

EC- ¿Qué considera ese componente "macro" para el ajuste de los salarios? 

FC- El componente "macro" planteado por el Gobierno se determina por el crecimiento esperado del PBI por trabajador, que se obtiene a partir de las proyecciones de actividad y de empleo recogidas en la Encuesta de Expectativas que hace el Banco Central entre varios analistas e instituciones financieras en nuestro país.

Si miramos la encuesta del mes de junio y consideramos la mediana de las respuestas para el crecimiento del PBI y para el incremento del empleo en 2012 y 2013, el componente "macro" del ajuste del salario real se ubica en 2,72%. Como este componente pondera un 50% para el cálculo del ajuste total, deja un aumento del salario real de 1,36% (antes de contemplar el componente "sectorial" y los correctivos que correspondan aplicar en cada caso). 

EC- ¿Qué plantean las pautas para el componente "sectorial" del ajuste?

FC- Las mayores innovaciones respecto a la pauta anterior están en la forma de cálculo del componente sectorial.

En primer lugar, mientras que en la pauta anterior se planteaba un único indicador a nivel sectorial, que era el ratio Ventas/Empleo que elabora la DGI para cada uno de los sectores, ahora se abre la opción de elegir entre un conjunto amplio de indicadores, tanto de fuentes públicas, como incluso elaborados a partir de datos de las empresas de la rama. De este modo, los distintos sectores tendrían más flexibilidad para incorporar indicadores que consideren representativos de la performance de la rama, aunque el foco sigue estando en el desempeño promedio del sector y no de la empresa, y eso hace difícil encontrar un indicador que refleje de manera adecuada la marcha de los negocios de todas las empresas en sectores donde existe una alta heterogeneidad.

En segundo lugar, lo más relevante, es que se introducen algunas modificaciones en el cálculo del componente sectorial que acotan sensiblemente la incertidumbre en el uso de fórmulas paramétricas de ajuste como la que sugiere el Gobierno.

EC- ¿Por qué se acota la incertidumbre para usar la paramétrica de ajuste que sugiere el Gobierno?

FC- Porque se plantea que el ajuste por el componente sectorial esté acotado tanto inferior como superiormente. El documento que presentó el Poder Ejecutivo plantea que las ramas cuyo indicador sectorial cae, no otorguen ajustes del salario real por este concepto (aunque tampoco se plantea la posibilidad de una rebaja de salarios, se pone un límite de 0% a este componente). En el otro extremo, las ramas con un crecimiento significativo del indicador sectorial (de más de 4% en el año) deberían dar un aumento del salario real de hasta 4% por este componente. Considerando que tiene una ponderación de 50% en el ajuste total, lo anterior significa que la incidencia del componente "sectorial" quedaría acotada entre 0% y 2%.

El hecho de que el aumento sectorial quede comprendido en un rango relativamente estrecho mitiga una de las críticas que había recibido la pauta de la ronda anterior, la  volatilidad de los indicadores sectoriales dificultaba la preparación de presupuestos para las empresas y generaba un riesgo de que los aumentos terminaran siendo muy significativos (sin que el aumento del indicador sectorial de referencia fuera indicativo de la rentabilidad del sector). 

La concepción del ajuste sectorial sigue teniendo un foco muy retrospectivo. El cómputo propuesto implica que hay que esperar que un sector comience a mostrar caídas de su actividad para habilitar la posibilidad de que otorgue aumentos salariales menos significativos.

EC- ¿Qué expectativas hay para la próxima ronda de negociación salarial?

FC- Es poco probable que los acuerdos recojan totalmente los lineamientos oficiales.

Por un lado, los acuerdos van a ser por un plazo más corto a tres años, al igual que en la ronda anterior, sobre todo en un contexto de tanta  incertidumbre como el actual.

Por otro lado, la dificultad para encontrar indicadores sectoriales representativos para todas las empresas y la vocación de los empresarios por simplificar al máximo las negociaciones, tiende a hacer que las empresas sean reticentes a adoptar fórmulas paramétricas como la que sugiere el Gobierno. Ante lineamientos similares en la ronda pasada, el 85% de los convenios terminó incluyendo ajustes reales fijos (sin referencia al crecimiento de la economía o al comportamiento sectorial). Habrá que ver si el hecho de  introducir una cota superior en el componente sectorial puede hacer más atractivo que en el pasado el uso de una fórmula de ajuste de este tipo.

EC- En base a estas pautas, ¿habrá una moderación de los salarios en los próximos años? Ese es un reclamo bastante frecuente a nivel del sector empresarial y de los analistas económicos.

FC- Las pautas no aportan señales de moderación salarial. Incluso los sectores con "mal desempeño", según la pauta oficial, tendrían un incremento de los salarios por el componente "macro" de 1,36% en términos reales. Con una inflación de 5% deja un ajuste nominal de al menos 6,4%. Y el primer año se sumaría el correctivo por inflación pasada, derivado del convenio anterior, que tiende a situarse en torno de 3%. Estaríamos con una suba nominal de casi 10% como mínimo.

En este marco y con un desempleo que se mantiene en niveles mínimos, las empresas van a enfrentar reclamos de aumentos importantes.

Habrá que ver el rol que juega el Poder Ejecutivo en los laudos de los primeros sectores que abran esta ronda de negociación. El hecho de que las proyecciones contempladas en la última Ley de Rendición de Cuentas supongan aumentos del salario real privado de 3,5% para lo que resta del período de gobierno, constituye un indicio de que las autoridades difícilmente lauden diferencias entre empresas y trabajadores a favor de subas más moderadas.

EC- ¿Cuáles son las proyecciones de suba de salarios que se manejan para los próximos años?

FC- Seguimos trabajando sobre el supuesto de un incremento del salario real promedio de la economía del orden del 3% anual en 2013. Desde el punto de vista macroeconómico, pone una persistencia relevante a la inflación y, desde el punto de vista microeconómico, implica que las empresas deberán continuar buscando aumentar el volumen de negocios para generar mejoras de productividad que les permitan pagar mayores salarios y atraer o retener recursos valiosos.

Es importante que en este contexto de incertidumbre respecto a la marcha de la economía en los próximos años se incluyan cláusulas de salida precisas en los acuerdos (el Gobierno lo menciona, pero no profundiza). De no ser así, con un escenario más negativo, el Poder Ejecutivo debería asumir el costo político de detener los ajustes o arriesgarse a que la rigidez salarial haga que la economía termine ingresando en una fase de inflación más persistente y de aumento del desempleo.

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