(emitido a las 8.36 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Esta semana el Gobierno acordó con los supermercados una rebaja de 10% en los precios de una canasta de 200 productos, y el congelamiento de los otros artículos.

La medida regirá hasta fin de año y procura moderar la suba de la inflación que se estaba observando recientemente.

Pero el paquete no termina ahí, se analizan otras medidas para el futuro, como la postergación de ajustes de tarifas, y la eventual reducción del IMESI a productos de tocador que históricamente se han considerado suntuarios.

Las medidas son heterodoxas, como reconoce el propio ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y por eso se plantean varias preguntas: ¿qué efectos pueden tener los acuerdos de precios en el IPC? ¿Por cuánto tiempo se verán esos efectos? De esas y de otras puntas vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué repercusión real podrá tener este acuerdo de precios en el IPC si solo los supermercados bajan los precios? Aparentemente Cambadu no va a acatar ese acuerdo de precios, esto nos remite a cómo se construye el IPC, a cuánto incide lo que suceda en las grandes superficies en el conjunto de precios que se relevan para el IPC, ¿cómo se responde a esas interrogantes?

PABLO ROSSELLI:
El Gobierno acordó una rebaja de 10% en 200 artículos con los supermercados, y el congelamiento del resto. Los artículos que bajarían un 10% en conjunto son rubros que representan un 10% en la canasta del IPC, con lo cual uno podría decir si tenemos una caída de 10% en productos que pesan un 10% en el IPC, tendríamos un efecto en el IPC negativo de 1% mientras dure esta rebaja.

Pero hay varios elementos para relativizar semejante cálculo. Primero, la rebaja rige a partir de los últimos días de octubre, con lo cual el efecto de esta rebaja de precios se va a repartir entre octubre y noviembre, con más incidencia en noviembre.

No va a regir en almacenes ni en supermercados pequeños, aunque va a regir en un número muy importante de supermercados del interior del país. No tenemos información precisa sobre cuánto pesa el canal supermercados en el consumo total de esos artículos, ni cuánto pesa el canal supermercados en el relevamiento que hace el INE para medir la inflación.

Tampoco sabemos si los productos específicos que se bajan son lo que el INE releva, aunque suponemos que es así. En teoría el INE debería relevar las marcas y presentaciones que en el momento de computar la canasta en el año 2010 eran los más relevantes.

Por todo esto, la rebaja de precios difícilmente tenga un impacto tan grande como el 1% repartido en el IPC de octubre y noviembre.

Aún cuando Cambadu no adhiera, difícilmente podrá subir los precios si al mismo tiempo en los supermercados hay precios con rebajas y otros precios que no suben. Con lo cual el acuerdo con los supermercados va a tener alguna incidencia adicional de frenar la suba de precios en el canal de Cambadu.

RA – El Gobierno espera con estas medidas que la inflación cierre el año en 7%, ¿cómo ven esa posibilidad?

PR – Es difícil estimarlo con precisión. La inflación acumulada a setiembre es de 6,7%, nuestra proyección para octubre antes de estos acuerdos era de 0,9%. Estos acuerdos van a jugar para tener un número menor, también bajó el dólar desde el momento que hicimos esa proyección. Pero parece muy difícil que la inflación sea de solamente 0,3% en los últimos tres meses del año. Hay que tener presente que estamos hablando de una rebaja de precios en un 10% de la canasta del IPC y del mantenimiento de precios de otros artículos que se comercializan, pero estamos hablando solamente de supermercados. Y hay muchos componentes del IPC que están completamente fuera de toda esta discusión y van a seguir subiendo. Nosotros preveíamos para el cierre de este año una inflación de 8,4%, va a terminar siendo algunas décimas menos, pero nos sorprendería mucho que llegara a ser de sólo 7%.

EC – Una pregunta que nos hacen los oyentes: si los precios se sostienen "artificialmente" de aquí a fines de diciembre, qué pasará después, ¿no habrá un salto fuerte hacia arriba? ¿Cómo va a impactar eso en la inflación?

PR – Estas medidas no afectan la dinámica inflacionaria, lo que hacen es combatir una suba del IPC, pero lo hacen de una forma transitoria y al mismo tiempo es reversible, los precios tenderán a subir. El Gobierno compra tiempo con esta medida, la pregunta es para qué lo hace. Al margen de para qué se compra ese tiempo, a nuestro juicio es claro que los precios luego de haber estado reprimidos por unos meses van a subir.

El único elemento que puede tener algún efecto un poco más duradero es el ajuste de salarios. Como enero se ajustan los salarios, si la inflación del año termina siendo un punto porcentual más baja gracias a estas medidas, el incremento de salarios será un punto porcentual más bajo. No sería un efecto despreciable, pero a nuestro juicio no se cambia la dinámica inflacionaria con esto.

RA – En el Gobierno se estudian otras medidas como postergar subas de tarifas, o reducir el IMESI a algunos artículos, ¿cómo evalúan ustedes esas posibilidades?

PR – Estas medidas no afectan la dinámica inflacionaria de manera persistente. El Gobierno no tiene espacio para rebajar tarifas sin afectar los resultados fiscales, que ya son bastante pobres. Sobre el IMESI, nos parece que es una mala idea discutir modificaciones tributarias para actuar sobre el IPC, porque la estructura tributaria es algo que debe permanecer, que se decide con un horizonte a largo plazo. Si entendemos que no corresponde más cobrarle el IMESI a algunos productos, de tocador en este caso, podemos pensar en modificar de forma consistente las tasas de impuestos, pero no lo deberíamos asociar al problema inflacionario.

De hecho, una rebaja de impuestos en las circunstancias actuales podría tener un efecto a la baja en algunos de esos artículos, pero supondría al mismo tiempo una nueva expansión fiscal, con efectos negativos sobre las cuentas públicas y con un efecto a mediano plazo contrario al buscado, dado que precisamos una política fiscal más contractiva, no una de reducción de impuestos. Si entendiéramos que ya no se justifica el IMESI a los productos de tocador desde una perspectiva macroeconómica, igual este no parece ser el momento de bajar esos impuestos.

EC – Está claro que para ustedes las medidas que se están aplicando no atacan el problema inflacionario de fondo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Gobierno ante esta situación?

PR – El problema inflacionario que tenemos no es transitorio y tampoco reciente. Porque la inflación subyacente ha estado en el 9% desde hace ya mucho tiempo. La causa de la inflación ha sido en gran medida una política monetaria muy expansiva por varios años. Y lo fue porque el Gobierno ha tratado de evitar una caída mayor del dólar. El problema es que ahora tenemos un dilema cada vez más agudo entre la competitividad y la inflación, días atrás decíamos que la competitividad con Brasil está en niveles bajos. Pero los problemas de competitividad no se los podemos atribuir a la política monetaria, que de hecho ha sido expansiva durante muchos años para evitar una caída mayor del dólar. Para atender el problema de competitividad hace falta moderar el aumento de la demanda interna, la que genera la inflación en dólares. Y para eso se precisa una política fiscal contractiva, es decir, el Gobierno debería pensar en bajar gastos el año que viene, y se requiere cambiar la política salarial en dos dimensiones claves: en el ritmo de aumento de salario real y en el funcionamiento con indexación salarial que estamos viendo.

RA – ¿Qué quiere decir eso?

PR – Los problemas de competitividad se van a agravar si seguimos pensando que los salarios pueden crecer a tasas de 3% o más, en términos reales por año. Porque la productividad en la economía no crece tanto como para que las empresas puedan absorber subas de esa entidad en los salarios.

Pero las consecuencias de la política salarial sobre la inflación son partida doble, por un lado los salarios están subiendo mucho en términos reales, eso alienta la demanda interna, incrementa los costos de las empresas. Pero por otro lado, los Consejos de Salarios han determinado que los ajustes estén siguiendo una dinámica de tomar la inflación pasada. La realidad es que los porcentajes de ajustes se determinan como un porcentaje de aumento real de salario, un porcentaje asociado a la meta de inflación que es 5% y un porcentaje por la diferencia entre la inflación real y el 5%. Como la inflación está muy lejos del 5%, los aumentos de salarios arrancan muy altos, antes de hablar del componente real de incremento salarial tenemos ajustes de salarios del 8% nominal, con esta lógica de ajuste salarial es muy difícil que la inflación baje de manera significativa.

A nuestro juicio que el Gobierno se haya visto en la necesidad de recurrir a estas medidas heterodoxas, a solicitar acuerdos de precios con los supermercados, es una señal clara de que se requiere medidas de readecuación de la política económica, y una de esas está en hacer un esfuerzo de desindexación de la economía. Es necesario que los salarios en enero y en julio próximo suban notoriamente menos que el porcentaje de ajustes que surgiría de aplicar estas fórmulas que están en las pautas salariales. Si no tenemos una política fiscal contractiva, si no logramos una desindexación y una moderación de los salarios, nos parece poco probable que la inflación pueda bajar de manera apreciable sin que el Banco Central tenga que subir fuertemente la tasa de interés, y por lo tanto castigar fuertemente la competitividad.

Si el Banco Central no sube la tasa de interés de manera fuerte y no tenemos una readecuación de la política salarial y fiscal, el riesgo que corremos es que el país ingrese en una senda de problemas más significativos de competitividad, derivados de la persistencia de la inflación, y desaceleración de la economía con inflación persistentemente alta. Ese es el riesgo al que nos enfrentamos en estas circunstancias.

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