(emitido a las 9.00 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
1.200 millones de dólares. Ese es el monto que Uruguay pagó en el 2010 como consecuencia de los crímenes contra la propiedad y las personas.

El dato surge de un estudio realizado para Uruguay por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tuvo como objetivo medir el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe. La cifra llama mucho la atención: en definitiva, estamos hablando de que el costo asociado a los delitos y la violencia en Uruguay superó en 2010 el 3% del producto bruto interno (PBI).
    
¿Cómo deben interpretarse estos números? ¿Qué nos dicen estos costos tan elevados sobre el estado de la seguridad en Uruguay? ¿Es una tendencia creciente?

En los próximos minutos vamos a profundizar en el tema con el doctor en Economía Diego Aboal, director de Cinve.
    
Empecemos situándonos en estas cifras. Si le parece, hagamos una primera comparación, para tener la dimensión de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿a qué áreas del Estado se dedica actualmente un 3% del PBI?

DIEGO ABOAL:
Llegamos a una cifra de 1.200 millones de dólares para el año 2010, que equivale al 3% del PBI. Este costo tiene distintos componentes, no todos están vinculados al gasto público. Clasificamos los componentes de costos en anticipación al crimen, consecuencia del crimen y respuesta al crimen. En algunos de estos ítems tenemos gastos asociados al gasto público, pero no en todos; entre el 1,5 y 2% de esta cifra corresponde a gastos públicos y el resto a gastos privados o de salud de los individuos.

AA - ¿Qué otro tipo de áreas del Estado implican un gasto del 3% del PBI? Para hacer una comparación, para tener una idea de a qué equivale.

DA - No hicimos una comparación con el presupuesto público, pero en la prensa han salido algunas equivalencias. Por ejemplo, que esto equivale a la construcción de 600 liceos o 1.200 escuelas. Es un costo realmente importante, es un costo pesado el que impone la criminalidad.

AA - No es solo lo que dedica el Estado a las consecuencias del crimen y la violencia, también se incluye el gasto de privados.

DA - Correcto, incluimos además el gasto privado.

AA - ¿Qué proporción corresponde a gastos del Estado y cuánto a los privados?

DA - En anticipación al crimen, que desde el punto de vista del gasto público son los gastos del Ministerio del Interior (MI), tenemos un 2% del PBI, del cual la mitad corresponde al gasto público. La otra mitad es básicamente gasto privado, y de esa mitad, una mitad corresponde a gastos de las aseguradoras y un 0,5% corresponde al gasto de las empresas de seguridad. Gastamos alrededor de 0,5% de nuestro PBI contratando seguridad privada.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Cómo surge la iniciativa de traducir las consecuencias de la violencia y de la criminalidad a datos económicos?

DA - Para Uruguay no teníamos ninguna cuantificación hasta este momento del costo de la criminalidad. Se han hecho estudios para otros países de América Latina y del mundo, pero no había una estimación de este tipo. Entonces decidimos avanzar en esa dirección, tener una primera estimación que nos permitiera decir si es un gasto grande o pequeño en comparación con otros países.

RA - ¿Para qué sirve estimar ese costo?

DA - Sirve para dimensionar el problema, ahora sabemos cuál es el tamaño del problema. Si bien nuestra estimación es relativamente conservadora y ha dejado algunos costos de lado, nos permite decir cuánto estamos gastando como consecuencia del crimen. Permite dimensionar el problema, fundamentalmente.

AA - ¿Con qué criterio se hicieron las clasificaciones de los costos? Los dividieron en tres grandes grupos: costos de anticipación y prevención del crimen, costos como consecuencia del crimen y costos en respuesta al crimen.

DA - Esto es bastante típico en los trabajos que hacen este tipo de estimaciones. Lo primero que se trata de ver es cuánto se gasta en seguridad o en otras medidas, como por ejemplo la contratación de seguros para protegerse de las consecuencias del crimen. Ese es un primer componente, es un componente de anticipación. Luego tenemos un componente de consecuencia, ahí tenemos básicamente la propiedad robada. Y tenemos luego –que es importante y muchas veces no se estima– los costos intangibles del crimen. No todo tiene que ver con lo material, sino que hay consecuencias en términos de muertes y de otro tipo de daños a los individuos, en términos de salud, por ejemplo. Finalmente tenemos los costos en respuesta al crimen, que son los gastos en cárceles, gastos relacionados con la justicia y gastos relacionados con ayuda legal (abogados penalistas, por ejemplo), también tenemos una estimación de esos costos.

RA - En general, ¿cómo se estiman los costos de los delitos? ¿Podemos ver algún ejemplo? Estaba mirando que en el estudio se evalúa que el costo de un homicidio es de 241.000 dólares, más o menos. ¿Cómo se llega a ese número?

DA - Esto es algo difícil de hacer y es bastante polémico, poner un precio a la vida. Es bastante complejo, pero tenemos información relativamente detallada sobre las personas que fueron asesinadas durante el año 2010. A partir de sus características y de comparar los ingresos que tienen personas similares –tomando datos de las encuestas de hogares, por ejemplo–, fuimos capaces de asignar cuál sería su ingreso a lo largo de la vida. Y como tenemos la capacidad de estimar la esperanza de vida de estos individuos, estimamos el ingreso que estos individuos hubieran percibido a lo largo de su vida en caso de que no hubieran sido víctimas del crimen. A partir de eso llegamos a esta cifra de 242.000 dólares.

AA - Otro ejemplo. Las violaciones aparecen en segundo lugar en cuanto al costo; ¿cómo se estima lo que cuesta una violación?

DA - Básicamente se mide el período de vida saludable que se pierde como consecuencia del crimen. Para Uruguay no tenemos una escala detallada de cuánto impactan estos crímenes "menores" con respecto a los homicidios en términos de reducción de la cantidad de años de vida, pero hay estimaciones internacionales de cuánto impacta una violación por ejemplo en términos de reducción de años de calidad de vida. Entonces se hace una equivalencia entre esto y un homicidio, y a partir de esa escala –que dice por ejemplo que un homicidio equivale a un año de vida de calidad perdido– uno puede sacar la cifra de cuánto costaría. Ese es el procedimiento para todos los gastos relacionados con salud.

AA - ¿A qué fuentes acudieron en general para pasar a cifras el costo de los delitos?

DA - Muchísimas y variadas. Tenemos fuentes de información que surgen por ejemplo del Presupuesto Público, tenemos las Encuestas de Hogares de Uruguay, tenemos encuestas hechas a las empresas que preguntan por ejemplo cuántos son los bienes que se les roban, tenemos un censo carcelario que nos permite conocer las características de los reclusos y por tanto estimar a cuánto equivale la pérdida por no tener a estas personas en una actividad legal durante su período de reclusión, por ejemplo. Tenemos una variedad de fuentes de información que nos permitieron armar este rompecabezas y llegar a esa cifra final.

RA - Hablemos de la propiedad privada. En este caso el estudio estima que las pérdidas por el robo de distintos elementos ascendieron en 2010 a 320 millones de dólares. ¿Cómo se llega a ese monto?

DA - Con respecto a la propiedad robada tenemos dos tipos de ítems. Por un lado lo que fue robado a las empresas; esto surge de una encuesta del Banco Mundial realizada en el 2010 –y que se realiza en forma periódica y con distintas preguntas– que en una pregunta pide a las empresas que especifiquen cuáles son las pérdidas como consecuencia de los robos o daños a la propiedad. Esa es la fuente de información por el lado de las empresas, y es una pregunta directa.

RA - Según esa encuesta, las empresas pierden el 0,32% de sus ventas anuales como consecuencia de la delincuencia.

DA - Correcto, lo cual para los estándares latinoamericanos es relativamente bajo. En países como Venezuela, por ejemplo, es mucho más alto, o sea que Uruguay se ubica en términos comparativos con América Latina en un nivel relativamente bajo. En cualquier caso, eso alcanza casi 60 millones de dólares por año, esa es la pérdida de las empresas.

RA - ¿Y en el caso de los hogares?

DA - En Uruguay existen encuestas de victimización. Es una encuesta que creo que fue realizada por la consultora Cifra, por encargo del Ministerio del Interior, en la que se pregunta por los distintos ítems robados a los individuos. Extrapolamos el resultado de esta encuesta al total de la población para inferir los valores de los ítems robados. La estimación que tenemos es una cota inferior, porque por ejemplo no logramos tener estimaciones del dinero robado a los individuos, sabemos que fue robado dinero, pero no sabemos cuánto. O sea que la estimación que tenemos es una cota mínima.

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AA - Recién repasábamos los costos de los delitos contra la propiedad privada. ¿Se tiene en cuenta aquí lo que los seguros devuelven a los propietarios? Se lo pregunto porque en La Tertulia del viernes pasado Juan Grompone se refería al tema y decía lo siguiente:

"A mí lo que me preocupa son los 320 millones de propiedad robada. Esos 320 millones de propiedad robada no son pérdida. Son transferencia. Porque, ¿cuál es el destino de la propiedad robada? El destino es ser vendido para que alguien lo compre por un precio mucho más bajo. Quiere decir que lo que pasó es que el que fue despojado de algo se lo transfirió a otro por mucho menos precio. Esta es una transferencia. No debe ser contada de la misma manera. Es un fenómeno raro pero, en realidad, no creo que sea más que una transferencia. Como pasa con las radios de los autos, o los celulares, que es quitada a uno y vendida a otro. Alguien la compra".

AA - ¿Qué responde usted a este planteo?

DA - Es un comentario interesante. De hecho, es una de las primeras críticas que se hacen a este tipo de metodología de sumar estos costos. Lo primero es que es habitual sumar a esto como un costo, en general los estudios similares que se han hecho en otras partes del mundo lo suman como un costo. En segundo lugar, el punto es cómo consideramos este tipo de transferencias desde el punto de vista social. Por un lado hay una pérdida de las personas que son robadas, y por otro lado hay una ganancia que reciben los que cometen el crimen; desde el punto de vista social, ¿uno debe ponderar esto igual o no? Ese el punto clave. Implícitamente en el trabajo asumimos que todas las transferencias no voluntarias deben tener una ponderación cero, desde el punto de vista del bienestar social eso no agrega. Ese es el supuesto implícito que estamos haciendo en este punto.

RA - Los oyentes preguntan si en estos 1.200 millones de dólares que ustedes  estiman que están asociados al costo de la criminalidad en 2010 están integrados los robos domésticos. Concretamente, Alejandro de Pando pregunta por el "pungueo y los robos denominados rastrillos". Y otro oyente pregunta si en estos 1.200 millones está incluido el costo carcelario.

DA - Con respecto a lo primero, incluimos una cantidad muy limitada de ítems robados. Por eso decía que desde el punto de vista de cuánto se les roba a los individuos o a las familias tenemos un número de ítems muy limitado, en particular no está incluido este tipo de robos que mencionaba el oyente. No fuimos capaces de estimar la cantidad de dinero que roba un punguista en la calle o incluso alguien que entra a una casa y saca dinero. Tenemos el número de ocurrencias de esos hechos, pero no hemos sido capaces de estimar un valor promedio de eso, por lo cual no está incluido.

RA - ¿Y los costos carcelarios?

DA - Los costos carcelarios sí están incluidos, incluimos los gastos que tiene el MI en términos de administración del Sistema Penitenciario Nacional. Y también está incluida la pérdida que tenemos en forma implícita porque los individuos que están detenidos no están trabajando en actividades legales y productivas.

RA - Ingresemos en el capítulo de la inversión en prevención, que es otra de las etapas que analizan dentro de los costos. Dentro del capítulo "prevención" entran, por ejemplo, los costos de instalar rejas, los guardias de seguridad, ese tipo de cosas. ¿Por qué se tomaron esos aspectos para definir la prevención del delito? ¿En esa categoría no deberían estar incluidos otros ítems como la educación o los planes sociales, por ejemplo?

DA - Sí, el problema es cómo uno clasifica, hasta dónde va y dónde corta. Quisimos tener una estimación mínima que estuviera más allá de cualquier duda, porque si uno empieza a agregar costos que sí están vinculados con la prevención pero que están en una zona gris, eso puede ser más debatido y más discutido. Entonces tomamos una decisión conservadora de incluir aquello que no hubiera demasiadas dudas de que debía estar incluido.

AA - ¿Cuánto y en qué invierte una familia típica en Uruguay en materia de seguridad?

DA - Lo que tenemos son datos agregados. Tenemos que alrededor del 0,32% del PBI son gastos en seguridad de las familias, estamos en 122 millones de dólares. Habría que hacer la división de esto entre el número de familias en Uruguay para obtener el monto por familia. Pero es un monto muy importante. Fíjense que 0,5% del PBI, 200 millones de dólares, es el gasto privado, y luego tenemos el gasto público de alrededor de 400 millones. Es un gasto importante.

AA - ¿Hay diferencias muy marcadas en lo que se destina a este rubro según el nivel socioeconómico de cada familia?

DA - Sí, claramente. Acá computamos gastos que provienen de la contratación de empresas de seguridad, que son servicios que en general están dirigidos a la población que tiene un nivel de ingresos relativamente más altos en la sociedad. Con lo cual, hay un sesgo en el gasto hacia aquellas familias más pudientes.

RA - Centrémonos en lo que tiene que ver con el Estado. De los gastos que el Estado hace en seguridad en las distintas etapas (en anticipación y prevención del crimen, consecuencia del crimen y en respuesta al crimen), ¿cuáles tuvieron en cuenta?
    
DA - En primer lugar, dentro del gasto en seguridad y prevención del delito básicamente consideramos el gasto del MI, que está clasificado en mantenimiento del orden interno (tanto en Montevideo como en el interior) y un gasto bastante menor del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en prevención del delito; está clasificado así en el Presupuesto Nacional. Luego en la parte de consecuencia del crimen tenemos gastos en justicia, reclusión y rehabilitación. Como comentaba, en el MI tenemos gastos del Sistema Penitenciario Nacional, ahí tenemos gasto en reclusión, y también tenemos gasto del MDN. Hemos considerado algunos gastos relativos al INAU, un programa dentro del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) y algunos gastos del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación.

RA - ¿Qué dicen esos números en general?

DA - La mayor parte de los gastos viene del lado del MI. Por ejemplo, en prevención del delito el MI gasta cerca del 1% del PBI, algo así como 380 millones, y luego hay una cifra muy menor que corresponde al MDN, que es algo así como 0,05% del PBI, unos 16 millones de dólares.

RA - Una oyente pregunta: "¿Cuánto me cuesta como ciudadana mantener un preso en la cárcel?". ¿Tienen esa cifra estimada?

DA - Tenemos la cifra global y el número total de presos. No hicimos la cuenta en forma individual, pero en el año 2010 teníamos cerca de 9.000 reclusos, y el costo del Sistema Penitenciario Nacional era del orden de los 66 millones de dólares. Habría que hacer esa división. Sí, es posible saber cuánto cuesta.

RA - Hay que dividir 66 millones de dólares entre 9.000.

AA - Si comparamos el costo del crimen en Uruguay con el de otros países, ese 3% del PBI, que es lo que significan estos costos, ¿es mucho?, ¿es poco? Algo comentamos al principio, pero me gustaría remarcar ese punto.

DA - Hay un problema en comparar estas cifras con las que surgen de otros países a nivel internacional. En general las metodologías no son equivalentes, en gran medida porque las fuentes de información disponibles para llegar a estos números son diferentes en los distintos países. Con esta salvedad, lo que uno encuentra en estimaciones realizadas fuera de Uruguay es que estos costos normalmente están entre un 2 y un 14% del PBI. Esto permite situar nuestra cifra del 3%; diríamos que estamos en niveles relativamente bajos, pero con la salvedad de que a veces las metodologías son muy distintas y la comparación no es tan inmediata.

RA - Como país, ¿estamos preparados para gastar esta cantidad de dinero en criminalidad?

DA - Esa es una pregunta difícil. En los gastos que sumamos hay básicamente dos componentes, uno es el gasto realizado en prevención, que de alguna forma es un gasto "bueno", es un gasto que hacemos para reducir las cifras de criminalidad. Pero por otro lado tenemos gastos "malos", porque son gastos por ejemplo en costos de vida o de salud. Creo que en la medida en que se esté gastando en obtener mayor seguridad es un gasto bueno, lo mismo que lo que tú mencionabas más temprano, si hay gastos en políticas sociales, por ejemplo, que puedan llevar a reducir el crimen, eso puede ser positivo. O en mejorar la educación, si esa es una de las vías por las que logramos la reducción de la criminalidad.

AA - Si tenemos en cuenta que –tal como se explica en el estudio que ustedes elaboraron– el crimen ha aumentado en los últimos años, ¿el país debería invertir más que ese 3% del PBI que se gasta actualmente en combatirlo?

DA - Nuestro trabajo brinda una dimensión de cuál es el problema. Por tanto, en la medida en que uno plantee políticas que permitan reducir la criminalidad, a partir de nuestro trabajo se puede decir en cuánto eso reduciría el gasto. Por tanto podría ser una herramienta para pensar cuál es el rendimiento del gasto público en términos de reducción de estos costos.
    
RA - ¿En qué rubros sería mejor invertir?

DA - Nosotros hicimos una estimación de los costos, pero no sabemos cómo la medida ‘equis’ impacta sobre el rubro ‘ge’ de costos. Si uno no sabe cuánto cuesta un mayor patrullamiento, por ejemplo, de las calles, es difícil recomendar eso para reducir el ítem equis. Nuestro trabajo no permite decir: "si yo muevo una cosa, reduzco lo otro", "me cuesta tanto mover esto y reduzco en tanto lo otro". Hay ítems bastante pesados, claramente el monto de la propiedad robada es muy importante, pero hay otros costos muy importantes, por ejemplo una muerte tiene un costo estimado de 240.000 dólares. O sea que si uno cree que invirtiendo menos de eso es posible reducir ese tipo de crímenes, valdría la pena.

RA - En el estudio ustedes también analizan las cifras vinculadas a los delitos a lo largo de las últimas décadas. ¿Cómo se explica que a la vez que el país ha ido mejorando en todos los rubros a nivel económico y social (empleo, salario, pobreza) también aumente el delito? ¿Hay una correspondencia entre las dos cosas?

DA - Nosotros hacemos una constatación, y tiene que ver con que, efectivamente, si bien uno percibe que durante la crisis económica del año 99, que se extendió hasta el 2003 o el 2004, hubo un aumento muy importante de los delitos, uno no percibe que esas cifras caigan luego con el crecimiento económico. Sin embargo, si bien no nosotros no nos encargamos de analizar –hay que ser claros en esto– las causas de la criminalidad, por tanto el trabajo no tiene esa ambición, sí se puede decir alguna cosa con respecto a este tipo de comportamientos asimétricos de la criminalidad.

Existe cierta evidencia de que luego de que aumenta la criminalidad, por más que los factores económicos que la habían explicado vuelvan a valores normales, la criminalidad no vuelve rápidamente a valores normales. Hay un fenómeno de histéresis en las tasas de criminalidad. Eso tiene que ver con que los individuos que delinquen pierden lo que en la literatura llamamos "capital humano" para un trabajo legal. Una vez que uno cometió un delito y pasó haciéndolo durante años es muy difícil luego insertarse nuevamente en el mercado legal. Y por otra parte, acumuló capital humano en actividades delictivas, con lo cual es más fácil cometer actividades delictivas. Eso es una hipótesis, no lo probamos, pero es una hipótesis de por qué una vez que el país ha crecido la tasa de criminalidad no ha retrocedido. Es una de las posibles explicaciones de esa evolución.

RA - ¿Estima que el costo de la criminalidad continuará creciendo?

DA - No lo sabemos. El costo de la criminalidad está muy atado a la evolución de las cifras de delitos, que son las que explican ese costo. A juzgar por lo que hemos visto en los últimos cinco o siete años, las cifras delictivas en general han tendido a llegar a una meseta, y algunas de ellas están en proceso de retroceder, con lo cual uno diría que es posible que el costo sea menor en la medida en que logremos revertir esa tendencia que ocurrió a comienzos de los 2000, en la medida en que tengamos menos criminalidad.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Video de la entrevista

Documento: "Costos del Crimen en Uruguay", un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) - diciembre 2012