Desde hace un par de décadas, la multiplicación de las máquinas electrónicas (tragamonedas) en todo el país, ha impulsado el desarrollo de una oferta de juego no autorizado que, si bien no siempre puede catalogarse de clandestino, ha prosperado exento de toda limitación o control alguno. Según las estimaciones oficiales, el fenómeno abarca más de 18.000 máquinas que obtienen una recaudación de entre 12.000 y 16.000 pesos mensuales en promedio cada una. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que prohibía este tipo de actividades cuando se realizaban fuera de la órbita institucional; sin embargo, la iniciativa no prosperó. Durante esta legislatura, han sido varios los representantes nacionales de todos los partidos que se han interesado por el tema y han redactado proyectos similares que han quedado por el camino. La situación pretende ser saldada por la Dirección Nacional de Casinos que preparó una regulación que autoriza un máximo de tres slots en negocios como bares o cantinas. Esta no es la única modificación a la normativa actual que se pretende realizar sobre los juegos de azar. Según el director de Casinos del Estado, Javier Cha, existe un atraso legislativo en el mercado del juego, y es necesario actualizarlo para adecuarse a la dimensión y la complejidad de los tiempos que corren. Para hablar de los cambios que pretende instrumentar es que pasó por Suena tremendo.