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SCJ: no se enviaron datos bancarios al juez argentino

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, aseguró a El Espectador que no fue enviada información alguna al juzgado argentino del magistrado Norberto Oyarbide en el marco de la investigación de supuesto lavado de dinero en negocios vinculados al fútbol, y que se han adoptado las garantías del caso, para que los datos que se suministren sean estrictamente de las personas involucradas. Oxandabarat aclaró que no se permitirá ver a los peritos argentinos los soportes de información incautados al Royal Bank of Canada (RBC), y que antes de entregar algún dato de cuenta bancaria, se dará vista a los abogados de esta institución.


El RBC ya decidió retirarse del Uruguay por considerar que el procedimiento de la jueza del caso, que se llevó toda la información de todos los clientes, y que la ofreció al magistrado argentino, determina que no hay margen para trabajar con el grado de confidencialidad que corresponde. El cierre se hará efectivo el 31 de octubre.

"Hay dos peritos que están trabajando, además estos peritos trabajan para el Estado uruguayo, son funcionarios especializados en estas cosas y están trabajando para terminar esta depuración y concretar los datos específicos que el juez Oyarbide está pidiendo y no otros datos", dijo Oxandabarat, que aseguró que no habrá trasiego de datos a la Argentina sobre cuentas de clientes del RBC no involucrados en el expediente.

"La jueza que intervino en el tema, la Dra. Adriana de los Santos, una de las juezas especializadas en materia de crimen organizado, recibe un exhorto de la justicia argentina, concretamente, suscrito por el juez Oyarbide solicitando la colaboración de la Justicia uruguaya para realizar estos allanamientos y obtener cierta información que el juez necesita para una investigación que se está desarrollando en la vecina orilla. Es una investigación que se está desarrollando en Argentina y, por lo tanto, la jueza uruguaya solo cumple una labor meramente auxiliar para que el juez pueda, en definitiva, lograr esos elementos que necesita a efectos de concretar la investigación en curso".

"La jueza realiza los allanamientos, incautó material documental, e incautó computadoras porque naturalmente, en los discos de estas máquinas también podía haber información que fuera útil para la causa. Lo que ordenó de inmediato es que un grupo de peritos realizara la revisión correspondiente de todo ese material incautado a efectos de determinar cuál es la información útil para enviar a la República Argentina", agregó.

"Es importante y, me parece, debe decirse antes de continuar con esta comunicación es que aún no se ha enviado a la República Argentina, esto es, a la justicia argentina, al juez Oyarbide, ningún tipo de material. Dicho esto, me parece importante que la ciudadanía sepa que en esta materia se dan todas las garantías que brinda el marco del procedimiento, porque esto se realiza en el marco de un protocolo de auxilio y de apoyo recíproco entre Uruguay y Argentina, el Protocolo de las Leñas que está aprobado en nuestro país por la ley 16.971".

"En ese marco una vez que la doctora obtenga la información que le fue solicitada de la República Argentina por el juez Oyarbide, le va a dar conocimiento a los abogados de las empresas allanadas para que puedan hacer sus descargos, si es que realmente tienen algo para decir en relación al modo en que realizaron los procedimientos y a lo que corresponda o no en cuanto a la información que se va a enviar a la República Argentina".

Reconoció que "en algún momento la jueza resolvió solicitar la ayuda de peritos argentinos", aunque dijo que eso era "en lo que tenía que ver con la labor del análisis, no el hecho de que a estos peritos argentinos se les iba a suministrar más información de la que en realidad estaban requiriendo".

"La idea de solicitar estos peritos argentinos era establecer si la información que se había obtenido era la que servía, la que resultaba útil para la causa, no que se iba a poner en manos de esos peritos el material documental y las computadoras que ser habían incautado", indicó.

"La jueza tiene muy claro que la justicia argentina no tiene ninguna posibilidad de intervención en lo que tiene que ver con el manejo de los temas jurídicos en Uruguay. Aquí intervino la justicia uruguaya, el fiscal uruguayo que acompañó a la jueza a realizar estos allanamientos y la policía uruguaya que brindó la seguridad necesaria para que los allanamientos se produjeran dentro del orden necesario que tienen que tener este tipo de actos. Insistimos en que todo se dio dentro de un marco de paz y de orden, no hubo ningún incidente que lamentar de ninguna clase y, por lo tanto, todas las consecuencias y los efectos, que pueden ser entendibles en lo que tiene que ver con las personas que invierten en la plaza financiera, debe de quedar de inmediato disipado por estas expresiones", aseguró.