Los ingresos pendientes promedio que recibe Uruguay por mercaderías que salen hacía el vecino país se elevaron de un promedio de 5 millones de dólares a 15 millones. Esto lo señala en su edición de este domingo el diario "La Nación", citando "fuentes calificadas" del Gobierno y de Aduana uruguaya.

La nota, firmada por Martín Dinatale, reproduce las declaraciones de un "destacado funcionario uruguayo" que sigue de cerca las negociaciones por el conflicto suscitado por UPM, que afirma que "se trata de la primera represalia concreta que impone Argentina por la decisión de aprobar el aumento de producción de UPM". "Impacto directo" que la falta de acuerdo en este tema tuvo para los intereses del oficialismo en la campaña electoral.

Según comentaron los funcionarios uruguayos, desde que el conflicto se renovó los controles de la Aduana se pusieron más rígidos, lo que implicó que muchos productos quedaran varados en el puerto o directamente no pudieran salir desde Montevideo.

Un referente del círculo cercano al presidente José Mujica señaló que "se trata de una orden directa de Moreno", en referencia al polémico secretario de Comercio Interior del gobierno de Cristina Fernández, que tiene injerencia directa en Aduana.

Las trabas afectan principalmente los rubros alimentos, textil, calzado agroindustria, y los empresarios ya le hicieron llegar a Mujica sus quejas por la afectación que sufre la producción local.

Para La Nación, el Gobierno uruguayo está convencido que tanto el canciller Héctor  Timerman como el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, utilizaron electoralmente el conflicto para sumar votos en Gualeguaychú, donde en las Primarias de agosto el Frente Para la Victoria fue derrotado a manos del ruralista opositor Alfredo de Ángeli.

En la Aduana confirmaron que se están aplicando a rajatabla los controles a las importaciones en cuanto a las declaraciones juradas de los empresarios de Uruguay y la imposición de las licencias no automáticas.

No obstante, se rechazó  todo tipo de vinculación de esas medidas con el conflicto de la planta de Fray Bentos. Un funcionario kirchnerista sostuvo que  "no se puede mezclar un conflicto diplomático que lleva muchos años con una política comercial de largo plazo que se impuso con este modelo nacional y popular".