Una solución al problema es que el Gobierno compre, a través del fideicomiso, los 7 aviones por un total de 108 millones de dólares al síndico de Pluna S.A. (precio subsidiado de referencia los 15.4 millones de dólares que otorgó a Alas-U), opinó.

"Con esos 108 millones de dólares le alcanzaría al síndico para pagar la totalidad de acreedores no subordinados, de acuerdo a la información que surge del balance concursal, incluidos los trabajadores, Ancap, Brou, todos los proveedores y todos los bonistas. Cualquier pago al fideicomiso es neutro, porque sale del Estado y vuelve al Estado, por lo que no se contempla en este escenario".

De esta forma, el Estado se quedaría con la propiedad de los 7 aviones, como fue el propósito original de la ley, "pero dado que ahora los estaría pagando, eliminaría todos los riesgos de embargo que tenía en el escenario de que la ley continuara vigente, dado que los había sacado de la masa del concurso de forma irregular y sin haber pagado nada por ellos".

De esta forma, el Estado sería el propietario de los aviones y estaría habilitado para venderlos y quedarse con el producido.

"Podría vender 3 de esos aviones a Alas-U de acuerdo al contrato de compraventa ya firmado con el fideicomiso (eliminando el riesgo de que Alas-U haga cualquier tipo de reclamo), y obtendría los 46 millones de dólares pactados. En este caso, los aviones vendidos a Alas-U no tienen riesgo de embargo ya que salen ‘limpios’ del concurso de acreedores", informó la fuente.

"Los otros 4 aviones podría venderlos incluso a un precio superior, dado que informes técnicos internacionales indican que el valor de mercado de aeronaves Bombardier CRJ-900 de ese año de fabricación se encuentra en los 18.5 millones de dólares actualmente. Asumiendo que las 4 aeronaves restantes las colocara en un precio intermedio entre el de Alas-U y la media de mercado 16.9 millones de dólares, recibiría 67.6 millones", consideró la fuente vinculada al concurso.

"En total, por la venta de los 7 aviones que el pagó en el concurso 108 millones de dólares, el Estado recibiría 113.7 millones de dólares".

Además de recibir 113.7 millones de dólares por la venta directa de las aeronaves, el Estado recibiría 41 millones de dólares a través del cobro de créditos de Ancap, Brou y BPS del concurso de Plunta. Por lo tanto, el Estado pondría 108 millones de dólares para comprar de forma legal los aviones, y luego recibiría a cambio 154 millones de dólares. La diferencia de 46 millones de dólares ayuda al repago de la deuda a Scotiabank".

Esta solución eliminaría a todos los reclamos existentes de parte de los trabajadores, y también todas las potenciales demandas que pudieran llegar del resto de los acreedores, reclamando no solo su crédito, sino intereses, recargos y daño moral, además del reclamo de síndico solicitando la capitalización de la empresa, por decenas de millones de dólares, que actualmente se encuentra en la Justicia civil.