(emitido a las 8:41 hs.)

ROMINA ANDRIOLI (RA):
"Imagine que usted está altamente endeudado, que posee un gran portafolio de propiedades inmobiliarias con poco uso, que tiene problemas para ajustar sus gastos -tal como sucede en muchos países occidentales-. ¿No pensaría usted en vender algunos de esos activos?..."

Así comienza un reciente editorial de la revista británica The Economist, titulado "Privatización: La venta de 9 billones de dólares".

The Economist señala en ese editorial y en otro artículo que los países más desarrollados, nucleados en la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), podrían vender activos inmobiliarios (entre tierras y edificios) por unos 9 billones de dólares (9 millones de millones de dólares).

Probablemente se trata de un planteo controversial, pero nos pareció que valía la pena mirarlo en detalle en nuestro espacio de análisis económico de este lunes. En seguida, dialogamos con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte.

¿Cómo llega The Economist a manejar esa cifra de 9 billones de dólares en activos posibles de ser vendidos?

PABLO ROSSELLI (PR):
Está claro que se trata de un planteo controversial. El tema de las privatizaciones ha sido un tema de debate en Uruguay, en la región y en el mundo en general. Cuando hubo olas de privatizaciones, siempre hubo debates, algunas salieron bien, otras más o menos y otras mal. Con lo cual los debates son previos y posteriores.

De todos modos, a nuestro juicio un aspecto interesante del planteo de The Economist es que llama la atención sobre la magnitud de los activos que tienen los Gobiernos. Digo eso porque justamente no hay muy buena información sobre la magnitud de los activos que están en propiedad de los Gobiernos, ese es un primer aspecto que señala el editorial. Para llegar a alguna cuantificación, The Economist tomó fuentes muy variadas, desde datos de la OCDE, del FMI y de consultoras privadas.

RA - ¿Y qué dicen esos datos?

PR - En realidad, según datos del FMI, los Gobiernos de la OCDE tienen en empresas públicas y en participaciones accionarias en otras empresas unos 2 billones de dólares, y tienen en activos no financieros (tierra, edificios y recursos minerales) unos 35 billones de dólares.

Obviamente no todos esos activos son vendibles. The Economist pone como ejemplos obvios que no se deberían vender parques nacionales, edificios emblemáticos o monumentos históricos; pero en una hipótesis de trabajo The Economist llega a que los Gobiernos podrían vender activos no financieros (tierra y edificios) por unos 9 billones de dólares, que representan un 20% de la deuda pública de los países de la OCDE.

Y en un artículo más detallado presenta información país por país. Hay varios países de Europa con niveles de deuda pública muy elevados, que en algunos casos se han vuelto ya críticos y que en otros amenazan con volverse críticos. Italia, por poner un caso, tiene una deuda pública de casi 130% del PIB, pero tiene activos no financieros por 60% del PIB. De nuevo, no todos son pasibles de ser vendidos, pero hay espacio para pensar.

RA - ¿Y cuáles son los argumentos que plantea The Economist para encarar esa nueva ola de privatizaciones? Está claro que hay países con mucha deuda pero en general se considera que los activos de los Gobiernos son una suerte de "joya de la abuela" que queremos conservar.

PR - Eso es un argumento muy frecuente. Los activos públicos (sean empresas, sean tierras o edificios) son una reserva para situaciones de crisis y para las generaciones futuras.

En el planteo de The Economist hay varias líneas argumentales. Por un lado, se sostiene que algunas privatizaciones pueden traer más eficiencia en la economía; ese ha sido un argumento clásico (aunque controversial) para la privatización de empresas. El centro del planteo de The Economist ahora está en la venta de activos inmobiliarios pero en algunos países desarrollados todavía quedan empresas públicas y algunas de ellas están en proceso de venta.

Un segundo argumento, que en realidad es el aspecto central del editorial y que se aplica para cuando pensamos en tierras y en inmuebles es que esos activos generan muy poca rentabilidad a los Gobiernos, Y al mismo tiempo varios Gobiernos están enfrentando restricciones fiscales muy severas, que limitan seriamente la capacidad de inversión. Desde ese punto de vista, la venta de activos públicos que generan poca rentabilidad puede ayudar a los Gobiernos a realizar algunas inversiones en infraestructura, puede contribuir a reducir la deuda pública y por consiguiente puede abatir las tasas de interés que pagan los Gobiernos. Si eso sucede, eso también puede tener efectos positivos en la inversión privada.

Y un tercer elemento que aporta The Economist es que este es un buen momento para vender activos públicos.

RA - ¿Y por qué eso?

PR - Muchas veces, las ventas de activos públicos se realizan en condiciones de fuertes restricciones financieras por parte de los Gobiernos.

The Economist señala que las condiciones financieras en Europa han mejorado mucho en el último año. Hace dos años, la prima de riesgo de Portugal era de más de 1.000 puntos, la prima de Irlanda era de 650 puntos básicos, la de Italia era de 500 puntos básicos, hoy estamos en esos países con primas que van desde 150 puntos en Irlanda hasta 300 en Portugal. Cuando las primas de riesgo país son altas, los precios de los activos son más bajos. Por eso, la reducción de las primas de riesgo país hace que este parezca un buen momento para vender activos y reducir la deuda pública en algunos de esos países.

RA - De todos modos, si se hace eso se sacrifican activos (las "joyas de la abuela", como decía recién).

PR - Es cierto. De hecho, The Economist dice explícitamente que vender activos no es solución si el gobierno sigue gastando más de la cuenta.

De todos modos, lo que compromete el bienestar de las generaciones futuras es el hecho de que los estados han quedado muy sobre endeudados. Bajo la hipótesis de que los estados pagarán sus deudas, las generaciones futuras ya están comprometidas, y si la venta de activos que dejan poca rentabilidad permite abatir deuda y bajar las tasas de interés, en realidad eso puede beneficiar a las generaciones futuras.

Con eso no estamos desconociendo la relevancia del argumento que estabas planeando y que se ve con frecuencia. De hecho, si los Gobiernos no están dispuestos a ajustar sus gastos y a balancear sus presupuestos, la venta de activos puede permitir postergar esos ajustes en el tiempo y eso puede terminar siendo mucho peor.

También puede ser muy perjudicial vender activos públicos para cancelar deuda si el Estado sigue siendo insolvente luego de esas operaciones. Desde esa perspectiva, a nuestro juicio, la venta de activos tiene sus riesgos. No hay fórmulas mágicas.

RA - Para terminar, ¿qué nos deja este planteo desde la perspectiva de nuestro país, que ha sido tan reticente al tema privatizaciones?

PR - Está clara la preferencia de la ciudadanía uruguaya por la participación del Estado en ciertas áreas de la economía. De todos modos, hay oportunidades de racionalización de los activos públicos. Es posible por ejemplo pensar en que las AFAPs inviertan en el capital accionario de las empresas públicas. Si el Estado libera recursos que hoy tiene invertidos en las empresas públicas, podría realizar otras inversiones que de otro modo tampoco hace el sector privado a su propio riesgo (pensemos por ejemplo en infraestructuras educativas, caminería rural, carreteras). Recorrer ese camino exigiría cambios importantes en el gobierno corporativo de las empresas públicas y reduciría el margen de discrecionalidad que los Gobiernos pueden tener sobre esas empresas, pero sin que eso suponga renunciar a que las empresas públicas deben asegurar una cobertura universal con sus servicios y realizar algunas actividades que no son necesariamente rentables.

Otro aspecto relevante para Uruguay es reflexionar sobre la magnitud de los activos no financieros (tierra y edificios) que están en poder del sector público (estado nacional, Gobiernos municipales y empresas) y sobre la rentabilidad que se obtienen con esos activos. En casi todo el mundo, la contabilidad del gobierno no está pensada para medir bien los activos ni para identificar con claridad cuán necesarios son esos activos. Pero parece imprescindible tener una mayor comprensión de esa situación.

Aún si la opción política fuera mantener todos esos activos porque se entiende que cumplen con diversos objetivos de las políticas públicas, es imprescindible contar con información sobre la magnitud de los activos públicos, sobre los costos financieros necesarios para mantenerlos en el sector público y sobre el costo de oportunidad de hacerlo (es decir, sobre el costo implícito en no hacer otras cosas con ese dinero). Eso nos permitiría tener una discusión mucho más informada sobre este tema.

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