Operadores privados advierten que la decisión del Gobierno argentino de cerrar el amarradero de Isla La Paloma, frente al puerto de Nueva Palmira, podría hacerle perder a esa terminal la mitad de la carga de granos procedentes de Paraguay que se transbordan allí. La nueva medida llega justo en el comienzo del período de máxima actividad, y las obras de alternativa demorarán un mínimo de sesenta días.

El retiro del permiso a La Paloma, dispuesto a fines de la semana pasada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Gobierno de la Nación Argentina bajo el argumento de "irregularidades en cuanto a medidas de seguridad" y "falta de inversión del permisario" fue analizado en la mañana de ayer en una reunión en la que participaron el canciller Luis Almagro, el ministro de Transporte Enrique Pintado, el presidente de la ANP (Administración Nacional de Puertos), Alberto Díaz, autoridades de la Prefectura Nacional Naval y representantes de empresas marítimas.

LOS IMPACTOS

La medida impacta directamente en la operativa del Puerto de Nueva Palmira, ya que en La Paloma amarraban las barcazas para esperar el acceso a la terminal. Si bien admiten que la infraestructura en la isla era muy precaria, operadores privados consultados por En Perspectiva hacen notar que la decisión argentina llega en un momento muy complicado. En pocos días comienza la zafra granelera en Paraguay y eso representa para Nueva Palmira un "pico de actividad " que se extenderá por seis meses.

Sostienen que las alternativas que existen hoy para sustituir a ese embarcadero son "absolutamente insuficientes" para atender la demanda  y aseguran que se corre serio riesgo de no poder operar cerca de 1 millón y medio de toneladas de soja procedentes de Paraguay, que equivale a la mitad de la carga de ese país que llega a Nueva Palmira. A su vez, la reducción de la operativa podría repercutir directamente en una disminución de los puestos de trabajo. Lamentan que siempre "se corre atrás de la demanda" y que los nuevos amarres que han solicitado algunos operadores aún no estén habilitados por la Dirección Nacional de Hidrografía.

LAS ALTERNATIVAS

En la reunión de ayer, el canciller Almagro solicitó un informe completo de la situación, qué capacidad de reacción podría tener Uruguay y qué consecuencias podría tener la medida argentina.

Al respecto el  presidente de la ANP, Alberto Díaz, dijo a En Perspectiva que a corto plazo no se espera mayores inconvenientes. Como alternativa se ofrecerá  a los privados la utilización de los 48 amarres que el Estado posee en las proximidades de Nueva Palmira, lo que supone un desafío de coordinación, ya que por mes allí operan más de 200 barcazas.  Las  que no encuentren espacio en ese punto deberán seguir hasta Fray Bentos y luego retornar cuando haya lugar. Díaz admitió sí que es evidente que a mediano plazo se necesita nueva infraestructura.

"La adecuación de otra zona – que ya tenemos elegida – podría tomar unos dos meses luego de tomada la decisión. Eso es el mediano plazo. De acá a dos meses deberíamos mejorar nuestra oferta de espacio de amarras".

Díaz descartó que la medida argentina suponga que los exportadores paraguayos desvíen la carga a otros puertos, al estimar que no cambiarán una forma de operar que lleva varios años por un par de meses de alteraciones.

Desde la oposición, José Pedro Pollak, ex director de la ANP en representación del Partido Nacional, aseguró que  esta situación es fiel reflejo de la "inoperancia en la gestión" de las autoridades nacionales. El ex jerarca dijo a En Perspectiva que, previendo que algo como lo que resolvió ahora Argentina podría pasar, en agosto de 2010 propuso la construcción del amarradero público.

"Había visitado en esos días el amarradero de La Paloma y era una situación muy riesgosa, porque se podía prever que le cerraban la canilla y entonces el amarradero más próximo está a dos horas de navegación. Esa obra que debió haber demorado cuatro o cinco meses, a lo sumo un año, demoró 40 meses en ponerse en funcionamiento".

Sobre este amarradero público, inaugurado a fines del año pasado, Díaz había señalado ayer a En Perspectiva que nunca fue pensando para el transbordo paraguayo o boliviano.

AGENDA BILATERAL RECARGADA

El tema fue incorporado como "uno más" en la larga lista de diferencias que integran la agenda bilateral con Argentina, y como tal considerada en la reunión que Almagro mantendrá el próximo jueves con su colega Héctor Timerman. De todas formas,  fuentes del Gobierno expresaron que es "casi imposible" que la medida pueda ser revertida.

COINCIDENCIA

Sin hacer una vinculación directa, las fuentes señalaron que "llama la atención" que el retiro de la autorización al amarradero de Isla La Paloma se procesara el mismo día en que el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, anunciara públicamente una millonaria inversión para la creación de una zona franca en Puerto Ibicuy, en la Provincia de Entre Ríos. Se trata de una terminal fluvial casi centenario, emplazada sobre el Río Paraná. Según informaron varios medios argentinos, De Vido dijo haber recibido órdenes directas de la presidenta Cristina Fernández en cuanto a "tomar todas las medidas necesarias para potenciar este puerto y generar allí una zona franca comercial exportadora". El objetivo expreso, se señala, es convertir a Puerto Ibicuy en un "hub" que capte las cargas de exportación bolivianas y paraguayas a través de la Hidrovía.

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