El juez Thomas Griesa impidió a fines de julio completar el proceso de pago en el extranjero de los intereses de un bono Discount argentino, debido a que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández se niega a acatar un fallo que lo obliga a pagar cientos de millones de dólares a tenedores de deuda en cesación de pagos desde 2002, los llamados "fondos buitre";.

Para eludir la sentencia, Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para que el estatal Banco Nación reemplace a Bank of New York Mellon (BNY Mellon) como agente de pagos de los bonos argentinos reestructurados bajo jurisdicciones de otros países, que incluyen a Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.

Esto implicaría pagar en Buenos Aires los servicios de bonos por un valor que ronda los 29.000 millones de dólares que hasta ahora el país había cancelado a través de Nueva York. La iniciativa también abre la posibilidad de honrar estos títulos vía Francia y Uruguay.

Días atrás varios funcionarios de la administración Fernández pusieron como posibilidad a Montevideo, debido a que es una "plaza creíble" a nivel mundial.

El proyecto, que será discutido la próxima semana por la Cámara de Diputados luego de haber sido aprobado el jueves en el Senado, ofrece además a los acreedores canjear sus títulos bajo leyes extranjeras por otros similares bajo la ley argentina.

"Respecto a la cuestión y la opinión de muchos bonistas, también han manifestado su voluntad públicamente de participar en el sistema de pago que propone la República Argentina en la ley de pago soberano", dijo a periodistas el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en rueda de prensa.

El jerarca no dio detalles sobre los acreedores que estarían dispuestos a participar del canje o a cobrar los cupones de los títulos argentinos en otros lugares.

Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló que los bonistas podrían proponer lugares de pago alternativos con la condición que estén fuera de la influencia de Griesa.

La implementación del plan argentino enfrentará varios obstáculos legales porque cualquier tercero que colabore con el país en el canje se arriesga a encontrarse en desacato en la corte en Estados Unidos.

Pero, incluso si los obstáculos legales y técnicos se despejan, algunos piensan que los fondos de cobertura e inversores en situación especial, quienes tienen una parte importante de la deuda reestructurada argentina, carecen de los incentivos financieros para aceptar la iniciativa.