(Emitido a las 07.36)

EMILIANO COTELO:
"El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales", reza el numeral 3) de la reforma constitucional por el agua, que se incorpora al artículo 47 de la carta magna, y que fue aprobada el 31 de octubre simultáneamente con las elecciones nacionales.

¿Qué implica con respecto a las concesiones ya vigentes, contratadas en el pasado en los departamentos de Maldonado y Canelones? La pregunta fue planteada ya durante la campaña electoral, y hoy -con el resultado del plebiscito ya conocido-sigue sobre la mesa con interpretaciones distintas.

El Directorio del Partido Nacional acordó ayer que impulsará en el Parlamento una ley interpretativa de esa reforma constitucional, con el objetivo de declarar no retroactivos sus efectos. El órgano partidario resolvió también que solicitará al gobierno que suspenda los pasos que está dando con el fin de trasladar al Estado los servicios que actualmente prestan operadores privados en Maldonado y Canelones, casos de Uragua y Aguas de la Costa.

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Estamos en comunicación con el senador electo por Alianza Nacional Eber da Rosa, ex intendente de Tacuarembó, integrante del Directorio del Partido Nacional. ¿Cómo llegaron a esta posición?

EBER DA ROSA:
Después de un análisis tanto del artículo en sí incluido en la Constitución, como de la posición que asumió el Poder Ejecutivo, posición que el Partido Nacional no comparte, en el sentido de disponer la rescisión del contrato, de los acuerdos con las empresas concesionarias, y al mismo tiempo disponer que OSE vuelva a cumplir los servicios.

EC - ¿Por qué discrepan con la interpretación del PE?

ER - Porque entendemos que es una medida apresurada y que no está de acuerdo con nuestra interpretación del texto de la reforma, en función de los estudios que tenemos en el sentido de que la norma no tiene un efecto retroactivo y no afecta las concesiones que hubieran sido otorgadas antes de la entrada en vigencia de la norma.

EC - Ustedes entienden que la norma rige de aquí en adelante.

ER - Exactamente; esa interpretación fue pública y notoria: el Partido Nacional y en particular Alianza Nacional lo dijimos muy claramente antes de las elecciones en base a un estudio del doctor Juan Andrés Ramírez, en el que concluía de forma clara y terminante que el texto no tiene efecto retroactivo sino sólo a partir de su entrada en vigencia. Por eso consideramos que la interpretación que hace el PE es equivocada, y que genera una situación que en cierta medida favorece a la propia empresa concesionaria, en este caso Uragua.

EC - ¿Por qué favorece a Uragua?

ER - En la medida en que la empresa encuentra ahora elementos que no tenía para reclamar contra el Estado.

EC - Usted alude a los antecedentes de Uragua en cuanto a que ya procuró en determinado momento dejar la concesión.

ER - Es público y notorio, se sabe que esta empresa está interesada en retirarse, y esto de alguna manera da pie a esa posibilidad, y todavía exigir algún tipo de reclamación contra el Estado. Eso es con lo que discrepamos en función de considerar que esta norma tiene efecto exclusivamente hacia el futuro y no de carácter retroactivo. Por ello, y a la vista incluso de la posición que asumieron otras empresas, que manifiestan su interés en mantener la concesión, consideramos necesario una ley interpretativa que ponga claridad sobre la vigencia de este punto del artículo 3). El proyecto de ley se va a referir sólo a ese inciso 3) del proyecto, no sobre el resto de la norma; se referirá exclusivamente a la vigencia de la norma, que no es claro y está generando dudas y diferentes interpretaciones como esta que hace el PE por un lado, o las que encara el Partido Nacional por otro.

EC - El prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, opinó ayer a propósito de esta resolución del Directorio que una ley interpretativa "sería un disparate jurídico que falsearía la decisión de la ciudadanía". Criticó a los promotores de la consulta porque, dijo, "algunos que propusieron la reforma no leyeron el proyecto".

ER - No; lo que se está haciendo es tomar partido por una interpretación, por un criterio interpretativo, cuando es público y notorio que se sostuvo muy claramente antes del plebiscito que la norma no tenía carácter retroactivo. Nosotros, por lo menos, lo sostuvimos enfáticamente en varias oportunidades, e incluso hubo un estudio contundente del doctor Ramírez analizando precisamente este tema. De manera que se leyó, y se leyó en profundidad, la norma; y en función de esa lectura profunda de la norma y a ese estudio del doctor Ramírez fue que sostuvimos que la norma no tenía carácter retroactivo. Eso es lo que seguimos sosteniendo en este momento.

EC - Claro, pero el doctor Costa recuerda que el mismo texto de la reforma incluye entre sus disposiciones transitorias y especiales una que señala: "la reparación que correspondiere por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas". Ello significa, dice Costa, que se está contemplando justamente la hipótesis de la caída de las concesiones; por algo se habla de "la reparación que correspondiere por la entrada en vigencia de esta reforma".

ER - Esa es la interpretación del doctor Costa y del gobierno, pero no es la que hacemos nosotros, y ese es el motivo por el cual sostenemos que debe aprobarse una ley que interprete esta situación. No afectando, alterando ni pretendiendo cambiar el contenido sustancial de la norma constitucional que ha sido plebiscitada, sino exclusivamente respecto a la vigencia de la norma y a la situación de las concesiones otorgadas antes de la entrada en vigencia de la norma.

EC - ¿Cómo va a ser el trámite de ese proyecto de ley?

ER - El Directorio encomendó ayer a una comisión, integrada por el senador Guillermo García Costa, el senador Francisco Gallinal y el doctor Juan Andrés Ramírez, que redacte un proyecto de ley que será traído al Directorio y, una vez aprobado, se encomendará su presentación a la bancada parlamentaria.

EC - ¿Cuándo sería presentado?

ER - A la mayor brevedad posible.

EC - Porque da la sensación de que esto está yendo rápido, ¿no?

ER - A la mayor brevedad posible.

EC - ¿Y qué saben respecto a la viabilidad política? Porque por lo visto el Partido Nacional está completamente de acuerdo en este planteo. ¿Qué pasa con el Encuentro Progresista - Frente Amplio?

ER - Habrá que ver, naturalmente, pero sabemos que figuras del EP-FA que fueron consultadas sobre el tema durante la campaña electoral, incluso el doctor Tabaré Vázquez, fueron coincidentes en el sentido de no otorgar carácter retroactivo a la norma. Desde ese punto de vista, creemos que habrá coincidencia con el enfoque de los legisladores del EP-FA.

EC - ¿Pero no hubo todavía contactos con la izquierda?

ER - No, porque el tema fue tratado recién ayer en el Directorio del Partido Nacional, y desconozco si hubo después algunos contactos particulares sobre el tema.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón