(Emitido a las 7.38)

EMILIANO COTELO:
Vamos a una noticia que se conoció el viernes, dio que hablar durante el fin de semana y está colocada al tope de la agenda hoy lunes.

La empresa Uragua le comunicó al Poder Ejecutivo que no pagará más el canon por la concesión de los servicios de agua y saneamiento en Maldonado porque entiende que por la entrada en vigencia de la reforma constitucional no está obligada a prestar esos servicios y por tanto tampoco a pagar por la concesión de los mismos.

La empresa le comunicó al gobierno además que tampoco emitirá más facturas a los usuarios. En una nota enviada al Poder Ejecutivo, Uragua le dio un plazo de tres días para impartir las directivas sobre los pasos a seguir porque en caso contrario dará por terminada su actividad en Uruguay, según informó el sábado el diario El País. Por otro lado remarcó su compromiso con la población, pero advirtió que de ser obligada a continuar brindando el servicio comenzará a emitir las facturas a cuenta y orden de OSE.

Vamos a dialogar con el doctor Óscar Brum, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

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Doctor Brum, ¿fue una sorpresa esta carta?

ÓSCAR BRUM:
No, no es una sorpresa, desde hace ya un buen tiempo conocemos la actitud y la posición claras de la empresa Uragua.

Pero antes que nada quisiera hacer una pequeña aclaración: la empresa Uragua en ningún momento dijo que abandonaría los servicios si en tres días no tiene una respuesta determinada. Dice que si en tres días no tiene determinadas instrucciones va a empezar a facturar los servicios por cuenta y orden de OSE.

EC - ¿Qué significa eso en términos prácticos?

OB - En términos prácticos la empresa entiende que automáticamente el 31 de octubre de este año con la reforma constitucional cesó su responsabilidad jurídica de prestar determinados servicios, que también automáticamente ha sido reasumida jurídicamente por OSE. A partir de allí entienden que no deben ni pueden facturar por un acto que entienden ilícito y que por tanto tampoco deberían abonar más el canon correspondiente que se le paga mensualmente a OSE.

EC - Se entiende esa interpretación, pero tiene otras consecuencias más... Yo me pregunto por ejemplo, si las cosas son así, ¿quién les paga a los empleados de Uragua?

OB - Sí, la situación es realmente compleja.

EC - Si las facturas pasan a emitirse a nombre de OSE, ¿de quién son empleados los trabajadores? ¿De OSE o de Uragua?

OB - Exacto. La situación es compleja en sí misma, es realmente excepcional y como tal tiene que ser solucionada en forma excepcional. Ésa es la situación que está planteada, pero no solamente con esta empresa. En forma completamente antagónica la otra empresa concesionaria ha asumido una posición absolutamente contraria.

EC - Usted habla de la otra empresa que también es concesionaria en Maldonado, Aguas de la Costa, que brinda sus servicios al este del arroyo Maldonado.

OB - Que la semana pasada presentó un recurso administrativo de revocación y jerárquico contra el Poder Ejecutivo en el sentido de que no se entiende incluida en la interpretación que se dio el 17 de noviembre cuando el Poder Ejecutivo resolvió dar a comunicación lo que la Constitución había modificado. En ese sentido pide el efecto suspensivo de cualquier medida que tienda a pasar los servicios que presta actualmente a la órbita estatal.

Tenemos dos concesiones con interpretaciones absolutamente contrarias.

EC - No solamente contrarias, también con actitudes contrarias. En el caso de Uragua hay una presión muy fuerte sobre el gobierno para que resuelva, sobre todo para que resuelva el fin de las obligaciones que tiene según la licitación que en su momento ganó.

OB - Exacto. Creo que la empresa se ha precipitado con estas actitudes, ha actuado con muchísima dureza también en sus expresiones. Como dije al principio, es una situación excepcional que debe ser transitada con muchísima cautela, con muchísima precaución.

EC - ¿Cuándo llegó la carta al Poder Ejecutivo?

OB - El día 9 de diciembre.

EC - O sea el jueves. En ese momento se le daba al Poder Ejecutivo tres días de plazo.

OB - Ahí está el tema. Nosotros no podemos admitir que en forma unilateral la empresa Uragua establezca procedimientos de plazos cuando la propia Constitución no los da. No tenemos tres días, no tenemos un plazo determinado, ni tenemos procedimientos. Donde la Constitución no dice tenemos que actuar con muchísima cautela, y es por eso que en definitiva para dar un poco más de certidumbre a todas las situaciones y fundamentalmente con el objetivo de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios de agua potable y saneamiento –principalmente el de agua potable– estamos trabajando en este momento en la redacción de un decreto que anunció el presidente hace uno o dos días a los efectos de darle un poco más de tranquilidad a esta debida transición.

EC - Lo que se está redactando ¿es un decreto o qué tipo de norma?

OB - Lo estamos redactando, seguramente va a ser un decreto de carácter general para todas las concesiones y todos los prestadores privados. Simplemente vamos a reafirmar que el Poder Ejecutivo ha interpretado lo que la Constitución a nuestro criterio dice claramente en el sentido de que aquellos servicios prestados por empresas privadas deberán pasar a la persona jurídica estatal correspondiente.

EC - O sea que en cuanto a los efectos de la reforma constitucional del agua no hay diferencias de opinión entre el Poder Ejecutivo y Uragua.

OB - No, no hay diferencias de opinión en cuanto a los efectos. Sin embargo existe una diferencia importante, realmente importante, en cuando a cómo opera la transferencia de un servicio privado a uno público. Nosotros entendemos que existe una causa de extinción establecida en la nueva norma constitucional, pero la Constitución no dice nada acerca de que las concesiones caerán automáticamente ipso jure. Es más, dice en alguna parte "deberán ser dejadas sin efecto". Incluso no podría decirlo, hubiera sido fácticamente imposible preverlo, la asunción inmediata, instantánea de operaciones tan complejas como la del servicio de abastecimiento de agua potable no podría ser objeto de un procedimiento en la Constitución. Es ese vacío que tenemos que llenar, a eso estamos abocados.

EC - Supongo que del otro lado puede argumentarse: "Estamos en una situación de gran incertidumbre en la medida que el contrato que nos une al Estado carece de legitimidad desde que entró en vigencia la reforma, unos días después del 31 de octubre. Nuestro accionar puede ser cuestionado, impugnado y dar lugar a demandas". Eso también es un riesgo.

OB - Es probable. Nosotros entendemos la legitimación que pueda tener la empresa Uragua de tomar las actitudes que le parezcan convenientes. Es más, ellos entienden que esta circunstancia les ha provocado una situación de indefensión obligándola a infringir normas constitucionales. Nosotros entendemos que no es así, de hecho hace un mes y medio que viene prestando los servicios y nadie está tildando la situación de ilegítima o ilícita. Simplemente es una transición natural, normal, que debe darse. Es a eso que vamos a estar abocados en los próximos días para dar esa certidumbre y esa tranquilidad.

EC - ¿Cuándo sale ese decreto?

OB - Seguramente en las próximas horas, estamos trabajando en ello.

EC - ¿En el decreto se establecen plazos?

OB - No, seguramente será un decreto de carácter general en el que ante todo establecemos la obligación de brindar la debida información al Estado, a la OSE, de todas las operaciones y los servicios prestados por los privados y en definitiva dar un poco más de certeza a esta situación.

EC - En cuanto a la información ustedes han sostenido este fin de semana que Uragua ha incumplido con la solicitud que le planteó el Poder Ejecutivo.

OB - Tuvimos una primera reunión con la empresa Uragua allá por el 20 y algo de noviembre, ellos entregaron una parte de la información que les habíamos solicitado, al día siguiente o a los pocos días OSE les solicitó más información técnica, más información operativa y hasta el día de hoy la estamos esperando.

Entonces, en vez de proporcionarnos esa información que es básica para OSE esta gente se despacha con una carta de un tenor bastante importante y en definitiva tenemos que darle...

EC - Usted llegó a calificarla de "bravuconada".

OB - Y sí, porque tácticamente nos imposibilita sentarnos a dialogar y discutir términos de transición. En definitiva es así, jugaron una pieza determinada y creo que se precipitaron. De todas formas en este momento no es cuestión de discutir las actitudes de las empresas sino simplemente de poner un poco más de certidumbre y fundamentalmente llevar tranquilidad a la población en cuanto a que el servicio va a estar garantizado, ya que la continuidad y regularidad del mismo es lo que nos preocupa en este momento.

EC - Yo le preguntaba si ese decreto va a establecer plazos para que termine de producirse el traspaso de los servicios desde las empresas privadas al Estado. Se lo consulto entre otras cosas porque recuerdo unas declaraciones que hizo el presidente Jorge Batlle hace pocos días aclarando en qué consistían los pasos que se estaban dando desde el gobierno a la luz de la reforma y sosteniendo que actualmente estaba esperando recibir información para ordenar el estado de cada una de las concesiones, preparar la traslación al Estado y se animó a aventurar que todo este proceso llevaría varios meses y que seguramente iba a quedar para la resolución del gobierno que asumirá el 1º de marzo. ¿Eso se va a contemplar en esos decretos?

OB - Es probable que el tiempo de transición sea de algunos meses, es probable que así suceda, pero puede ocurrir que no. No lo sabemos todavía porque francamente no hemos contado con la información debida. Es más, la propia empresa Aguas de la Costa nos brindó información que en las últimas horas OSE nos ha explicitado que no ha sido suficiente, por lo tanto vamos a volver a solicitarle la información correspondiente. No sabemos francamente cuánto tiempo va a llevar esto, pero mientras tanto tenemos que tener la certeza y sobre todo la tranquilidad de que el servicio va a ser continuo y regular. Eso es lo que nos preocupa.

EC - El servicio de agua potable...

OB - Absolutamente.

EC - ¿Y qué pasa con las inversiones que teóricamente había que ir haciendo en estos meses, en estas semanas? ¿También se van a exigir, se va a exigir que continúen las inversiones en saneamiento?

OB - Francamente lo que más nos importa en este momento, por ser un servicio esencial, es el abastecimiento de agua potable para consumo humano. Eso es lo que más nos importa en este momento, se avecina una temporada turística muy buena, la población de Maldonado no tiene certezas respecto de cómo se van a brindar esos servicios, eso es lo que más nos preocupa en este momento. Francamente el tema de las inversiones en saneamiento seguramente sea una cuestión que va a tener que resolver tranquilamente el próximo gobierno, no es un tema que en este momento nos preocupe.

EC - O sea que en ese decreto no se va a exigir la continuidad de las inversiones.

OB - No, en este momento lo que nos preocupa es el servicio...

EC - ¿Y el pago del canon?

OB - Ése es un tema jurídico bastante complejo porque el propio contrato de concesión, particularmente el de Uragua, establece que para los casos de rescisión con extinción de algunas obligaciones debe cesar el pago del canon. Pero estamos hablando de una situación excepcional, en ese contrato no se previó la extinción de todas las obligaciones por una reforma constitucional. Es justamente lo que en este momento estamos tratando de discutir, si corresponde que la empresa pague el canon, es lo que estamos estudiando.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe