La firma constituye la formalización del primer paso del proyecto BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el G20 para evitar que las multinacionales deslocalicen con artificios contables sus beneficios en los que les ofrecen la fiscalidad más favorable.

La mayoría de los miembros de esta avanzadilla (20 de los 31 países) son miembros de la Unión Europea (UE), entre los que figuran los cinco grandes: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España.

Pero también algunos que se habían significado por atraer grandes multinacionales por su baja fiscalidad a las empresas: Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

También se han adherido desde el principio Suiza y Liechtenstein, acusados de forma reiterada de actuar como paraísos fiscales. Igualmente están en la lista Australia, Chile, Costa Rica, Japón, Malasia, México, Nigeria, Noruega y Sudáfrica.

El Acuerdo de la Autoridad Multilateral Competente significa en concreto que los Estados firmantes declaran el organismo que se encargará de recopilar, tratar e intercambiar las informaciones que les darán las multinacionales, que tendrán carácter confidencial, y por tanto estarán cubiertas por el secreto fiscal.

Se incluirán, sobre la base de un modelo estandarizado, los datos en cada país de la facturación, los beneficios, los impuestos, los empleados y los activos.

La puesta en marcha de esa declaración país por país debe comenzar este mismo año y en 2020 está prevista una primera evaluación de su funcionamiento para comprobar la eficacia contra las prácticas que eufemísticamente se llaman de optimización.

Esas prácticas, que consisten en que las multinacionales aprovechan las políticas fiscales de ciertos Estados para atraer empresas y localizar allí sus beneficios mediante transferencias contables entre diversas filiales, impiden a las administraciones fiscales recaudar unos 240.000 millones de dólares, según estimaciones de la OCDE. EFE