Gobierno estudia posibles abusos de posición dominante en precios
El Ministro de Economía analiza con jerarcas de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para estudiar posibles abusos de posición dominante, sobre todo en el rubro alimentos y bebidas. ¿Cómo está compuesta y qué funciones tiene esta comisión?
Por Diego Verdier
La comisión es un órgano desconcentrado en el ámbito del ministerio de economía y está compuesta por tres miembros que fueron designados por el Poder Ejecutivo al momento de su constitución en el 2009.
Su cometido es aplicar la Ley de Promoción y Defensa de la competencia en todos los mercados, excepto en aquellos donde exista un regulador específico, como puede ser la Ursec o la Ursea.
Las tareas específicas van desde la investigación del funcionamiento de los mercados y de eventuales conductas anticompetitivas hasta promover los valores de la competencia y asesorar a particulares y organismos públicos sobre las normativas vigentes.
¿Cuándo y cómo actúa esta comisión?
La comisión puede actuar tanto de oficio como ante denuncias de recibidas. Cuando se recibe una denuncia lo primero que se debe analizar es si el tema le compete. Luego debe efectuar un estudio del mercado relevante, sobre qué productos y en qué regiones se dan estos abusos. Ver si efectivamente la empresa acusada tiene poder de mercado relevante y en caso de tenerlo, si lo uso y si perjudicó a los consumidores o competidores.
¿Cuándo podemos decir que estamos ante un caso de abuso posición dominante?
La posición dominante se da cuando una o un grupo de empresas tienen el suficiente poder de mercado como para poder determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado.
El abuso se da cuando las empresas usan este poder para imponer condiciones generando un perjuicio para competidores y consumidores.
En caso de que esta comisión llega a la conclusión de que efectivamente hubo un abuso de posición dominante, ¿qué sanciones corresponde?
Lo primero que se hace es apercibir al infractor, y pedirle que cese en su conducta. El paso siguiente sería, además de apercibirlo hacer pública su resolución. En base a la gravedad o la persistencia de la conducta se puede multar a la empresa. Las multas van desde 10 mil a 20 millones de unidades indexadas.