El objetivo, es cruzar esos datos con otros que posee el organismo para detectar inconsistencias en el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otras irregularidades.

Según informa El País, el organismo se llevó miles de datos de clientes con alto poder de consumo, aunque no se especificó a partir de qué monto.

A diferencia de la información de depósitos, donde el organismo requiere autorización judicial para acceder a las cuentas, en el caso de créditos no tiene ese requisito.

Desde 1992 la DGI está autorizada a acceder a los consumos de las tarjetas de crédito.