El abogado Andrés Hessdörfer dijo que la ejecución de los créditos puede ser necesaria y efectiva a los efectos del control de cumplimientos pero que existe una "falta de equilibrio entre el crecimiento exponencial de las facultades de la DGI y su falta de correlato con un crecimiento en las garantías de los derechos de los contribuyentes";

Hessdörfer  criticó los largos plazos de prescripción y aseguró que se podrían reducir los plazos de las inspecciones. Además explicó que los procesos administrativos tributarios pueden ser muy prolongados y esto reduce las garantías de los contribuyentes porque afectan, por ejemplo, los recargos por mora: "Mientras estoy ejerciendo mis derechos a defenderme, que a veces entre procedimientos administrativos y recursos, pueden pasar cinco o seis años, mi deuda va creciendo y si no gano ese juicio voy a tener un problema mayúsculo";.

Por su lado, Romano aseguró que si se analiza la situación de los países de la región y del mundo desarrollado, "la administración tributaria uruguaya está en relación desfavorable respecto de las potestades que tiene cualquier administración tributaria civilizada del mundo";.