Entrevista con el ministro de Economía, Isaac Alfie.

Las razones del paquete económico de fin de año

El anteúltimo día del año trajo buenas noticias a los bolsillos de los uruguayos: rebaja de los combustibles, suba del salario mínimo nacional, tarifas públicas incambiadas e incremento de los salarios públicos. Este último dejó disconforme al sindicato de empleados del Estado que reclamaba una suba de 1.800 pesos. Para el ministro de Economía, Isaac Alfie, eso era "impagable". "Estamos defendiendo a los que no tienen la capacidad de protestar", afirmó.

(Emitido a las  8.30)

EMILIANO COTELO:
El gobierno del presidente Jorge Batlle realizó ayer una serie de anuncios en materia económica. Los combustibles bajaron 7,56 por ciento en promedio desde la pasada medianoche, los sueldos públicos suben desde el 1 de enero 3,5 por ciento, con un piso de aumento de 250 pesos para aquellos sueldos más sumergidos, y el salario mínimo nacional sube 56,5 por ciento para ubicarse en 2.050 pesos. Por otro lado no habrá aumentos en las tarifas de los servicios como UTE, Antel, OSE y gas.

Vamos a dialogar con el ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie.

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Ministro Alfie, ¿por qué todos estos anuncios en este momento?

ISAAC ALFIE:
Porque normalmente se definen las tarifas cada seis meses, cada vez que hay aumento de salarios públicos la ley dice que se está habilitado a modificar tarifas, salvo en circunstancias excepcionales que se modifican en otro momento. Entonces había que definir por lo pronto las tarifas públicas.

También vimos que convenía ver todo en el marco común, hacer todo de una sola vez y dar todo el panorama completo porque al gobierno le quedan dos meses y era estirar demasiado hasta mediados de enero, que era la otra fecha en la cual más o menos podía estar todo definido. Juntamos las definiciones para ahora.

EC - Vamos por parte. Las tarifas de UTE, Antel y OSE no aumentan; ¿por qué?

IA - Ya habíamos dicho alrededor de octubre que como venía la perspectiva de los precios y del plan, por paramétrica de costos, no habría necesidad de hacer nada con las tarifas. Si uno mira la paramétrica de costos estricta daría pequeñas bajas, algunas un poco más altas y otras claramente muy pequeñas en los entes. Entonces la decisión fue: mejor no tocar nada, no bajarlas porque bajar poco no hace mucho sentido y además en especial UTE va a tener que reforzar la inversión porque este año tenía previsto empezar la central a gas y no fue posible por aspectos legales y procesales, la licitación se fue postergando, había errores en los pliegos, hubo recursos –en Uruguay algo bastante común–, pero este año en su momento va a tener que empezar y para eso se precisan recursos.

EC - En materia de combustibles sí se resuelve una variación a la baja promedio 7,56 por ciento. ¿Cuál fue el motivo?

IA - Teníamos un barril de petróleo cotizado en pesos a 1.200 y pico cuando el barril estaba a 41 dólares y el dólar a 30,5 pesos. Ahora el barril se puso en un promedio razonable en los últimos días a 41,75 dólares, en tanto el precio de la divisa se puso a 26,70 pesos, un poco más arriba del promedio del mes, un 1,5 más arriba y, como todo parecería indicar que va a haber estabilidad en el precio de la divisa por un tiempo y todos los informes indican que el precio del petróleo estaría en el entorno de los 40 dólares, 41, 42 dólares, creemos que teníamos suficiente certeza, por lo menos con la información disponible hasta ahora, para hacer esto.

En octubre debía haber un aumento en los combustibles, después dijimos que no, que teníamos un margen, que se podía esperar, mucha gente decía que en noviembre pasadas las elecciones se subiría el combustible...

EC - Sí, la interpretación era que se estaba aguantando el aumento para no impactar en el resultado electoral.

IA - Claramente no era así, en noviembre se tuvo un precio normal y en diciembre se tuvo un precio inferior que le daba cierta holgura, demasiada holgura por decirlo de alguna manera, a Ancap, entonces tampoco tenía ningún sentido tener un combustible tanto más caro. Fíjese que la nafta bajó dos pesos por litro y el gasoil 1,5; son cifras significativas cuando usted suma los millones de litros que se compran por mes en el país.

EC - ¿Por qué las diferencias en la rebaja de los distintos combustibles?

IA - Cuando se subió, subió más el gasoil. No estoy seguro, pero creo que el gasoil subió 9,3 por ciento y las naftas aproximadamente 8. Eso es básicamente en función de la diferencia en la estructura de costos. El impuesto del gasoil es bastante menor al de las naftas y en este caso sube sólo 2 por ciento aproximadamente –todavía no tenemos el tema del IPC–, entonces el costo que baja pesa mucho más; baja más que las naftas, al revés de cuando subió, que el costo que subía pesaba más que en las naftas.

EC - El gasoil está bajando 8,02 por ciento y las naftas 6,7.

IA - Es más o menos la misma diferencia de 1 y algo por ciento entre uno y otro cuando subieron y cuando bajaron. Yo no recuerdo exactamente los precios anteriores a la suba, pero creo que hoy estamos más o menos con los precios que se fijaron en marzo de este año.

EC - ¿Por qué no baja el supergás?

IA - Porque el supergás no subió cuando se hizo una readecuación de los precios en julio. Estaba con un precio desalineado que ahora se alinea de vuelta, se había bajado por una razón del invierno y por el consumo de supergás.

EC - Ah, se había bajado en ese momento.

IA - Sí, había bajado, creo que bajó como 10 por ciento en ese momento, si no estoy equivocado. Lo mismo pasa con el fuel oil, que no se subió por el tema de la industria, entonces ahora tampoco se le reduce el precio.

EC - Sigamos repasando las distintas novedades del día de ayer. Pasemos al salario mínimo nacional. El Ministerio de Trabajo y el presidente de la República mismo entendían que había espacio para duplicarlo, para que pasara a ubicarse en 2.600 pesos. Finalmente no se llegó a tanto, se subió 56,5 por ciento y quedó en 2.050. Creo que ahí terminó primando su criterio, ¿no?

IA - No se puede hablar de criterios que primaron. En los considerandos del decreto que va a salir está bastante claro cómo se hizo. Las circunstancias económicas hoy darían que podría dar, sin tener un efecto muy dañino, para subir ese salario a cifras cercanas a los 2.500 pesos. El tema es el siguiente: estamos con un proceso de crecimiento prácticamente explosivo en este momento, que genera demandas importantes, genera determinadas euforias, entonces hay que ver qué pasa cuando las aguas bajan. El gobierno no quiere tener la responsabilidad de cometer un exceso y que después la cosa pase y dejemos a muchachos jóvenes y personas no calificadas en la calle.

Por lo tanto está muy claro que si las cosas siguen así en un año, en aproximadamente doce meses, el salario mínimo puede llegar sin problemas a unos 2.600 pesos. El tema es que las cosas sigan así, que se consoliden totalmente. Hubiera sido arriesgar demasiado, entonces preferimos y optamos por hacer lo mismo que se estaba haciendo con el salario rural, con el que a principios de setiembre del año 2003 empezamos un proceso de ajuste progresivo mirando el mercado y haciendo ensayos de prueba y error para ver hasta dónde afectaba. De hecho el salario rural estaba muy parecido al salario mínimo nacional en Uruguay y hoy está en unos 2.200 en términos completos. También teníamos alguna referencia por ahí.

EC - ¿Conversaron este número con el gobierno electo?

IA - El presidente de la República dijo ayer que había hablado con el doctor Vázquez y que él también había dicho que había que andar con cuidado en esto. Yo hablé con el contador Astori, le expliqué el criterio y le pareció bien; con esto no quiero decir que haya apoyado el número ni nada porque obviamente no tenía la información. Yo le pasé la información de los estudios que habíamos hecho en base a la Encuesta Continua de Hogares del Instituto de Estadística de salario mínimo y las franjas, teníamos divididos los salarios por cada 25 por ciento, o sea gente que según la encuesta gana entre 1 y 1,25, entre 1,25 y 1,5, y así, y habíamos llegado a que una vez y media el salario mínimo nacional afectaría a una determinada cantidad de personas que no parece ser una cantidad muy grande, por lo menos en función de la encuesta, entonces parecía razonable adecuar. Parecería que son situaciones más bien de ciertas injusticias que siempre se dan más que un problema económico como tal. Eso fue lo que tratamos de cuidar.

EC - De todos modos el gobierno electo puede tomar otra medida en esta dirección después de asumir.

IA - Por supuesto que sí. De hecho si siguiéramos miraríamos el mercado y en julio, dependiendo de cómo estén las cosas, nuevamente mirando la Encuesta de Hogares y todos los estudios que se pueda hacer, se podría volver a dar un salto importante. Nosotros preferimos ser prudentes en todos los aspectos, como creo que lo hemos sido siempre, y hacer un salario mínimo y medio con respecto al anterior.

EC - Recordemos que el salario mínimo nacional ya no impacta en otras prestaciones.

IA - Justamente, hubo que hacer primero una ley que era la condición necesaria para hacer esto, porque si no se disparaban los gastos públicos. Lo que se creó en la ley es la base de contribuciones y prestaciones que va a estar fijada a partir del 1 de enero en 1.363 pesos, que sería el ajuste que hubiera tenido el salario mínimo, de 1.310 a 1.363, en caso de que no hubiera estado la ley. La cuenta que hicimos fue justamente: el 50 por ciento más de 1.363 da 2.044 pesos y algo –creo que con 60 centésimos–, pusimos 2.050, no tenía sentido poner 2.044,6. Se hizo con ese criterio.

EC - Y en cuanto a los salarios de los funcionarios públicos, ¿de dónde sale el número que finalmente se aprobó, 3,5 por ciento, con un mínimo de aumento de 250 pesos?

IA - Sale de la siguiente manera. Los salarios públicos han crecido más que los privados, han crecido en términos reales en el último año aproximadamente un 5,5 por ciento.
 
EC - 5,5 por ciento ha subido el salario real en el sector público.

IA - Sí, va a subir ese porcentaje en este año aproximadamente.

EC - Y el privado ha subido 2,2 por ciento.

IA - Exactamente. Todos sabemos que la cantidad de empleados privados es cinco veces la cantidad de empleados públicos, o sea la fuerza laboral pública dependiente es un sexto aproximadamente del total. Obviamente además hay patronos por cuenta proppia y demás.

Partimos del siguiente escenario: sin aumento de tarifas, con rebaja de combustibles y una inflación proyectada anual del orden del 6 por ciento, un aumento de 3,5 por ciento estaría dando un nuevo aumento de salario real para el sector público, un aumento moderado. Pero además estaríamos volviendo a repetir el mecanismo de julio pasado cuando pusimos un piso para los salarios más bajos.

También está en juego la caja. No tuvimos una respuesta... mejor dicho: tuvimos una respuesta con el "hagan lo que les parezca", no es una tarea nuestra en este momento fijar los salarios de enero del gobierno electo y por lo tanto tampoco podíamos hacer algo que estaba en contra de lo que estábamos haciendo, no sería razonable. Pensamos que al sector público, a los dependientes del sector público, los paga toda la sociedad, y si nosotros subimos mucho esos sueldos los privados los están pagando y tienen menos posibilidad de recuperar su salario. Este equilibrio para nosotros es fundamental y hay que conservarlo.

Volvimos a la disponibilidad de caja y en base a un programa financiero de medio año que estamos terminando tal cual acordamos y a pedido del contador Astori, como había una caja razonable para cumplir objetivos fiscales acordados, no en un acuerdo fijo sino en un acuerdo de tendencia de mediano plazo con el Fondo Monetario, vimos que se podía dar un aumento así.

EC - Terminó muy mal su encuentro ayer con los delegados de COFE, que estaban reclamando como aumento mínimo 1.600 pesos.

IA - Creo que me dijeron 1.800 pesos.

EC - Una partida fija de 1.600 pesos.

IA - Creo que era de 1.800 pesos, por lo menos en la reunión me dijeron 1.800 pesos.

Para mí no es que haya terminado mal o bien, yo no tengo problemas personales, lo que pasa es que si usted hace la cuenta, 1.800 pesos por 13 da 23.400 pesos, que por 200.000 empleados públicos da 4.600 millones de pesos, más o menos. Fíjese que es más de 1 por ciento del producto bruto interno, es impagable, absolutamente impagable. O para pagarlo tendríamos que restablecer todo el adicional de IRP. No creo que sea justo seguir castigando a toda la gente para eso. Además todos hemos sufrido y todos estamos saliendo y recuperando de a poco las cosas, no puede ser que un sector recupere el 100 por ciento todo junto, por lo menos a mí no me parece razonable. Repito: estamos defendiendo a los que no tienen la capacidad de protestar, eso es lo que más debemos cuidar, porque si no, se juntan algunos, protestan, hay que contemplar sus demandas indefectiblemente y toda la demás gente paga por eso. Ése es el tema.

EC - Volvemos a conversar en cualquier momento el año que viene, ya en los últimos meses del período de gobierno.

IA - Déjeme aclarar una cosita más. El aumento de 250 pesos mínimo, que se suma al de 400 pesos de julio...

EC - El aumento de los salarios públicos...

IA - Sí, el aumento mínimo de 250 pesos de los salarios públicos, que se suma al de 400 pesos de julio, da como resultado que sectores que estaban bastante postergados de la administración, básicamente docentes, profesores, policías, militares y salud pública en alguna parte, tengan una recuperación muy importante del salario, en total el crecimiento del salario para unas 18 o 20.000 personas en el último año es de entre 22 y 27 por ciento y para otro grupo importante de prácticamente 100.000 personas es de más de 15 por ciento, en el entorno del 17 o 18 por ciento, bastante más que la inflación, que va a terminar en 7,5 o 7,8 por ciento –todavía no tenemos el número de diciembre–.

Eso se logró redistribuyendo los recursos y logrando un superávit primario récord en Uruguay. Nunca habíamos tenido un superávit primario como el que tenemos ahora, que a su vez nos está permitiendo una cosa muy importante: la baja del riesgo país. No es una baja graciosa, es una baja producto de que el gobierno y el sector público han logrado nuevamente solvencia y a las personas solventes se les presta más barato.

Y va a redundar el año que viene en una caída muy importante de la carga de intereses del producto bruto interno, que fue de 6 por ciento en 2003, va a estar en aproximadamente 5 por ciento en 2004 y bajaría en los números que tenemos hechos a un entorno de 5,1 por ciento en 2005, una baja de 0,8 por ciento que en términos de dólares representa un ahorro del entorno de los 120 millones por año. No es poca cosa.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe