Por la economista Carolina Balian

El Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), implica un pacto global para mantener por debajo de los 2°C el aumento de la temperatura media mundial con respecto a los niveles preindustriales. Para esto, los países firmantes -donde se incluye Uruguay- se comprometieron a presentar sus contribuciones nacionales al esfuerzo global de reducción de emisiones de GEI (que dan origen al cambio climático). A su vez, estas contribuciones deben ser revisadas por los países cada 5 años, debiendo aumentar sucesivamente el nivel de ambición de las mismas.

Uruguay remitió recientemente el Acuerdo al Parlamento, que se espera lo ratifique en un plazo breve. Para que el Acuerdo entre en vigor a nivel mundial se requiere de la ratificación de 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones globales. Si bien ya se había superado el número mínimo de países, este martes se alcanzó el porcentaje requerido de emisiones gracias a que el Parlamento Europeo aprobó la ratificación del Acuerdo por parte de la Unión Europea. Hasta el momento, lo habían ratificado 62 países que sumaban casi el 52% de las emisiones (incluyendo a China y los Estados Unidos, principales emisores globales, y a los países vecinos de Argentina y Brasil).

Contribuciones de Uruguay para limitar el cambio climático

En su Contribución Prevista Nacionalmente Determinada (INDC, por su sigla en inglés), el país presenta sus metas de reducción de emisiones a 2030, con respecto a los niveles de 1990, por gas de efecto invernadero y por sector o actividad. A su vez, presenta dos tipos de metas: las que el país puede lograr con esfuerzo propio y las que alcanzaría en caso de disponer de financiamiento externo para este fin, lo que le permitiría aumentar su capacidad de mitigación.

Para el sector de energía, que es el principal emisor a nivel mundial y genera más del 90% de las emisiones nacionales de dióxido de carbono, Uruguay establece la meta de reducir en un 25% la intensidad de emisiones del sector respecto al PBI.

Para el sector de producción de alimentos, que es la principal fuente de emisiones del país, se presentan metas específicas en relación a la producción de carne vacuna. Esta actividad genera casi el 80% de las emisiones nacionales de metano (derivadas del proceso digestivo de las vacas) y más del 60% de las emisiones de óxido nitroso (producidas por la disposición de estiércol en los suelos). En este caso, se busca reducir alrededor de un 30% la intensidad de emisiones por kg de carne, tanto para el metano como para el óxido nitroso.

Además, otra de las metas que se plantea en la INDC es que se espera que para el 2030 Uruguay sea un removedor neto de CO2, gracias al aumento en la captura de este gas por parte de los bosques y a las bajas emisiones del sector energético.

El principal desafío que enfrenta Uruguay para reducir sus emisiones está en el sector agropecuario y en particular en la producción de alimentos, que cubre el 70% de las exportaciones nacionales y produce alimentos para 28 millones de habitantes. A diferencia de lo que se observa en la mayoría de los países, en Uruguay el sector agropecuario representa el 76% de sus emisiones actuales de gases de efecto invernadero, de las cuales las tres cuartas partes se originan en la producción de carne vacuna.

Sin embargo, en la INDC se establece que "Uruguay no puede mitigar el cambio climático a expensas de la producción de alimentos, sino trabajar en la mejora de la eficiencia de las emisiones por producto". Esto va en línea con el objetivo prioritario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de la actual administración, de lograr una "intensificación productiva sostenible" y producir alimento para 50 millones de personas.

Si bien se han realizado esfuerzos en el marco de la Política Agropecuaria Clima-Inteligente del 2010, aún hay un camino por andar para el logro de la meta de mitigación en este sector, sobre todo en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías. Algunos ejemplos de medidas de mitigación para la ganadería son la manipulación alimenticia y dietética, la manipulación animal y el control de bacterias.

Por otra parte, en la última década, Uruguay ha implementado una política energética exitosa que resultó en la fuerte incorporación de las energías renovables en la matriz de producción de energía, siendo estas más limpias (menos emisoras) que las fuentes tradicionales basadas en combustibles fósiles. Actualmente, el 59% de la matriz energética primaria global y el 93% de la generación eléctrica provienen de fuentes renovables, porcentajes que se despegan ampliamente del promedio mundial. Gracias a esto, el país cuenta con emisiones muy bajas respecto a su PBI en el sector energético, siendo estas equivalentes a la tercera parte de la intensidad de emisiones a nivel global. 

Sin embargo, el sector del transporte no ha logrado reducir significativamente su contribución a las emisiones, por lo que restan importantes desafíos para disminuir la dependencia de la quema de combustibles fósiles y buscar fuentes de energía alternativas. Algunas medidas de mitigación en el transporte son, por ejemplo, una política de promoción de un cambio modal que incentive el transporte activo y colectivo ante el vehículo individual, un incremento del porcentaje de biocombustibles en las mezclas de gasolinas y gasoil, y la incorporación y masificación del transporte eléctrico colectivo e individual.

Relevancia del cambio climático para Uruguay

El país tiene una alta exposición y sensibilidad a los efectos del cambio y la variabilidad climática: la mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos, en particular las sequías y las inundaciones, impacta sobre el sector agropecuario, el turismo, la generación de energía, la salud pública, la calidad del agua y sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.

La realidad es que las emisiones totales del país representan solo el 0,05% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo cual da cuenta del impacto marginal del país sobre este fenómeno mundial. Sin embargo, justamente una de las distinciones del Acuerdo de París respecto a su antecesor (el Protocolo de Kyoto, que entró en vigor en 2005) es el reconocimiento de la importancia de que todos los países seamos parte de la solución en cuanto al esfuerzo de reducir emisiones.