Informe: ¿Qué hay en el fondo del Fondo de Solidaridad?
La Mañana de El Espectador presentó un informe especial sobre el Fondo de Solidaridad, para intentar explicar qué es, cómo funciona y por qué se pretende cambiar algunas de sus características.
El Fondo de Solidaridad es la principal institución en el sistema de becas del país.
El sitio web del Fondo indica que las becas gestionadas consisten en un apoyo económico mensual dirigido a estudiantes de todo el país provenientes de hogares que no cuentan con los recursos suficientes para solventar sus estudios.
Los aportes y las becas se aplican para estudiantes de la Universidad de la República (UdelaR), el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional de la UTU, y la Universidad Tecnológica (UTEC).
Este Fondo fue creado en el año 1994 por la Ley N° 16.524 como una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), adquiriendo la naturaleza jurídica de persona pública no estatal a partir de las modificaciones introducidas en el año 2002 mediante la ley N° 17.451.
La institución se encarga de recaudar dos tributos, la contribución al Fondo de Solidaridad y un aporte adicional que se destina al presupuesto de la UdelaR.
Esta última grava a los egresados de la UdelaR que hayan cursado una carrera con una duración igual o mayor a cinco años y cuyos ingresos mensuales superen los seis salarios mínimos nacionales. Esto equivale actualmente a unos $73.590. A su vez, la duración de la carrera que se considera en este caso, es la que tenía al 10 de enero de 2002, que es cuando se promulga la Ley N° 17.451.
Las personas deben comenzar a aportar una vez que cumplen 5 años como egresadas, hasta completar 35 años de aportes al Fondo de Solidaridad y 25 años de aportes al Adicional. Los jubilados sin actividad remunerada tampoco pagan los aportes, sin importar la edad.
Recientemente se introdujeron cambios en la legislación que regula el Fondo de Solidaridad. En diciembre de 2015 se aprobó la Ley N° 19.355 y el 10 de enero de 2017 su decreto reglamentario.
En este marco, se duplicó el mínimo no imponible para la exoneración del aporte al Fondo, pasando de cuatro a ocho BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) de ingreso promedio mensual nominal. Esto equivale a $28.888 con la unidad de BPC vigente a 2017, que asciende a $3.611. El mínimo no imponible para el aporte adicional se mantiene.
Además, se estableció el aporte gradual según la cantidad de años transcurridos desde el egreso: durante los primeros cuatro años no se aporta, de cinco a nueve años de egresado se aporta la mitad y a partir del décimo año se paga el total.
Por último, los pagos pasan a ser mensuales, es decir, el monto total se divide en 12 cuotas a pagar de enero a diciembre.
Los importes que pagan los egresados al Fondo de Solidaridad varían en función de la cantidad de años transcurridos desde el egreso y también en función de la duración de la carrera cursada.
En el caso del aporte Fondo, del quinto al noveno año desde el egreso, el mismo equivale a $1.806 (cuando la carrera tiene una duración menor a cuatro años) y a $3.611 (cuando la duración de la carrera es mayor o igual a 4 años).
Transcurridos 10 o más años desde el egreso, el aporte es de $3.611 y $7.222, respectivamente para cada duración de carrera. En cuanto al aporte Adicional se aplica a las carreras que duran cinco años o más y este se paga a partir del quinto año desde el egreso y equivale a $ 6.018.
Con respecto a las exoneraciones por mínimo no imponible, hay que destacar que los egresados cuyo ingreso promedio mensual no supere este límite, deben presentar ante el Fondo de Solidaridad una declaración jurada acompañada de la documentación requerida que se especifica en la página web del Fondo.
Esto debe hacerse dentro de los primeros noventa días del ejercicio siguiente al que se generaron los ingresos. Desde el pasado 20 de enero de este año está habilitada la solicitud de exención de los aportes al Fondo por el ejercicio 2016; y el plazo para presentar las declaraciones correspondientes vence el 31 de marzo de 2017.
Los pagos mensuales que reciben los estudiantes becados equivalen a $ 7.222. Cuando se trata de estudiantes que ingresan y están cursando sus estudios por primera vez, estos podrán recibir hasta ocho pagos mensuales, y en el caso de las renovaciones de beca, podrán recibir hasta 10 pagos mensuales. La cantidad de pagos puede variar debido a que los pagos se generan desde el momento en que se otorga la beca.
Los criterios que se estudian para la asignación de becas son varios: la situación social, económica y patrimonial de la familia, la integración del hogar y la escolaridad para los estudiantes que ya están cursando el nivel terciario. Además, los estudiantes que pertenecen a familias con egresados que aportan al Fondo también pueden ser beneficiarios de las becas.
De acuerdo a este comunicado emitido por el Fondo de Solidaridad, del total de lo recaudado por el aporte Fondo, el 90% se destina a los estudiantes. En 2016 se destinaron más de $ 400 millones a becas (que fueron un total de 8.000), además de diversos servicios de apoyo para garantizar la continuidad en sus estudios.
El Fondo de Solidaridad es administrado por una Comisión Honoraria integrada por ocho miembros que no perciben un tipo de remuneración por el cargo. Sin embargo, otras autoridades sí reciben sueldos por sus tareas, lo que ha generado polémicas vinculadas al destino de los aportes que realizan los egresados.
Un ejemplo de esto fueron las declaraciones de la diputada suplente del Frente Amplio Susana Andrade que, según indica El País, se refirió al Fondo de Solidaridad como una "voracidad fiscal que hace embargos y retenciones de sueldos. Sus directores ganan cifras siderales. Gerente del FS, Enrique Miranda, gana casi $ 300.000 por mes", y puntualizó: "Se ve para dónde va la solidaridad".
De acuerdo a la Memoria Anual y el Balance 2015, el total anual pagado por concepto de salarios y beneficios sociales para la División de Gerencia General y Asesoría Jurídica en 2015 fue de $ 7.106.848. Esta división se compone por cuatro personas: el gerente general, una abogada, una secretaria y un asistente de jurídica.
Si lo dividimos entre cuatro personas, tenemos un salario anual promedio de $1.776.712 y mensualmente alrededor de $ 148.000, aunque no se da a conocer el salario del gerente general en particular.
Sin embargo, la Comisión de Presupuesto del Senado dejó en evidencia en octubre de 2015 que el administrador del Fondo gana $ 267.007 por mes, es decir, más que un Senador de la República, quien actualmente percibe un sueldo nominal de $189.346.
Por otra parte, La Diaria publicó el pasado 29 de octubre del 2015 un artículo donde la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, se limitó a responder que los sueldos de los organismos públicos no estatales "son fijados por ellos mismos". "Coincido en que la cifra es alta y que puede fijarse por ley un tope para todos los organismos, pero actualmente éstos fijan los sueldos y todos los gerentes ganan más que sus cuerpos directivos", expresó.
Por otra parte, la diputada Susana Andrade expresó a Radio Monte Carlo que considera injusta la asignación del monto a pagar de acuerdo al tiempo de duración de la carrera.
La presidenta de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep) Adriana García Quintana, puntualizó algunos cambios en el Fondo de Solidaridad que impulsarán a nivel parlamentario.
Otro de los puntos que la Audetep pretende eliminar es la retención del 100% del sueldo por pagos del fondo fuera de fecha, ya que aseguran que eso es ilegal.
En el mismo tema, también reclaman que la asignación del monto a pagar para el Fondo se defina de acuerdo al salario de cada trabajador y no a la duración de la carrera o al tiempo que transcurrió desde el egreso.
El presidente de la Comisión Administradora del fondo, Marcos Supervielle, dijo durante una entrevista en TNU en 2012, que el criterio de asignación de los importes a pagar era injusto y que debería modificarse. Sin embargo, hasta el momento no ha cambiado.
La Mañana de El Espectador se comunicó con el Fondo de Solidaridad para conocer la respuesta a varias inquietides generadas durante la realización de este informe, pero el área de prensa se excusó de participar argumentando la imposibilidad de coordinar un contacto con las autoridades.