(Emitido a las 7.35)

ALFREDO DANTE:
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le presentó una serie de propuestas ayer al gobierno electo.

Entre otras figuran una política fiscal anticíclica, mecanismos de seguridad financiera, como por ejemplo los seguros de depósito –algo en lo que ha insistido bastante además el Partido Nacional– y una política de flotación cambiaria que contemple intervenciones en el mercado a fin de evitar apreciaciones no deseadas en la moneda. El BID también promueve fuertes inversiones en infraestructura y energía y apoyo explícito a la innovación tecnológica.

Ayer, en el primer contacto con las autoridades del próximo gobierno, el BID anunció que va a mejorar las condiciones de sus préstamos. Tabaré Vázquez dijo entre otras cosas que pretende cambiar las relaciones de Uruguay con el organismo. Vamos a ver en qué términos planteó el tema el futuro presidente de los uruguayos.

"TABARÉ VÁZQUEZ:
Queremos cambiar ese relacionamiento con el banco de un relacionamiento clientelar, clientelístico –hoy Uruguay es un cliente del BID–, por el concepto de Uruguay socio del BID. Y el ser socio del BID implica derechos y obligaciones. El derecho de recibir la cooperación del BID, pero también la obligación de cooperar con el banco en niveles tales como los que Uruguay puede ofrecer a la región y al mundo."

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AD - Economista Walter Cancela, futuro presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), ¿qué esto de ser "socio" del BID?

WALTER CANCELA:
El doctor Vázquez lo explicaba en el pasaje que ustedes hacían escuchar recién. Desde un punto de vista formal de hecho Uruguay es socio del banco: aporta capital, tiene voto y participa en las decisiones como accionista. Pero más allá de esa situación formal que es objetivamente así, lo que el doctor Vázquez intenta manifestar es que la intención del relacionamiento con el BID es transformar una relación prácticamente unilateral, de cliente de créditos del banco, en una relación efectivamente de socio en el sentido de no sólo recibir préstamos para lo que el banco quiera dar sino contribuir a desarrollar junto con los demás países y con los funcionarios del banco las líneas generales estratégicas y por otro lado aportar lo que el país tiene para aportar al resto de la comunidad latinoamericana.

AD - ¿Qué tiene para aportar Uruguay, además de lo que se pida como préstamo?

WC - Tabaré Vázquez ha mencionado algunas cuestiones en las que Uruguay tiene experiencia acumulada importante que puede servir para aplicar en otros países. Por ejemplo experiencias en materia de coordinación de programas sociales, mencionó en particular el programa Frío Polar de coordinación institucional para la atención de emergencias; mencionó también ciertos aspectos del desarrollo científico-tecnológico en los que Uruguay también ha desarrollado capacidades que pueden ser transferidas en materia de políticas o de organización hacia otros países en el marco de las políticas generales del BID; aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología agropecuaria. Es decir, mencionó algunos ejemplos que muestran que en el país se han hecho cosas que se pueden aportar como activo común para el conjunto de los países latinoamericanos que padecen los mismos problemas.

AD - ¿Cuál fue la primera reacción de los técnicos del BID ante la oferta realizada ayer por Tabaré Vázquez?

WC - No hay una reacción inmediata, pero sí una declaración del presidente del BID, Enrique Iglesias, quien subrayó el acuerdo que desde su punto de vista había con esta posición. Sabido es que Iglesias conoce muy bien lo que hay en Uruguay, todo el proceso que ocurre en nuestro país en ese sentido. Rescató la posición de Vázquez como una buena noticia para el banco porque ese cambio de relación que propone Vázquez es visto como lo que realmente debería ser la relación del BID con cada uno de sus socios.

AD - ¿Hay experiencias de este tipo de relacionamiento entre una nación y el BID que propone Tabaré Vázquez?

WC - Sí, hay países que aprovechan más su calidad de socios que de clientes. No podría mencionar uno en particular y a veces en períodos algunos países actúan más como socios que como clientes y en otros períodos no, eso depende mucho de los gobiernos. En principio los países grandes como Brasil, Argentina, o relativamente grandes como Chile, Colombia, también México, han llevado adelante una relación de ese tipo con el BID, mientras que los demás países en general han sido más pasivos en el sentido de ser receptores de créditos y programas.

AD - Decíamos que el BID presentó ayer una serie de propuestas a la próxima administración. En particular me gustaría detenerme en una: el anuncio de que va a mejorar las condiciones de sus préstamos hacia Uruguay. ¿Qué se puede decir, qué se sabe a esta altura sobre esa mejora en las condiciones para esos dineros que llegarán desde el BID?

WC - No hubo una precisión al respecto, fue simplemente una manifestación del contador Iglesias en un pasaje de una de sus intervenciones indicando que habría mejoras en las condiciones de los créditos. Es cierto que uno de los objetivos del relacionamiento que estamos teniendo en estos momentos previos a la asunción del nuevo gobierno con los organismos internacionales es preparar el terreno para negociar mejores condiciones para los préstamos con estos organismos.

Desde el punto de vista objetivo con el BID existe un préstamo que se llama Préstamo de Emergencia, que recibió el país en el año 2002 durante la crisis, que como tal tiene en general condiciones más duras que los préstamos normales del banco, tanto en lo que tiene que ver con el costo, con las tasas de interés, como con los plazos de repago. De lo que se trata desde nuestro punto de vista como objetivo es de sustituir ese tipo de préstamos por préstamos de programa que son a más largo plazo y a más baja tasa de interés. No sé si es a eso que se refería el contador Iglesias o a mejoras adicionales en cuanto al tipo de préstamos que el país puede recibir. Probablemente una de las condiciones que se mejore para los intereses del país sea la necesidad de contar con contrapartida nacional para llevar adelante préstamos que puedan flexibilizarse y eso permita sortear las restricciones presupuestales que a veces aparecen en la ejecución de los préstamos.

ANDRÉS GIL:
A propósito del tema de las contrapartidas que usted señalaba, alguna versión de prensa manifiesta que se habría manejado una reducción del 30 por ciento, que se habla en la actualidad de un 10 por ciento en el desembolso local que se debe hacer por cada cuota parte de préstamo que hace el BID. ¿Esas cifras se manejaron especialmente?

WC - Yo no escuché cifras en las sesiones, no escuché ninguna cifra de ese tipo. Sí escuché que el contador Iglesias habló de que ese tipo de condiciones no debería ser ningún problema puesto que hay posibilidades de flexibilizarlas.

AG - Se lo pregunto porque uno de los problemas durante los últimos años ha sido la imposibilidad de ejecutar algunos programas por falta de la contrapartida local.

WC - Sí, efectivamente, en algún momento de la reunión algún participante señaló por que la eficacia en los desembolsos de los préstamos del BID depende fundamentalmente de la capacidad de gestión que tiene el Estado para ejecutarlos. Uno de los factores que operan en esa capacidad de gestión es la capacidad de asignar los recursos locales necesarios para operar como contrapartida de los fondos que vienen en préstamo.

AD - ¿En estos encuentros con el BID el gobierno entrante ya va a estar en condiciones de asumir algún tipo de obligaciones, como por ejemplo algún plazo a la hora de establecer alguna iniciativa sobre seguro de depósitos para darle seguridad al sistema financiero?

WC - No, no, no, de ninguna manera. Como ya se ha reiterado muchas veces especialmente por parte del contador Astori, estas reuniones no son de negociación, por lo tanto no hay que esperar que el BID asuma compromisos con el nuevo gobierno ni que el nuevo gobierno asuma compromisos con el BID. Simplemente se trata de reuniones en las cuales el BID nos presenta el resultado de sus estudios. Es una reunión invitada por el BID, organizada por el BID y en la que el BID es el que aporta todo el material. Nosotros lo recibimos, hacemos comentarios y conocemos a quienes van a ser nuestras contrapartes en el futuro, en el futuro proceso de negociación de nuevos préstamos o de relación de cooperación técnica con el organismo. Pero no se trata de asumir compromisos en esta instancia.

AD - A propósito del encuentro que se tuvo ayer con el BID, que continúa en esta jornada, el diario El País señala la versión de que varios ministros designados que estuvieron ayer con los técnicos del organismo internacional han señalado que el plan para hacer sustentable el manejo de la deuda pública prácticamente no deja margen para la aplicación de políticas sociales y de mejora en los ingresos de la población. ¿Ése es un sentimiento generalizado que tiene el gobierno entrante?

WC - No, no, no, de ninguna manera. Yo no sé efectivamente si el periodista del diario El País obtiene esa impresión, no fue la misma que yo tuve de la reunión, ni es la misma que tengo del trabajo que viene realizando el futuro equipo de gobierno. Todo el mundo sabe que la sustentabilidad fiscal –más allá de la sustentabilidad de la deuda– es un punto clave en nuestro programa, en el sentido de que consideramos que ningún programa de desarrollo económico y social es posible si no se apoya en un marco de estabilidad macroeconómica. Eso implica tener finanzas públicas sostenibles. Y para el caso de Uruguay tener finanzas sostenibles significa tener capacidad de sostener el servicio de la deuda. Pero de ahí a suponer que eso impide llevar adelante políticas sociales o comenzar a realizar mejoras en los ingresos de la población, es una conclusión un poco sin fundamento.

AD - ¿No las condiciona?

WC - Las circunstancias siempre condicionan las posibilidades de hacer cosas, uno siempre podría pensar "¿qué se podría hacer si no existiera tal obstáculo?". La cuestión es cómo se para uno frente a las prioridades. Si la prioridad es terminar con el proceso de exclusión social, con un proceso que concentra cada vez más los ingresos, las políticas para eso tienen que ser posibles en cualquier circunstancia, y para ser posibles tiene que eventualmente modificarse la asignación de prioridades a otras políticas. Lo que no se puede hacer es seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, seguir adelante con las mismas políticas que se venían llevando en todos sus términos, no realizar ningún cambio en las mismas, pretender sustentabilidad fiscal y al mismo tiempo pretender cambiar la situación social. Eso sí que no se puede hacer. Pero como el programa del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), los programas que estamos discutiendo para poner en práctica a partir del 1 de marzo, como el Plan de Emergencia, que es nuestra prioridad inmediata, implican cambios, esos cambios suponen reasignación de prioridades en particular a nivel del gasto público.

AD - Se lo pregunto porque la versión del diario El País dice que "aunque varios quisieron relativizar el tenor de los cuestionamientos, todos los asistentes consultados –el próximo canciller, Reinaldo Gargano, el futuro ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi y la encargada del Plan de Emergencia Social, Marina Arismendi– sostuvieron que si se adoptan las metas de superávit fiscal primario que vislumbra el BID, esto es, un 3,6 por ciento del PBI, no habría lugar para las políticas sociales y la mejora en los salarios públicos".

WC - Son opiniones en todo caso, no sé si efectivamente fueron manifestadas por los ministros designados mencionados –tengo experiencia muy reciente de que alguna declaración que he hecho en una radio ha salido en un diario con otro sentido; a veces no es por problema de mala intención sino que simplemente se interpreta mal o se entiende mal alguna afirmación–, pero más allá de que sea así o no, no se trata de una relación directa, de que un superávit fiscal primario importante impida hacer tal o cual cosa. No es así, no es ésa la situación, todo depende de cómo se obtenga el superávit fiscal primario, de qué se haga con lo que se gasta, con el gasto. Si hablamos de un superávit fiscal primario de 3,6, 3,8, 4, 3,5, 2, no importa la cifra, estamos hablando de que hay un exceso de ingreso sobre gasto antes de pagar los intereses. El asunto es cuál es el gasto que se realiza y cómo se realiza.

El compromiso del EP es llevar adelante un Plan de Emergencia en lo inmediato, de llevar adelante políticas sociales sostenibles en el mediano y el largo plazo, y eso implica –repito– una reasignación del gasto. La magnitud del superávit primario no necesariamente condiciona las mejoras que puedan realizarse en los ámbitos mencionados, como los ingresos de la población.

AG - El documento que presentó el BID en el encuentro de ayer habla, para el manejo del tipo de cambio, de un sistema de flotación, pero con intervención para evitar niveles inconvenientes. ¿Esto significa alguna novedad respecto de los planes del EP para el manejo del tipo de cambio?

WC - Creo que no es ninguna novedad respecto de lo que está pasando en el momento actual. La cuestión es primero quién interviene y cómo interviene. En el momento actual la intervención, si efectivamente es una intervención, es por parte del sector público que en algunos momentos está comprando divisas en el mercado. Se produce por vía del gobierno, es el gobierno quien compra, el BCU sólo opera como intermediario. Es decir, no es el BCU que está emitiendo dinero para comprar dólares sino que es el gobierno que usa sus disponibilidades en pesos para comprar dólares porque entiende que el dólar está barato y le conviene comprar ahora para sus necesidades futuras. Desde ese punto de vista no veo que haya cambios en lo que manifiesta el BID, de hecho es algo más o menos de Perogrullo: en todo sistema de flotación cambiaria hay intervenciones que realiza el gobierno, que pueden ser intervenciones estabilizadoras de precio o simplemente un comportamiento absolutamente racional por parte de cualquier agente.

Es decir, en un mercado en el que el precio sube y baja, cuando el precio está muy bajo para lo que se cree que debería estar lo más lógico es que aumente la demanda de ese bien o ese producto y eso haga subir otra vez el precio. Es un poco lo que ha pasado con las intervenciones del gobierno en las últimas semanas.

AD - A propósito, ¿se demoró en intervenir el Central?

WC - Primero, el Central no ha intervenido, el que ha intervenido es el gobierno; el Central ha intervenido a los efectos de hacer cobertura con operaciones futuras del gobierno. Yo no creo que se haya demorado, es muy difícil de evaluar si uno debió comprar en tal momento o en tal otro, es algo así como jugar a la bolsa, cuándo conviene comprar, cuándo conviene vender. Me parece que este tipo de acciones son lo típico, normal de un régimen de fluctuación cambiaria.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe