(Emitido a las  8.45)

ALFREDO DANTE:
La jueza civil María Eugenia Ugolini accedió al pedido de la Intendencia Municipal de Montevideo de detener desde el pasado 18 de enero todas las obras en el puerto privado Cerro Free Port, en Puntas de Sayago, culminando así un tire y afloje con multas y malentendidos que se arrastra desde la segunda mitad de 2004, según informa el diario El País esta mañana.

A pesar de esta decisión desde el gobierno electo se descartó que haya una oposición implícita al proyecto. Sin embargo se enfatizó, por ejemplo en la voz del designado subsecretario de Medio Ambiente, el arquitecto Igorra, que se exigirá el cumplimiento de todas las normas de ordenamiento territorial y ambientales, agrega el matutino.

Vamos a tratar de saber por qué la comuna capitalina pidió la suspensión de estas obras. Estamos en contacto con el director general de la Unidad Central de Planificación de la Intendencia, Alberto Ortega.

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Ortega, ¿cuál es el fundamento para hacer este pedido a la justicia al que finalmente terminó accediendo la doctora Ugolini?

ALBERTO ORTEGA:
Se trata de preservar las competencias municipales en lo que tiene que ver con atender la importancia del tema en relación al impacto sobre los vecinos y sobre una zona importante del departamento. No discutimos la competencia nacional en cuanto a determinar si tiene que haber o no un puerto, que es sin duda una infraestructura nacional, corresponde que lo discuta el gobierno nacional. Lo que sí le corresponde al gobierno municipal, de acuerdo con la normativa vigente, es asegurarse que las obras nacionales o departamentales se hagan de acuerdo con la normativa que prevé justamente que se detecten cuáles son los impactos que produce sobre el ambiente, sobre las personas, sobre el entorno, y se tomen por cargo del proponente las medidas para mitigarlos. Eso es lo que está pidiendo la Intendencia en este caso y hasta tanto no se realicen esos estudios y se comprometan por parte del emprendedor las medidas de mitigación de impacto no puede otorgar los permisos. De eso se trata.

AD - ¿Esta suspensión no tiene fechas? Es hasta que se cumpla lo que la Intendencia está pidiendo.

AO - Claro. En el mes de octubre la firma presentó preliminarmente un estudio de impacto territorial que la Intendencia analizó, consideró que faltaban varios aspectos por resolver, esos aspectos fueron comunicados a la empresa y yo entiendo que una vez que la empresa los haya salvado, se podrá discutir la posibilidad de autorizarla. El plazo no está en la cancha de la Intendencia sino en la de la empresa, que tiene resolver esos puntos.

AD - Fuentes de la empresa le dijeron al diario El País que es intención del grupo respetar y cumplir todas las normas municipales, pero reconocieron que el trámite de habilitación se ha complicado; entienden que en el fondo hay un problema sobre quién tiene la competencia en torno al emprendimiento, si debe ser la Intendencia o el Ministerio de Transporte.

AO - Creo que nosotros califiquemos aquí dónde están los errores o los inconvenientes, todos tenemos un camino marcado muy claramente, hay que cumplirlo, llevarlo adelante y ahí veremos. Por otra parte el tema de competencias también es muy claro en cuanto a la determinación de una infraestructura nacional son el Parlamento y el gobierno nacional y en cuanto a cómo se instala en un departamento determinado son los gobiernos departamentales, Montevideo o al que le toque quien tiene que dictar las normas.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe