El jerarca apuntó que, en particular, se refiere a los sectores "más humildes" de la sociedad, como es el caso de los pequeños y medianos comerciantes y los jubilados y pensionistas, actores con los que se buscará acordar medidas para mejorar la norma.

"Nos parece que habiendo uruguayos que incluso han llegado a pensar en una consulta popular (plebiscito) es importante que nosotros dialoguemos con ellos para que tengan la convicción de que es posible llegar a acuerdos que puedan satisfacer todas las inquietudes que hay al respecto", manifestó Astori tras participar en el Consejo de Ministros.

En esa línea, dijo que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, insistió "mucho" en que el Poder Ejecutivo coordine medidas en contacto con las organizaciones sociales y sindicales que representan a los actores involucrados, lo que, agregó, se hará con base en dos grandes objetivos.

Sobre el primero, enfocado en la inclusión social, se expresó la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien destacó la importancia que tienen ciertas medidas de la ley como la rebaja de 4 % de IVA para las 100.000 familias que hacen uso de las tarjetas que su cartera brinda a los más necesitados para su sustento.

Arismendi señaló que cuando se inició con ese sistema de transferencia de dinero por tarjetas los encargados de garantizar las compras a los usuarios fueron los comercios más pequeños, que también se beneficiaban de ello, de modo que para la inclusión social es "absolutamente importante" la inclusión financiera.

Sobre el segundo objetivo, Astori sostuvo que el Estado busca una "transparencia, eficiencia y modernizacion" del sistema de pagos, con lo cual los descuentos de IVA y la disminución arancelaria del uso de medios electrónicos de pago como las tarjetas de crédito y débito brindan a la población un "derecho fundamental".

"Estos son objetivos absolutamente inexorables del sistema financiero ya no nacional sino del mundo en su conjunto", valoró el jerarca.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, recalcó que más allá de quienes valoran negativamente la norma financiera, hay muchos comerciantes y empresarios que la defienden, razón por la cual se buscará dialogar y acordar con todas las partes.

"Lo que estamos tratando de hacer es buscar soluciones, algunas de ellas inmediatas, que se van a poder lograr en acuerdos con las gremiales en semanas o en pocos meses para ir profundizando un proceso al cual va el mundo y en el que tratamos de que no quede nadie atrás", sentenció Murro.

La ley de inclusión financiera entró en vigor el 1 de agosto de 2014.

El pasado 8 de agosto un conjunto de organizaciones sociales en contra de la "obligatoriedad" de esa norma lanzó una campaña de recolección de firmas para que los ciudadanos decidan si apoyan o no modificar esa norma en un plebiscito electivo en 2019. EFE