A tu criterio ¿este fue un año movido en materia de cambios tributarios?

-Si, fue un año en el que comenzaron a regir varios cambios en materia tributaria. En la última década, por lo menos quienes operamos en la materia, nos hemos acostumbrado a que con cada rendición de cuentas o con cada ley de presupuesto se introduzcan cambios en materia tributaria.

Este año no fue diferente a los años anteriores, pero tuvo un elemento adicional que fue la entrada en vigencia de la ley de transparencia fiscal (ley 19.484), que se sumó a la entrada en vigencia de varios cambios introducidos por la ley de rendición de cuentas sancionada en el año 2016 (ley 19.438).

No tenemos tiempo para repasar todos los cambios, pero a grandes rasgos ¿cuáles fueron los cambios más importantes?

-En primer lugar, la ley de transparencia fiscal implementó en nuestro país el intercambio automático de información financiera a efectos fiscales.

Esto se traduce básicamente en que a partir de este año las entidades financieras, principalmente los Bancos, deben informar a la Dirección General Impositiva (DGI) los saldos al final del año civil, los promedios anuales y las rentas de todo tipo que generen las cuentas financieras de sus clientes, sean personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes fiscales en Uruguay.

Respecto a los residentes fiscales en Uruguay, se exceptúan las cuentas cuyo saldo o promedio anual al 31 de diciembre no supere los cincuenta mil dólares. A partir del año 2019 ese tope se reduce a veinte mil dólares.

La información obtenida por DGI respecto a los residentes fiscales en Uruguay, podrá ser utilizada en el marco de sus actividades de fiscalización, y la información respecto a no residentes, será intercambiada con otros países.

Esta ley además introdujo un régimen tributario muy gravoso para las sociedades radicadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, incluidas en un listado elaborado por la DGI, que incluye a Panamá, entre otros países.

Para poner solo un ejemplo, la tasa del IRNR paso del 12% al 30.25% respecto a la venta de inmuebles. Y para la venta de otros activos, pasó de una tasa efectiva del 2.4% al 7.5%.

El objetivo de esos cambios es desestimular el uso de sociedades radicadas en esas jurisdicciones.

¿Y qué nos dejó la ley de rendición de cuentas del año pasado?

-Por un lado, el aumento de las tasas del IRPF sobre las rentas de trabajo, y la limitación de las deducciones a efectos de la liquidación del impuesto que pasaron a un porcentaje fijo en función de los ingresos del trabajador. Anteriormente las deducciones se determinaban en función de diferentes alícuotas sobre las deducciones admitidas.

Este año comenzó a regir también el pago de IRPF sobre los denominados dividendos fictos. Según este régimen aquellas empresas con utilidades sin distribuir, por más de tres ejercicios, deberán considerarlas como "fictamente" distribuidas a efectos de liquidar el IRPF de los socios o accionistas.

Algunas empresas promovieron acciones de inconstitucionalidad contra esta ley de rendición de cuentas, en relación al régimen de dividendos fictos, por entender que se gravan rentas en forma retroactiva, ya gravan ahora utilidades generadas en ejercicios anteriores. En otros casos, se sostuvo que se grava una renta inexistente para los socios o accionistas porque en la realidad no se distribuyen los dividendos. Actualmente estas acciones se encuentran en trámite ante la Suprema Corte de Justicia, y es probable que para el próximo año se dicten los primeros fallos.

¿Estos cambios han generado un mayor aumento en la recaudación?

-Probablemente generaron un aumento en la recaudación. De todos modos, creo que aún no hay información disponible que permita determinar el real impacto de estos cambios en la recaudación. Lo sabremos en los próximos meses.