"El esquema que está planteado es que el riesgo de colocar la capacidad de regasificación no es del Estado, no es de Gas Sayago (empresa estatal), es de quien tome esa capacidad de regasificación", expresó la ministra durante su comparecencia en el Parlamento.

Añadió que Gas Sayago y Shell mantienen un memorándum de entendimiento que sienta las bases generales bajo las cuales se desarrollarán negociaciones entre las partes hasta el 31 de marzo de 2018 y que no se trata de un contrato vinculante.

Asimismo, Cosse señaló que el documento especifica "confidencialidad y exclusividad", por lo que la ley aplicable es la uruguaya, así como la jurisdicción, los criterios de prácticas anticorrupción e independencia de las partes, y remarcó que el mismo "no brinda especificaciones concretas del negocio final".

"Las premisas son muy claras. El Estado no asumirá en ningún momento los riesgos de colocar la capacidad de regasificación (...). Le hemos consultado a Shell qué más necesita para tomar la decisión final de inversión. Vamos a esperar esa respuesta y, con los elementos sobre la mesa, estaremos en condiciones de tomar una decisión madura y seria", aseveró.

En tanto, la ministra subrayó que en el proceso "no hay nada ilegal", ya que dentro del memorándum de acuerdo la empresa Gas Sayago contribuirá para la infraestructura de esa posible terminal de regasificación con las autorización locales y permisos, entre otras.

"De llegar a un modelo de negocios viable en las condiciones que estamos planteando, sin riesgo para el Estado, empezará una transacción de negociación en el marco de la ley vigente", concluyó la ministra de Industria. EFE