El coordinador de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, explicó a El Espectador que esta medida busca combatir el lavado de activos y que un caso como el de Marcelo Balcedo no hubiera ocurrido si la ley hubiera entrado en vigencia antes.

Vallcorba dijo que es errónea la afirmación de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Los escribanos plantearon que se ponía en duda la estabilidad jurídica y que esta medida corría para compras anteriores al 1 de abril.

El Decreto 350/017, que reglamentó la ley, establece que la utilización de medios de pago distintos a los admitidos (por ejemplo, el uso de efectivo) será sancionada con una multa equivalente al 25% del monto abonado o percibido incorrectamente (con un mínimo de mil UI, o de 10 mil UI en caso de reincidencia). Serán responsables en forma solidaria tanto quienes paguen como quienes reciban dichos pagos.