La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, aseguró que la Dinama "aprobó la ubicación", prevista para las cercanías de la localidad de Centenario, ubicada dentro de los límites del departamento de Durazno.

De León también aseguró, según recogió la Presidencia de la República, que la planta obtuvo la certificación como categoría C, es decir, "la más exigente" a nivel nacional.

Ello implicará que la finlandesa UPM, que en noviembre de 2017 firmó un contrato de inversión con el Gobierno uruguayo, deberá entregar todos los estudios ambientales necesarios sobre el impacto en efluentes.

Luego de 17 meses de negociación, ambas partes firmaron un contrato de inversión que sentó las bases para la instalación de una segunda planta de UPM en Uruguay, aunque la decisión final de inversión se dará a mediados de 2019 o principios de 2020, según establece el texto.

Consultada sobre la preocupación que existe por la posible contaminación del Río Negro, que divide en partes casi iguales al país y en cuyas orillas se ubicará la planta de celulosa, De León afirmó que no le preocupa porque es un asunto controlado.

"Nosotros no estamos preocupados por el Río Negro porque sabemos que está controlado y que va a estar bajo control", aseguró.

En ese sentido, añadió que ese río es controlado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) desde hace ocho años.

Asimismo, recalcó que "se le pusieron límites" en el contrato de inversión de noviembre y que se monitoreará "absolutamente todo".

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguró recientemente que la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay es "un proceso irreversible".

La otra planta de UPM, ubicada en la localidad de Fray Bentos, generó tensiones entre Uruguay y Argentina durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández, después.

El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales. EFE