Dicha ley rige desde el 20 de enero de este año y obliga, entre otros, a los contadores públicos actuando en calidad de independientes a reportar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, operaciones sospechosas o inusuales de lavado de activos o financiación de terrorismo, con penas de multas que van desde 3.000 UI a 20 millones UI.

El doctor aseguró en su discurso que "hubo una época, feliz, en que en este país las leyes las elaboraban catedráticos y así aparecían leyes sistematizadas, pero cuando hablo de estas leyes nuevas las elaboran expertos internacionales que casi no pertenecen a ninguna universidad, por lo cual uno no sabe de donde provienen. Cuanto más complicadas mejor porque después necesitan leyes complementarias o decretos que aclaren lo que oscurecen y las elaboran mal". 

 La ley excluye de reportar cuando se brinda cualquier tipo de asesoramiento o  la información se obtuvo a través de su cliente para verificar el estatus legal en marco del ejercicio de derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación.