En una rueda de prensa, De La Guardia explicó que este año el Ejecutivo pedirá una "dispensa de ley" para aumentar el déficit fiscal en 300 millones de dólares que se usarán para inyectar dinamismo a la economía que, dijo, se vio afectada por la reciente huelga del sector construcción.

Ello se sumó a la menor recaudación de ingresos totales, respecto a lo proyectado en el presupuesto, "pero superior" a lo recibido en el mismo lapso de 2017, matizó el funcionario.

Los ingresos totales entre enero y marzo pasados alcanzaron los 1.705 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron por 1.676 millones de dólares.

De la Guardia también enfatizó que no es una decisión "política" del Ejecutivo, a las puertas de un año electoral en Panamá, sino una medida económica, que requiere el visto bueno de la ampliamente opositora Asamblea Nacional (Parlamento).

La "dispensa" permitirá subir el déficit, oficialmente del 1,5 por ciento del Gobierno Central (955 millones de dólares a marzo pasado), pero ello "dentro de los parámetros de la ley de Responsabilidad Fiscal" expuso el titular de Economía, con la esperanza de reforzar el crecimiento económico.

De acuerdo con el ministro, la proyección de crecimiento económico de Panamá que hizo la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la baja, de cerca de un punto porcentual, del 5,6 % previsto para este año, se puede revertir con esta "inyección para impulsar varios proyectos de inversión del Gobierno".

De la Guardia señaló que la huelga de un mes en el sector construcción, del 18 de abril al 18 de mayo, provocó una caída del 8 % en las perspectivas de crecimiento de ese sector neurálgico de la economía panameña y atrasó macroproyectos como la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen y la línea Dos del metro de Panamá.

Por ello, dijo, "es posible que se tenga que trabajar doble jornada o 24 horas" para recuperar algo del tiempo perdido y poder tener al menos parcialmente en operación ambas obras de cara a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, en enero próximo en Panamá, pero ello "sin duda acarreará más costos de los previstos".

De la Guardia sostuvo que después de la visita del FMI y de las calificadoras de riesgo, quedó claro que "la ley de Responsabilidad Fiscal panameña tal y como está diseñada es compleja y poco transparente".

Además, "no permite que se sigan acumulando nuevos ahorros en el Fondo de Ahorro de Panamá" porque eso solo puede ocurrir si los aportes del Canal de Panamá al Estado "superan el 3,5 % del producto interno bruto y eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir en el corto plazo".

Otra razón, o crítica recibida del FMI, es que "el crecimiento del funcionamiento del Estado ha sido más rápido que el de la economía y los ingresos", trayendo como consecuencia que se disminuya el gasto de capital, que es el que "genera el crecimiento".

El ministro dijo que el proyecto de ley "se venía trabajando desde hace varios meses", y que lo llevará al Consejo de Gabinete, para luego proponerlo a los diputados, no sin antes consultar a los gremios, sociedad civil y grupos organizados para recibir observaciones "y mejorarlo", si es el caso.

Si el Parlamento rechaza la iniciativa "seguiremos cumpliendo con la ley", acotó De la Guardia. 

EFE