"Argentina no es el país que más dilapida los recursos públicos en subsidios, todos los países del mundo los destinan a que estos servicios esenciales lleguen al 100 % de la población", asegura el representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, en una entrevista con Efe.

Con la intención de equilibrar de manera urgente las cuentas fiscales del país, el Ejecutivo de Mauricio Macri se ha escudado en la necesidad de aumentar indiscriminadamente los precios de la luz, el agua, el gas y el transporte público, que durante los Gobiernos kirchneristas se pagaban a un valor ínfimo en comparación.

Algunos estudios de consumo estiman que en 2015 el porcentaje de salario mínimo que se destinaba a las facturas de esos servicios era del 6 %, mientras que tres años después alcanza el 21 % y lejos quedan los sueldos actuales de adecuarse al nivel inflacionario, que los analistas calculan que en 2018 superará el 27 %.

Cuesta más llegar, por tanto, a acceder a los productos incluidos en la canasta básica alimentaria, que ha sufrido una variación interanual del 20,5 % según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un incremento que se traduce en un desgaste en el bienestar social.

"Aumentó el consumo de polentas y harinas y aumentó también el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población como consecuencia de la mala alimentación; todos estos aumentos en el precio de los alimentos y de los servicios públicos inciden en la calidad de vida", recalcó Polino.

Así se refleja en las estadísticas de mayo: la alimentación ocupa el segundo puesto en la lista de servicios que se encarecieron de manera más pronunciada (+3,3 %), mientras que la inflación continúa su escalada y ya acumula un 11,9 % en lo que va de año.

La presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, incidió en que el impacto del llamado "tarifazo" hace tiempo que "está cambiando hábitos de consumo", especialmente de primeras marcas, un fenómeno al que también afecta la fuerte devaluación del peso argentino.

"Había que reacomodar tarifas porque en definitiva esos valores los terminábamos pagando todos", señala en conversación con Efe, aunque insiste en la necesidad de reajustar los salarios si los aumentos van a ser de "más del 100 %".

Especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde, a diferencia de otros distritos en los que los precios subían, los subsidios durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) llegaron a un punto en el que se llegaba a pagar el equivalente de un dólar por la factura de la luz.

"Creo que se deberían haber hecho más campañas de concienciación con el uso racional, inteligente de la energía", dice González del Gobierno actual, que, después de haber aumentado un 45 % el gas natural el pasado diciembre, volvió a hacerlo en marzo otro 40 %.

Según los expertos, los vaivenes tarifarios son tan descontrolados por culpa de la incansable búsqueda de participación extranjera en la economía del país suramericano, donde el principal problema son "las enormes ganancias de las empresas derivadas de la falta de controles por parte del Gobierno".

"En Argentina, de las cinco grandes cadenas de supermercados -que concentran el 70 % de las ventas minoristas en el país-, cuatro son extranjeras y las 28 grandes empresas que fabrican el 80 % de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza son todas de capital extranjero", denuncia Polino.

Desde su llegada a la Presidencia a finales de 2015, las voces más críticas de la oposición insisten en que la política económica de Macri está inclinada a favorecer a las empresas y la inversión extranjera, un hecho que "empobrece" la producción nacional por un beneficio que no se traslada a la ciudadanía.

Mientras que en Argentina no se regule el nivel de rentabilidad de la financiación con firma extranjera, el "perjuicio" seguirá recayendo sobre los sectores sociales, una denuncia activa en este ámbito, que sigue reflejándose en frecuentes movilizaciones a lo largo y ancho del país. EFE