Con la concentración realizada el 23 de enero de este año, el Movimiento Un Solo Uruguay se irrumpió como un actor más en la escena política, económica y social del país. Desde algunos sectores del gobierno y del Frente Amplio se lo señala como un "operador" de la oposición, debido a sus fuertes críticas a la gestión oficial.

Son frecuentes los cuestionamientos dialécticos hacia el movimiento, que recientemente se plegó a otras organizaciones que presentaron ante Presidencia de la República miles de peticiones ciudadanas en rechazo al acuerdo firmado con UPM.

En el grupo se traza un paralelismo entre las acciones que vienen siendo desplegadas y una "persecución" en su contra por parte de diversos organismos estatales, como la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social.

"Alentamos todo lo que es el control de los respectivos organismos", dijo uno de los integrantes de Un Solo Uruguay, Federico Holzmann.

Según contó en la entrevista con Rompkbzas, el dato lo obtuvo a partir de comentarios con otros productores que se consegregaron el viernes 24 de agosto al entregar en Torre Ejecutiva el petitorio por UPM. En particular, algunos comerciantes de Montevideo afirman sentirse perseguidos por pertenecer al grupo.

El propio Holzmann, que nunca había tenido una inspección, recibió en los primeros meses después de integrarse al movimiento. "La gente tiene esa sensación", afirmó.

El productor, que vive en Paysandú, señaló además, que  casi todos los comercios de esa zona no participan en las reuniones de USU, por "miedo a las represalias de la DGI. Tampoco aceptan colocar en sus locales información sobre el movimiento.