El gobierno afirmó hace algunas semanas haber culminado la "segunda fase" de las negociaciones previstas en el acuerdo firmado con UPM para la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el Uruguay.

Pero, cuando parecía que estaba todo dicho en torno al tema, las sorpresas continúan.

Un completo análisis de todas las variables económicas del acuerdo demostró algo muy llamativo: el 51% de la inversión total prevista para que la planta pueda hacerse realidad........ estará a cargo del Estado uruguayo.

Así se desprende de un trabajo realizado por el doctor William Yohai. Ex integrante de la Red de Economistas de Izquierda, está vinculado hoy al Movimiento Uruguay Sustentable.

Entrevistado en Rompkbzas, explicó los detalles de su estudio.

El informe comienza puntalizando que contrato eléctrico le significa a UPM un subsidio por 1450 millones de dólares, dado que UTE se compromete a pagar 72,5 millones anuales por una energía que no va a necesitar. El ente utilizó en 2017 apenas el 4% de su capacidad de generación técnica.

La demanda de energía eléctrica entre 2000 y 2017 creció, punta a punta un 20%. Es esperable, por tanto, que para 2037 haya crecido otro tanto.

 Faltan, entonces, bastantes años para que UTE realmente necesite nuevas fuentes de energía, apunta Yohai.  Sin embargo, la eventual instalación de UPM2 puede adelantar ese proceso. La cláusula del contrato que obliga a ROU a garantizar un flujo mínimo del Río Negro provocará una caída de la capacidad generadora de las represas sobre el mismo. Según expresó el senador Luis Lacalle en llamado a sala de noviembre del año pasado los servicios técnicos de UTE cuantifican esa pérdida entre 45 y 160 millones de dólares anuales.

Lacalle afirmó también que el dragado del puerto de Montevideo costaría 30 millones de dólares.  El viaducto sobre el acceso ferroviario al puerto, más el traslado del puerto pesquero a Capurro costarían otros 250 millones.

Según manifestaban un día sí y el otro también jerarcas oficiales el ferrocarril costaría 700 millones de dólares.

Basándose en el costo a valor actual más una tasa de interés del 4.5% del contrato eléctrico (943 millones), el viaducto y traslado del puerto pesquero y el ferrocarril, el doctor estimó que la inversión de Uruguay será de 1900 millones de dólares.

Si se agrega lo informado por Lacalle habría que agregar otros 45 a 160 millones por pérdida de generación de UTE y 30 millones anuales por el dragado.

Por otra parte, este mes se abrió el sobre de la única oferta en carrera para construir la obra ferroviaria. Los medios de prensa siguen informando que la obra tendrá un costo de 800 millones. Lo que no se aclara en forma suficiente es que ese sería el costo para la empresa contratista. Al Estado uruguayo la obra le costaría más de 2000 millones.

 En efecto, como indicio valga  el dato de que Diego Pini, representante de la empresa española ACCIONA que fue dejada fuera del proceso licitatorio, afirmó que su propuesta es 8.3% más barata que la del grupo ganador, liderado por SACEEM, y que ello representa unos 168 millones de dólares menos. Una sencilla regla de tres, dice Yohai, da que el costo para Uruguay sería de 2.024 millones.

A fin de hacer una cuenta lo más objetiva posible con la información disponible, Yohai descontó los pagos que, incluyendo el peso estimado de los trenes vacíos, UPM debería hacer a ROU por el uso de las vías a razón de 0,05 dólares por tonelada bruta kilómetro.

Esta cifra, alrededor de 2545 millones de dólares,  representa  más que los 2.000 millones de euros que promete invertir UPM.

De acuerdo a estos datos Uruguay estaría invirtiendo un 51% del de los 4948 millones de dólares que, se calcula, constará la inversión total.

Si los precios actuales de la celulosa se mantuvieran,  la planta UPM2 generaría ganancias anuales por alrededor de 1.000 millones de dólares. La recuperación de la inversión tendría lugar en algo más de 2 años. Todo un récord a nivel internacional.

Uruguay, dice Yohai, recibiría una cifra ínfima de impuestos. Trabajarían unas 2.500 personas durante 2 años. Quedarían unos 500 puestos de trabajo permanentes.

 "En suma: cuanto más se sabe de este negocio más clara resulta su condición de ruinoso para el interés nacional. Entiendo que hasta que no se firme el contrato con el consorcio para la construcción del ferrocarril hay tiempo para revertir todo esto. Después, probablemente será demasiado tarde", concluyó Yohai en su trabajo.