Según la legislación vigente, las empresas de intermediación financiera no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco, podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes.

Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional financiero y sólo pueden ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria. Quienes incumplieren ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Hasta ahora se había interpretado por los gobiernos anteriores que el secreto bancario era para todo tipo de operaciones. Sin embargo, ya en la campaña electoral, el Encuentro Progresista proponía modificaciones a esa interpretación, aduciendo que las operaciones en las que las instituciones prestan dinero no están comprendidas por la norma.

Este miércoles, el ministro de Economía, Danilo Astori, fue recibido en el Parlamento por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. En la reunión, el jerarca informó que se tomará un plazo de un mes para proponer modificaciones a las normas, con las que se habilitaría, por ejemplo, la publicación de las listas de deudores crónicos de las instituciones.

Por lo complejo del tema, los cambios a implementarse se analizarán con la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central.

Al salir de la reunión, el ministro Astori comentó su punto de vista: "Nosotros estamos a favor de esa publicación. Con las normas en vigencia, aún no se puede hacer. Ese fue uno de los temas que se tocaron aquí, porque se discutió un proyecto del diputado (Iván) Posada, que establece una precisión del secreto bancario que nosotros compartimos. (...) Pero hay normas del Código Penal y de la Carta Orgánica del Banco Central que impedirían hacerlo en este momento".

El proyecto base sobre el cual se trabajará la modificación es del diputado del Partido Independiente Iván Posada y ya lo había presentado en la anterior legislatura.

Posada, integrante de la Comisión de Hacienda de Diputados, habló sobre la visita de Astori de este miércoles: "Están de acuerdo con los dos incisos que tiene este proyecto de un único artículo y están dispuestos a complementar este proyecto de ley con determinada información, que sería publicada por el Banco Central del Uruguay, en el marco de la transparencia que debe existir respecto a esta información que resulta clave para quienes toman decisiones en el sector real de la economía, en relación con la gestión del crédito", explicó Posada.

En el proyecto se afirma que "no se encuentra amparada" por esta legislación la información "relativa a préstamos, créditos, hipotecas, prendas, avales o garantías u otras obligaciones". Además, se agrega que: "en particular, toda persona física o jurídica podrá solicitar, a través de la institución de intermediación financiera con la que opere o al Banco Central del Uruguay, la información consolidada del solicitante y del conjunto económico que integre si fuere el caso", que esté en poder de la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay, "como asimismo la categorización o rango de riesgo crediticio asignado".

Las repercusiones no se hicieron esperar. El presidente del Banco República, Fernando Calloia, dijo que a partir de este momento quien solicite un préstamo al Banco va a tener que aceptar que el monto del crédito otorgado se haga público en la página de Internet.

"Dentro de la página de Internet del BROU, se está instrumentando un ícono donde uno puede consultar los créditos que este Directorio conceda a los grandes clientes. Sólo a los grandes clientes porque si ponemos a todos no van a encontrar a ninguno. Este Directorio concederá los créditos con una cláusula donde el deudor acepta que se le difunda la información. Si no lo aceptan, no hay crédito. Eso está resuelto y está funcionando así pero nos falta la definición en la página de Internet", contó Calloia.