(Emitido a las 8.47)

EMILIANO COTELO:
¿Qué pasa con la reforma constitucional del agua? ¿Dónde están sus efectos? ¿Qué ocurre con las consecuencias, en particular con la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento?

Vaya si es una pregunta difícil de contestar porque estamos a siete meses del plebiscito sobre el agua, que fue simultáneo con las elecciones nacionales, y aún no se conoce una respuesta formal, oficial, sobre cuáles van a ser las consecuencias de la reforma que ya está vigente.

Lo que sí se conoce es la intención del Estado de retomar los servicios que presta Uragua en buena parte del departamento de Maldonado. Es más, a través de sus autoridades, OSE hizo conocer ayer que está próxima la firma de la rescisión del contrato con Uragua. Se habla de que esto pasaría la semana que viene.

Estamos en diálogo con Carlos Colacce, presidente del Directorio de OSE.

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Colacce, ¿ustedes ya manejan una fecha para dar este paso?

CARLOS COLACE:
No una fecha exacta, pero estamos manejando que es un tema a resolverse en cuestión de días o semanas.

EC - ¿Cuál es el trámite? Una vez que ustedes resuelven la firma de la rescisión, ¿ya queda operativa?

CC - Claro, frente a la rescisión de un contrato que involucra servicios tan importantes como el agua potable y el saneamiento tenemos que tener mucho cuidado de que esos servicios no se resientan. Estamos analizando todos los escenarios posibles para garantizar el mantenimiento del agua potable; fíjese que estamos hablando de zonas como Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Piriápolis, Pan de Azúcar. Es muy importante el servicio en toda esa zona.

EC - ¿Cuál es el motivo por el cual se llega a la rescisión de ese contrato?

CC - El motivo es un incumplimiento de Uragua en base a los compromisos de obras de infraestructura que debía realizar, las inversiones. El atraso data del año 2002, prácticamente desde entonces Uragua ha dejado de invertir en las obras correspondientes, lo que ha generado una multa -con características de multa diaria- que llegada a determinado monto ha generado la causal de rescisión del contrato.

EC - La rescisión del contrato se produce por esos incumplimientos que OSE entiende que hay en la relación de Uragua con el Estado, no por la reforma constitucional.

CC - Exactamente. Ya es de público conocimiento la interpretación que se le está dando a la reforma constitucional a nivel nacional.

EC - El resumen es que en el gobierno se entiende que en principio los distintos servicios de agua potable y saneamiento que están en manos de privados van a continuar en manos de privados, salvo que haya objeciones a la forma como se están prestando esos servicios. Pero en principio la reforma constitucional del agua surtiría sus efectos en este plano del 31 de octubre en adelante.

CC - Exacto, no tiene un efecto retroactivo, todas las concesiones que estaban vigentes al 31 de octubre seguirán vigentes, siempre y cuando no tengan problemas contractuales, lo cual es harina de otro costal.

EC - En el caso de la relación con Uragua y a propósito de estos incumplimientos que usted mencionaba, desde la empresa se ha sostenido que no hubo en su momento notificación de la denuncia de esos incumplimientos y que por lo tanto habría una falla formal en el procedimiento que se está siguiendo. ¿Qué contesta usted?

CC - La Comisión de Contralor de Concesiones ya había notificado, realizaron un informe en diciembre de 2003 sobre la causal de rescisión –es decir que la misma data de hace un año y medio–, informa a las autoridades de OSE de aquel momento y es cierto que se dilató mucho la notificación de ese informe a la empresa concesionaria. Recién en agosto se notifica a la empresa, que tiene un plazo para responder; pide prórroga, se le otorga la prórroga, y termina respondiendo al informe. O sea que Uragua es plenamente consciente de que ya fue notificada el año pasado de las causales de rescisión; cierto es que responde mientras se le otorga la prórroga la fecha ya es posterior al 31 de octubre, con lo cual ya incorpora el argumento de que su contrato es ilegal. Ése es el argumento que ellos manejan a partir de la interpretación que hacen del referéndum, pero la causal técnica de rescisión ya existía.

EC - Vamos a ir seguramente a un juicio en este caso, porque OSE está rescindiendo por los presuntos incumplimientos; por su lado Uragua sostiene que los incumplimientos no fueron notificados que se preveía en los contratos, pero además argumenta que en realidad el problema es otro, que desde el 31 de octubre el contrato es inconstitucional. Y paralelamente reclama las indemnizaciones que por la reforma constitucional estarían previstas.

CC - Efectivamente, es muy posible que esto termine en un juzgado. Yo he participado en otros contratos de obra donde ante una situación de rescisión, sea cual sea el motivo, se termina en un juzgado. Esto se dirimirá con el tiempo, puede ser un juicio que lleve mucho tiempo, obviamente los campos de batalla son distintos de un lado y otro. Saldrá un día una noticia que todos conocerán sobre cuál fue el fallo final.

CC - Sí, pero lo peor es que esa noticia puede llegar a ser que el Estado le tiene que pagar a Uragua no sé cuántos millones de dólares.

CC - Está dentro de las posibilidades, no es mi opinión pero puede ser, eso lo dirimirá un juez en su momento. Lo importante aquí, que es el resultado fundamental para la zona de Maldonado y todo el país porque es una zona turística y en la que está implícita la calidad de aguas de la costa, etcétera, es que no sólo se va a sumir el servicio con todas las garantías de una buena gestión, sino que el organismo va a asumir las obras que están interrumpidas desde 2002 y que por lo visto bajo la égida de Uragua no iban a ser realizadas, la ecuación económica no da esa posibilidad, menos que menos hacer una renegociación del contrato para que sea viable.

EC - Veamos eso. Entonces OSE retomará por sí misma los servicios de agua potable y saneamiento que prestaba Uragua.

CC - Exactamente. En el ínterin vamos a conformar una unidad ejecutora descentralizada con el personal de Uragua, que es una gestión que se refiere a lo comercial, a todo el servicio de reclamos. Esto tiene una buena imagen según las encuestas realizadas en el departamento, vamos a mantener esa gestión durante un plazo prudencial que abarque el próximo verano. En ese ínterin vamos a definir, junto con otros actores nacionales, incluso la Intendencia Municipal de Maldonado ha estado opinando sobre el tema de cuál va a ser la situación institucional definitiva del servicio en toda esa zona.

EC - ¿Puede llegar a conformarse una empresa especial de propiedad estatal que se ocupe de esos servicios, una empresa mixta por ejemplo OSE-Intendencia de Maldonado?

CC - Puede ser.

EC - ¿Ese es uno de los mecanismos que están pensando?

CC - Concretamente estamos pensando en el primer escalón, que es bien importante, darnos un lapso de tiempo suficiente para luego sí analizar con tranquilidad esa situación. Esa posibilidad puede ser, puede ser que sea solamente OSE, se verá; lo importante es garantizar, más allá de esa figura institucional, que se van a retomar las obras y vamos a tener las aguas de saneamiento con la protección de la calidad de agua costera que necesitamos.

EC - Le preguntaba y manejaba en especial esa posibilidad de que se conforme una empresa OSE-Intendencia de Maldonado porque para ese servicio ya estaría rigiendo la reforma constitucional del agua y por lo tanto la empresa debería ser sólo de propiedad estatal, municipio y OSE serviría, en ese esquema sería viable.

CC - Exactamente, y lo que es importante, con todas las garantías del Estado. Cuando se dice que las obras se van a realizar, se van a realizar y no van a estar sujetas a la ecuación económica de un privado.

EC - Ese es el punto, si es el Estado el que se hace cargo de los servicios, ¿cómo se puede garantizar que se van a continuar las inversiones? ¿De dónde salen los dineros para esas inversiones?

CC - Fuentes de financiamiento hay diversas y estamos en contacto: Banco Mundial, BID, instituciones que tienen larga tradición de financiamiento en este tipo de obras.

EC - Pero habría que contraer más deuda entonces.

CC - Habría que contraer más deuda, obligadamente, pero son siempre inversiones que tienen su tasa de retorno incorporada, porque estamos hablando de beneficios que tienen sus tarifas asociadas, así que desde ese punto de vista la economía del país puede verse resarcida. Y lo que es muy importante es que el tipo de obras que se van a realizar como solución técnica de disposición final de las aguas de la conurbación Maldonado-Punta del Este va a ser mucho más económica que la que se estaba planteando en el contrato con Uragua.

EC - ¿Por qué?

CC - Básicamente la disposición final se realizaba a través de un emisario subacuático con una longitud estimada que superaba los 3 kilómetros, lo cual era una obra de altísimo costo, incluso todas las conducciones principales que llevaban las aguas hacia la punta misma de Punta del Este eran obras de conducciones muy importantes, en suelo rocoso, eventualmente afectando temporadas estivales con obras de infraestructura muy molestas para el funcionamiento urbano. En ese sentido se está planteando una alternativa técnica muy razonable y muchísimo más económica, que es realizar una planta de tratamiento terciario con todas las garantías en una zona al noreste de la conurbación para verter el agua tratada al arroyo Maldonado. De esa forma se tendría un ahorro del orden de los 100 millones de dólares con respecto a las obras que estaban previstas, que eran realmente faraónicas.

EC - ¿Usted al pasar dijo que los funcionarios de Uragua van a ser absorbidos por OSE?

CC - Sí, en ese ínterin; lo cual por supuesto amerita todo un detalle legal, trabajo en el que estamos también metidos. Sí, sería tomar el conjunto o un altísimo porcentaje de ellos –obviamente de acuerdo a la voluntad de cada uno– para incorporarlos a esa unidad ejecutora descentralizada.

EC - Hay un punto allí que más de una vez se ha discutido, que es que esos funcionarios dejaron OSE recibiendo incentivos a esos efectos.

CC - A eso me refería precisamente con el tema de algún aspecto legal que hay que hacer, algún detalle, alguna excepción.

EC - ¿Cómo se solucionaría eso? Porque OSE habría perdido plata entonces con este negocio.

CC - Con el tema de la devolución de los incentivos. Es cierto, pero estamos hablando de un tema que sería transitorio, no estamos planteando que esos funcionarios ingresen a la carrera funcional. Sería un tema transitorio por razones más que obvias, valederas; es un pequeño detalle en todo este tema.

EC - No me queda claro cuál es la solución; ¿cuándo la van a tener?

CC - No quiero anticiparme y comprometerme con una fecha, pero como dije al principio estamos hablando de semanas, esa sería la unidad de tiempo razonable para pensar.

EC - Y con respecto a Aguas de la Costa, la otra empresa que brinda servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado, en este caso al este del arroyo Maldonado, ¿qué es lo que se piensa hacer? Porque la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida reclama que también le sea rescindido el contrato.

CC - Ya está implícito en lo que fuimos conversando. Con Aguas de la Costa vamos a estar centrándonos en el tema de la tarifa, ya que tiene una tarifa diferencial, hay una tarifa más cara para aquellos que habitan solamente en el período estival, que no tienen la morada permanente en la zona que va de la Barra de Maldonado a José Ignacio. Ahí el tema es tratar de unificar la tarifa, que es lo que más problemas trae.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe