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DANILO ASTORI:
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta nueva invitación que hemos recibido de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) que, como dijo su presidente, a quien agradezco especialmente sus palabras y su presentación, mantiene con nosotros una relación muy fluida desde hace mucho tiempo. No sólo desde que hemos asumido el gobierno sino desde bastante antes nos ofrece este espacio para poder compartir con empresarios de Uruguay nuestras inquietudes, nuestras reflexiones y ahora el balance de nuestra gestión.

No sería sincero yo tampoco si no comenzara por decirles que no nos sentimos la parte buena del gobierno, mientras que hay otras partes que son malas supuestamente. Integramos un gobierno coherente, que nos da todo su apoyo y al que brindamos también todo nuestro apoyo. El gobierno es uno solo, es coherente, hace lo mejor que puede, brinda lo mejor de sus esfuerzos y su energía al servicio de Uruguay.

Y hoy, precisamente, hablando de esfuerzos y energía, vamos a brindar lo mejor de nosotros mismos para intentar ser claros y despejar las incertidumbres que aún puedan existir. Ustedes dirán, con sus preguntas, sus intervenciones, sus reflexiones, cuáles son los puntos que están oscuros y nosotros haremos lo mejor que podamos para aclararlos.

Estoy seguro de que estas palabras están llegando a oídos receptivos, porque el señor presidente, representando, por supuesto, a todos los empresarios que hoy nos acompañan, hablaba de responsabilidades. Precisamente de eso también vamos a hablar hoy. Así que esa responsabilidad despierta, con certeza, la sensibilidad para que este mensaje llegue con la mayor claridad posible.

Dicho esto, quiero compartir con ustedes el hecho de que terminando el año 2005 disponemos de una buena instancia para repasar lo que se ha venido haciendo y, sobre todo, establecer las perspectivas de lo que vendrá, siguiendo el curso de acciones que en su inmensa mayoría que ya están en pleno desarrollo.

Este gobierno asumió funciones el 1º de marzo de este año con la actividad económica del país en recuperación. Actividad económica en recuperación que se verificaba fundamentalmente, entre otros indicadores, en evoluciones muy positivas de la producción y las exportaciones. Pero también llegó a trabajar a un país con niveles extraordinariamente bajos de inversión productiva, entre los bajos de América Latina, que es una región que también se caracteriza por sus bajos niveles de inversión; un país con gravísimos problemas cuantitativos y cualitativos de empleo, los primeros marcando una notoria insuficiencia, los segundos marcando una muy baja calidad en los puestos de trabajo. Llegó a un país con la pobreza en crecimiento, con desigualdad social, con fisuras en el tejido social y en la cohesión que, desde ese punto de vista, caracterizó siempre al país. Y con una importante marginación de buena parte de la sociedad uruguaya. Llegó a un país con la deuda más alta de su historia, y una de las más altas del mundo si la consideramos en términos relativos, con todo lo que ello significa en materia de estrecho margen de maniobra para cualquier gobierno y una grave condicionalidad sobre el margen de posibilidades de acción del gobierno.

Sería un grave error atribuir lo malo y lo bueno de esta situación a la crisis de 2002. Digo lo malo y lo bueno porque, obviamente, aquí tenemos factores muy malos, intrínsecamente malos –los problemas de empleo, la baja inversión, la pobreza, la deuda–, y lo bueno –la recuperación importante de 2003, 2004– a la crisis de 2002 y a la manera de la cual el país salió de la misma.

Cualquier explicación seria sobre lo que ocurría en Uruguay cuando este gobierno asumió funciones no puede evitar referirse a la persistencia estructural, a largo plazo, de obstáculos arraigados, de larga duración, cuya solución fue sistemáticamente postergada por décadas. No sería serio evitar el análisis de estos aspectos. Como tampoco podría entenderse que este nuevo gobierno, que ha llegado para transformar profundamente al país, no base su gestión en, por fin, el encare de estos obstáculos estructurales de larga duración.

Esta es la principal identidad de la conducción económica que tiene hoy Uruguay, esta es el alma de la conducción económica: las reformas estructurales que, sobre la base de esa visión que acabo de proponer, el gobierno ya ha puesto en marcha.

Este gobierno tiene que ser identificado por eso en primer lugar, por las reformas que está haciendo, por las que va a seguir desarrollando, por las que va a culminar.

Quiero plantear las nueve reformas que están en marcha desde el punto de vista estructural, algunas de las cuales van a ser luego analizadas más en profundidad por Mario Bergara, que tomará este tema como un tema de desarrollo, con más detalle, de los aspectos que nos interesa compartir hoy con ustedes.

En primer lugar la reforma financiera, una reforma que está naciendo en la propia autoridad monetaria, en el Banco Central del Uruguay (BCU), reforma a la que después su propio presidente también podrá referirse. Estamos reformulando la ley de Carta Orgánica del BCU, promoviendo una reestructura institucional de la autoridad monetaria, y al mismo tiempo planteándonos el objetivo de una mayor eficiencia en sus gestiones. Simultáneamente estamos ya trabajando en un proceso de transformación profunda de una institución seriamente dañada por años, por décadas de mala gestión y de clientelismo político-partidario; me refiero al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Con el Ministerio de Vivienda y con el propio directorio del banco estamos ya en pleno proceso de diseño de una nueva etapa profundamente distinta en la historia del BHU.

Estamos procesando la reforma tributaria, cuyos lineamientos generales ya han sido expuestos públicamente y sometidos a consulta pública, alentados e inspirados por los objetivos de equidad, eficiencia y coherencia con el objetivo o la finalidad de incrementar la inversión productiva.

Está en pleno desarrollo la reforma de la administración tributaria, comenzando por la Dirección General Impositiva (DGI), que ha comenzado a desarrollar este proceso en plenitud, pero también avanzando en el campo de la coordinación de la DGI con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), cuya reforma ya ha empezado también a formularse hace algunas semanas.

En cuarto lugar, estamos desarrollando, ya con acciones concretas desde este punto de vista, una reforma en el sistema previsional del país, atacando específicamente la situación de tres cajas con impacto fiscal negativo hasta ahora en Uruguay. El proyecto de ley de transformación de la Caja Policial ya está en el Parlamento, y durante el transcurso del próximo año haremos lo mismo con la Caja Militar y la Caja Bancaria.

En quinto lugar, estamos trabajando, ya con medidas concretas también, en la construcción de un clima de negocios que incluye reglas claras de juego y compromiso del gobierno con su mantenimiento, y trataremos de ser lo más claros posible al respecto en el análisis de estas reglas. Defensa de la competencia, proyecto de ley que está avanzado ya en el análisis de la Cámara de Representantes, nueva legislación en materia concursal y de quiebra y apertura de los espacios públicos para la presencia y la cooperación con el sector privado. Y esto es especialmente importante en el caso de las empresas públicas.

En sexto lugar, la reforma del proceso y la estructura institucional del presupuesto, tema que abordará en profundidad el economista Carlos Viera, incorporando criterios absolutamente innovadores en la historia presupuestal de este país, comenzando por la responsabilidad fiscal. Esto es, asegurar la coherencia del presupuesto con el programa financiero del gobierno. Ningún presupuesto de este país ha incluido hasta ahora una regla de tope del gasto, como incluye este presupuesto, el primer presupuesto de la izquierda en Uruguay. Responsabilidad fiscal, compromisos de gestión como los que ya tenemos en marcha en varios organismos del sector público, transparencia, premio al buen gasto, premio al ahorro, criterios –repito– absolutamente innovadores en la historia presupuestal de Uruguay.

Estamos procesando una reforma en la administración de la deuda pública. El país, que tiene una deuda importante, la más grande de su historia, una de las más importantes del mundo, nunca administró profesionalmente su deuda pública. A partir de ahora lo va a hacer, porque vamos a instaurar en este mes de diciembre una Oficina de Administración de la Deuda Pública sobre la base de un nuevo proyecto de ley de endeudamiento público que establece nuevos topes, nuevos criterios para este manejo y que ya está en el Parlamento para servir de base a la administración de la deuda en el país.

Estamos comenzando uno de los procesos más complejos de reforma que seguramente tendremos que enfrentar: la reforma del Estado. Complejo por la cantidad de factores que hay que abordar, complejo porque, además de rasgos comunes, tenemos también situaciones específicas en las que hay que actuar con criterios igualmente específicos.

El ministro de Economía, Danilo Astori, junto a su colega de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra.

Entre los rasgos comunes menciono la mayor profesionalidad en la conducción de las instituciones públicas, estatutos objetivos en materia de funcionarios, que serán presentados el próximo año como parte de la primera ley de rendición de cuentas; mayor control social de la gestión pública, mayor transparencia, mayor descentralización. Y cuando hablo de situaciones específicas vuelvo a poner el ejemplo de las empresas públicas: estamos decididos, y ya comenzando con ejemplos concretos, a buscar nuevas modalidades de cooperación con el sector privado o público, seguramente del exterior. La presentación que hemos hecho hace algunos días junto con el señor ministro de Industria y el ministro de Transporte y Obras Públicas, porque en el gobierno trabajamos de común acuerdo y con coherencia, acerca de la nueva situación y el futuro de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) es un buen ejemplo acerca de buenos negocios que el sector público podrá hacer con el sector privado en beneficio del país.

Y finalmente, estamos encarando cambios muy importantes, en este caso, además del ministro de Industria y el ministro de Ganadería, debo mencionar al ministro de Relaciones Exteriores, en la inserción internacional del país. No podemos quedar presos o rehenes de un Mercosur con gravísimos problemas, Uruguay tiene, sin contradecir el proyecto, que mejorar su inserción fuera de la región. Y en esa búsqueda de inserción fuera de la región tiene que asumir una actitud proactiva en la búsqueda de inversiones y comercio. No nos podemos sentar a esperar que los inversores lleguen a Uruguay. La experiencia mundial, la experiencia internacional aconseja salir a buscarlos porque son muchas y muy ricas las oportunidades de inversión que tienen los inversores a lo largo y a lo ancho del mundo.

Esto en cuanto a las reformas estructurales, vuelvo a repetir, signo fundamental de identidad, signo fundamental de diferenciación de este gobierno respecto de los ya conocidos.

Pero vamos a la conducción macroeconómica de este gobierno, que también tiene su perfil propio. Es un error, a nuestro juicio, decir que la conducción macroeconómica de este gobierno es similar a las anteriores, por una sencilla razón: no es similar a las anteriores. Y voy a intentar explicar por qué.

En primer lugar, disciplina fiscal y monetaria, desde luego, pero vamos a preguntarnos para qué es la disciplina monetaria y fiscal, al servicio de qué finalidades está esta disciplina, que es, obviamente, un punto de partida elemental de todo buen administrador, y nosotros pretendemos ser buenos administradores de los intereses nacionales. En primer lugar para asegurar consistencia con el programa financiero del gobierno, y además de consistencia sostenibilidad, solidez a lo largo del tiempo. En segundo lugar para asegurar equilibrio en las cuentas públicas, y terminar de una vez por todas con ese factor permanente de endeudamiento que ha sido el déficit fiscal, verdadero factor estructural de endeudamiento en este país. Y cuando digo factor estructural de endeudamiento me refiero a una historia de décadas, de por lo menos cinco décadas en Uruguay, porque esta historia del desequilibrio fiscal comenzó a mediados de los años cincuenta del Siglo XX.

Por supuesto que disciplina fiscal y monetaria para ir progresivamente disminuyendo el peso de la deuda pública con relación al producto y sobre toda la economía uruguaya en su conjunto, dando especial prioridad a la disminución de nuestro endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es nuestro principal acreedor y del cual provienen, además, como es lógico por ser el principal acreedor, las más fuertes condicionalidades con las que tiene que trabajar el gobierno de Uruguay.

Disciplina fiscal y monetaria para tener una inflación en descenso y bajo control, porque esta es otra historia estructural de Uruguay, los desequilibrios en los precios internos, que han terminado minando todo plan de inversión, y esta es la principal fuente de incertidumbre en un país, la inflación, y al mismo tiempo constituyendo uno de los factores más importantes de la redistribución regresiva del ingreso en perjuicio de quienes perciben ingresos fijos durante buena parte de nuestra historia contemporánea.

Si analizamos la historia de estas cinco décadas sin pasiones, con objetividad, podremos concluir que este no ha sido el panorama predominante durante estos 50 años, no ha sido un panorama de equilibrio fiscal, de disciplina, de orden. Más bien predominó el desequilibrio. La disciplina fiscal y la disciplina monetaria obtuvieron triunfos efímeros en este país, y triunfos efímeros, alguno de los cuales fue obtenido después de sufrir un severo golpe, como el que sufrió este país en la crisis de 2002.

Nosotros pretendemos otra cosa, pretendemos que el orden en las cuentas y la disciplina se conviertan en una situación sostenible en el país, que sea una característica permanente. Y les digo más: si no hiciéramos las reformas que acabamos de ver y que vamos a seguir con mucha convicción desarrollando, tarde o temprano también nosotros estaríamos sumiéndonos en el desequilibrio fiscal y monetario, por más buena intención que tuviéramos al respecto.

Sin embargo esto no agota el perfil propio de la conducción macroeconómica, porque además hay que tener en cuenta la composición de los agregados. El equilibrio fiscal no es siempre igual, hay que hurgar en su contenido. El equilibrio fiscal tiene dos grandes componentes, el componente del gasto y el de los ingresos, no se llega de la misma manera a los equilibrios cualquiera sea la decisión que se tome. Entonces es por eso que este gobierno tiene una composición del gasto totalmente diferente desde ya de la que hemos conocido hasta ahora, y si no examinemos el presupuesto que acaba de ser aprobado. Ese presupuesto contiene una clarísima prioridad a la educación, a la salud, a la seguridad pública y a la infraestructura dentro del estrecho margen de maniobra que tenemos. Pero está marcando una orientación, la composición del gasto está cambiando, llegamos al equilibrio fiscal con un gasto distinto del que hemos tenido hasta ahora.

Y habremos de llegar también con ingresos diferentes, porque para algo estamos haciendo una reforma tributaria que apunta a la justicia, a la equidad como componente fundamental, además de la eficiencia y la coherencia con la inversión productiva. Entonces los ingresos también van a tener una composición distinta, y desde este punto de vista llegaremos al equilibrio fiscal, seguramente, con una composición de ingresos diferente.

Ingresando ya en mis reflexiones finales de esta presentación, quiero decirles que, sabiendo que en el contexto de una situación financiera muy complicada, como la que heredamos, no había –no hay– objetivo más importante en este país que no sea el de incrementar la inversión productiva, fue imprescindible asegurar un acuerdo con los organismos multilaterales, acuerdo que empezamos a buscar apenas conocido el resultado electoral de octubre del año pasado. En noviembre ya estábamos teniendo la primera reunión con el FMI, que luego acompañamos con reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Al segundo mes de este gobierno, en abril, el país ya tenía acuerdos con los tres organismos.

Razones financieras explicaron esta urgencia, el país tenía compromisos tremendamente importantes y tenía que asegurar la posibilidad de atenderlos, porque este es un país serio que cumple con sus compromisos y va a seguir cumpliendo responsablemente con sus compromisos. Pero también había que generar una inyección de confianza y estabilidad en la economía uruguaya, inyección que se logró porque luego quedó demostrado, con nuestras salidas al mercado voluntario de crédito internacional, que el país era observado con mucha confianza por parte de los inversores. Las tres salidas que hicimos culminaron con un éxito rotundo en la colocación de bonos soberanos de Uruguay.

Lo que nos permitió, también durante este año, empezar a reestructurar la deuda pública, reestructuración que vamos a seguir desarrollando a partir de la reforma que ya anuncié, la instauración de la Oficina de Deuda y la nueva ley de endeudamiento. Reestructuración que, además de las tendencias ya mencionadas –disminución de la relación deuda-producto, reducción de la exposición del FMI en la economía uruguaya–, va a asegurar una evolución suave de los vencimientos. Evolución suave, predecible, por supuesto, que sea compatible con las posibilidades financieras del país.

Ya estamos –podría decirse esto en términos gráficos– derribando las grandes torres de vencimientos con las que comenzamos este gobierno. Algunas ya están eliminadas, las otras las vamos a seguir eliminando en el corto plazo, precisamente como parte de esta reestructuración de la que les he hablado.

Recién hablé de estabilidad. Quiero culminar esta presentación señalando que queremos trabajar con un nuevo concepto de estabilidad en el país. Para nosotros la estabilidad es un concepto socialmente global, no puede ser visto desde una sola perspectiva. Para empezar, no es sólo estabilidad económica, es también y fundamentalmente estabilidad social. Y sé que estoy llegando a oídos receptivos, porque el presidente de ACDE hablaba en la presentación precisamente de responsabilidad social de los empresarios. Todas las acciones inclusivas en una sociedad que se caracterizó por excluir y expulsar a veces son acciones de estabilidad, para encarar todos juntos el proceso de desarrollo nacional en el que estamos todos de acuerdo.

Tenemos un Plan de Emergencia, que es también desde el punto de vista del gasto una gran novedad respecto de los gobiernos anteriores, es también una gran novedad para llegar al equilibrio fiscal. Ahora pido que lo tengan en cuenta como factor de inclusión y de estabilidad social.

Afortunadamente –y esto revela que hay una mejora evidente en la gestión de este plan– estamos percibiendo ahora que hay salidas del Plan de Emergencia motivadas por un acceso exitoso al mercado laboral. Y esto puede ser visible en algunas regiones que ya están recibiendo un impacto positivo de la inversión productiva. Pongo los ejemplos de Fray Bentos y Nueva Palmira, donde hay un enorme crecimiento de los nuevos puestos de trabajo por las inversiones que están en marcha, y al mismo tiempo una salida del Plan de Emergencia motivada, precisamente, por el acceso al mercado laboral. Todo esto es estabilidad, y es estabilidad al servicio del crecimiento y el desarrollo económico del país.

Pero los invito también a ver la estabilidad desde un punto de vista general para todos los actores. Estabilidad para los empresarios, sí señor, por supuesto que sí, pero estabilidad y reglas claras también para los trabajadores, que durante mucho tiempo no tuvieron no sólo reglas claras sino garantías mínimas de estabilidad laboral, y por supuesto que ahora están buscando lo que no tuvieron hace mucho tiempo. Y este gobierno está dispuesto a asegurar que ese concepto de estabilidad sea para todos los integrantes de la sociedad, los que colaboran desde diferentes ángulos, desde diferentes ámbitos, con su propio esfuerzo, al logro del objetivo común.

Por esta razón es que aun antes de comenzar el desarrollo de la experiencia de los consejos de salarios establecimos junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el llamado Compromiso Nacional. Compromiso Nacional, desde luego por ingreso y empleo, donde hemos presentado siempre la orientación de las medidas de este gobierno –acabamos de hacer ahora la presentación de los lineamientos de la reforma tributaria en ese Compromiso Nacional–, y también otra palabra que quiero recalcar y que ya fue pronunciada varias veces en lo que va de esta jornada: responsabilidades. Ese Compromiso Nacional es también para que todos, empresarios, trabajadores y gobierno, asumamos nuestras responsabilidades en el desarrollo del país.

Ahora vamos a empezar con las intervenciones de Mario Bergara, Fernando Lorenzo, Carlos Viera, Walter Cancela, a profundizar con más detalle diversos aspectos de lo que yo acabo de presentar en esta introducción. Y, desde luego, como también dije antes, el espacio de las preguntas y de las intervenciones de ustedes, seguramente enriquecerá este análisis colectivo que estamos realizando aquí gracias a ACDE.

Muchas gracias.

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