El funcionario insistió en que el organismo aplica con imparcialidad las normas tributarias y lo hace igual con los chicos y los grandes comerciantes.

Dijo que hay requisitos que la empresa no estaba cumpliendo. "(Para) las empresas que no cumplen con las normas, mas allá de la importancia, existe la ley. La vara es la misma...Para las empresas que facturan poco, mucho o muchísimo. Todos tenemos que cumplir la ley", afirmó.

Destacó además que, como parte de la reforma del organismo recaudador, se crea una división de grandes contribuyentes. Son 227 empresas que representan más de la mitad de la recaudación.  Con estas empresas, más allá de atenderlas con un café, es obligación mirar si cumplen, dijo. Y agregó: "en caso de no cumplir, tenemos que aplicar la misma norma para todos".

El jerarca descartó que detrás de la sanción a Tienda Inglesa haya "trabas burocráticas" o la  voluntad de "complicar los mecanismos" y enfatizó que la normativa es cumplida por  pequeños comerciantes.

Aunque enfatizó que el secreto tributario le impide dar detalles de la investigación, deslizó algunas pistas sobre el caso. Por ejemplo, sostuvo reiteradamente que una empresa tiene que presentar las facturas de compra y no puede aducir que se las robaron del auto, se estropearon en un contenedor o se quemaron en el incendio de un depósito.

Lo normal es que cuando se dice: `compro mercaderías por tanto valor´y se descuente el IVA, se guarden las facturas, añadió.

Para Zaidensztat , no se puede hacer un "acto de fe" en la empresa y decir: `a usted le creo porque se llama Don José´.

El jerarca aprovechó para responder a Conrado Hughes, que en el espacio de La Tertulia de En Perspectiva se mostró crítico con el accionar de la DGI.  "En La Tertulia, se dijeron disparates técnicos", se defendió el funcionario. Y agregó: "Cuando uno no sabe no opina, y no puede prejuzgar". Según Zaidensztat, no se puede criticar o adherir a una normativa según a quién se le aplica.

Y garantizó que existen los mecanismos para que la empresa se defienda. La sanción la impone un juez, si no se está de acuerdo se puede pedir la revocación del acto...está el Tribunal de Apelaciones, se puede interponer `inconstitucionalidad´, ejemplificó.

Los recursos, aclaró, no tienen efecto suspensivo, pero siempre (por un criterio de prudencia) cuando cualquier empresa interpone el recurso, la DGI espera, sostuvo.

En el caso de Tienda Inglesa, hay "hechos objetivos" como que no podía verse la "materialidad de lo que declaraba la venta".

"Depende de lo que falle la Justicia, puede o no tener efectos suspensivos", agregó.

(En breve, Espectador.com publicará la transcripción completa de esta entrevista en En rspectiva)