(Emitido a las 8:25)

EMILIANO COTELO:
El lunes pasado analizamos el dato inflacionario de enero en   nuestro país. Hoy nos proponemos ver qué sucedió en materia de precios en la Argentina, donde se generó un duro enfrentamiento entre el gobierno y los funcionarios del INDEC, el organismo encargado de elaborar el Indice de Precios al Consumidor o IPC.

¿Cuáles han sido los últimos datos en materia inflacionaria? ¿Por qué se produjo el enfrentamiento entre el gobierno y funcionarios del INDEC? ¿Qué efectos podría tener esta controversia desde el punto de vista económico? Enseguida dialogamos con el economista Horacio Morero, de Tea Deloitte.

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Horacio, empecemos recordando los principales números. ¿De cuánto fue la inflación en 2006? ¿Qué sucedió con respecto a los años previos?

HORACIO MORERO:
El año pasado la inflación cerró en 9,8%, por lo que se observó una caída con respecto a 2005, cuando el aumento de precios había llegado a 12,3%. De todas formas, a pesar de esa disminución, la inflación de los últimos dos años ha sido mayor a la de los años previos: en 2004 los precios habían crecido 6,1% y en 2003 sólo 3,7%.

EC: - ¿Y por qué la inflación se redujo en 2006?

HM: - Bueno, la inflación se redujo no por la aplicación de políticas antinflacionarias tradicionales, como puede ser una contracción de los agregados monetarios, sino en la aplicación de políticas más heterodoxas. Por ejemplo, desde fines de 2005 el gobierno acordó primero, y controló después, los precios de ciertos artículos de importancia en la canasta de consumo. El caso más notorio son las tarifas de los servicios públicos, que están casi congeladas desde la devaluación, hace más de 5 años.

Pero además se acordaron o controlaron los precios de ciertos alimentos. Incluso, recordemos Emiliano, que el gobierno llegó a prohibir las exportaciones de carne vacuna para que aumentara la oferta local, de forma de lograr una disminución del precio, por lo menos en el corto plazo.

EC: - Pero a pesar de no aplicar los métodos más tradicionales, igual debemos reconocerle al gobierno de Kirchner cierto éxito en la política de control de precios.

HM: - Sí es cierto, los datos dicen que la inflación no sólo frenó su tendencia al alza sino que además se redujo en forma moderada.

De todas formas, si excluimos de la medición los rubros cuyos precios están "controlados", entonces el aumento de precios se ubicó en torno de 15% en 2006, bastante por encima del guarismo oficial que incluye a dichos rubros.

Además, no debemos dejar de considerar las distorsiones que se producen en los diversos mercados donde se establecen controles de diversa naturaleza, ya sea sobre los precios directamente o controles de otro tipo. Esto ya lo hemos marcado en otra oportunidad. Las empresas de servicios públicos no están invirtiendo porque tienen mucha incertidumbre acerca de cómo van a evolucionar los precios futuros. También es bastante claro que prohibir las exportaciones de carne, paradójicamente, puede llevar a una disminución de la oferta en el mediano plazo que termine aumentando los precios internos. Esta es la parte negativa del control de precios.

EC: - ¿Y qué sucedió con el guarismo de enero?

HM: - Según el dato oficial la inflación fue de 1,1%.

EC: - ¿Y por qué se generó tanta polémica?

HM: - Porque unos días antes de que se diera a conocer el dato, el gobierno desplazó a una funcionaria del INDEC, justamente a la directora del área responsable del cálculo del IPC. Y esto ocurrió justo cuando analistas privados daban como un hecho que la inflación de enero sería mayor a 1,5%.

EC: - Pero los analistas podrían haberse equivocado... ¿hubo algo más?

HM: - Sí. Los propios empleados del INDEC amenazaron con revelar el dato "real" de enero si éste era muy distinto al que fuera a informar el gobierno. De hecho, no sólo amenazaron, sino que según varios medios de prensa los funcionarios revelaron que según la información que ellos manejaban la inflación debería haber sido de más de 1,8%; en concreto de entre 1,8% y 2%.

EC: - ¿Y por qué esa diferencia con el dato oficial?

HM: - Bueno, en esto pueden incidir diversos aspectos metodológicos, pero en concreto lo más relevante es que en el cálculo de enero no se incluyó el fuerte aumento de hasta 23% en los servicios que brindan las instituciones de salud, conocidas como prepagas.

EC: - 23%!! No incluir ese aumento es algo muy delicado, muy objetable, ¿verdad?

HM: - Nosotros creemos que sí, pero en realidad hay que tener en cuenta que el gobierno introdujo un cambio en la forma de cobertura médica. Antes se pagaba una cuota por todos los servicios. Ahora el usuario puede optar por pagar una cuota por los servicios básicos, que subieron sólo 2%, y además hacer pagos extras o "copagos" como se los denomina, por consultas, exámenes, etc.,. En el cálculo de enero se incluyó ésta suba, la de 2% y no la de 23%.

Igualmente, más allá de esto, que es discutible, el tema de fondo es poder discernir si se complicó el cálculo por el cambio en la forma de cobertura médica o, lo que sería más grave, si se cambió la forma de cobertura para incidir en el IPC. En este caso se sumaría otra distorsión microeconómica, similar a las que señalamos anteriormente.
 

EC: - Y para ir cerrando y más allá de cuál fue el verdadero dato inflacionario de enero. ¿Cuáles serían los efectos económicos en general de este tipo de distorsiones en los índices públicos?

HM: - Bueno, hay varios efectos. Señalemos algunos... Uno de los más obvios es el deterioro en la credibilidad de las cifras que difundirá el gobierno a partir de ahora, porque no tendremos claro si los cambios metodológicos se hacen bajo un criterio meramente técnico o si también hay una intencionalidad sobre los resultados. Esto no es algo bueno para la transparencia de los indicadores, sobre la base de los cuales se toman muchas decisiones de importancia.

EC: - Es muy claro esto de la credibilidad, o sea de la pérdida de credibilidad...

HM: - Asociado con esto tenemos el problema de la "reputación del deudor". En Argentina casi la mitad de la deuda pública está hoy en bonos que se ajustan por inflación, y cada décima adicional de inflación genera un costo fiscal mayor y una mejora en la rentabilidad de los bonos, lo que favorece a los inversores. Pero esto se revierte si los índices son manipulados a la baja. Lógicamente, esto no cae bien entre los inversores, que en el futuro van a dudar un poco más a la hora de comprar un bono indexado.

Como último ejemplo, señalemos que como las estadísticas del gobierno serían menos confiables, podría surgir la necesidad de que el sector privado calcule un "IPC paralelo". Esto tiene un costo social importante, ya que algunos agentes terminarán pagando por dicho cálculo, cuando en realidad debería ser un bien público, es decir, un servicio que sea provisto eficientemente con los recursos del Estado.