Política

Cuando Venezuela y la OEA acusaban a la dictadura uruguaya: El doble discurso de la no intervención

Cuando Venezuela y la OEA acusaban a la dictadura uruguaya: El doble discurso de la no intervención

El doble discurso de la no intervención.Una de las tantas cosas que muestra la película documental "Wilson", de Mateo Gutiérrez, es la activa búsqueda de apoyo exterior de parte del caudillo blanco y otros actores -como el Partido Comunista- para presionar y condenar a la dictadura uruguaya.

Así aparece el testimonio de protagonistas de aquella época, por ejemplo dirigentes políticos y activistas de los Estados Unidos, y miembros de organizaciones de los derechos humanos, que cuentan el peso que tuvo Wilson en la decisión del gobierno de Washington de cortar toda ayuda militar debido a las violaciones a los derechos humanos. 

Fue en ese contexto -la lucha desde el exterior con todo el apoyo posible de otros estados y organizaciones internacionales- que el Partido Comunista decidió aliarse con Wilson Ferreira en la llamada Convergencia Democrática; una decisión que generó controversias entre los blancos y el rechazo del general Líber Seregni que estaba preso.

DEPENDE DE QUIEN

La reconstrucción de aquellos hechos, vista desde hoy, hace imposible no mirar hacia Venezuela y comprobar la hipocresía con la que se maneja el concepto de no intervención. En aquel entonces, la búsqueda de apoyo exterior, incluso de parte de Venezuela, era un instrumento permanente de lucha, legítimo y destacado por todos los sectores políticos, salvo los que defendían a la dictadura. Hoy sin embargo, ante la dictadura de Maduro, para algunos no sirve.

Cuanto más se investiga sobre aquel pasado y se lo compara con el hoy, más claros quedan los dobles discursos y las mentiras lisas y llanas; incluso sobre el papel de la OEA en determinadas circunstancias.
Existe de aquellos tiempos interesante documentación, incluyendo el intercambio de correspondencia entre diplomáticos y militares norteamericanos y militares uruguayos, así como documentos vinculados a la OEA.

Así por ejemplo, resulta que la OEA fue escenario de duras denuncias contra la dictadura y que el gobierno de Caracas fue un activo denunciante. Sólo los defensores de la dictadura ponían paños tibios a esto. Igual que ocurre hoy con quienes se niegan a condenar a Maduro y su régimen anteponiendo todo tipo de pretextos, absurdos varios, como la búsqueda un diálogo que no existe; porque hay quienes evitan reconocer que son favorables a una dictadura del signo ideológico que creen cercano.

VENEZUELA CONTRA LA DICTADURA

"Venezuela acusó hoy al gobierno uruguayo de graves actos de represión al reanudarse el debate sobre Derechos Humanos en la Octava Asamblea general"; de la OEA, informaban el 29 junio de 1978 los cables de las agencias internacionales y medios de todo el mundo.

"El gobierno uruguayo -se agregaba- no puede desmentir los hechos denunciados, dijo el embajador venezolano, José María Machin, al citar las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos contenidos en el informe especial sobre Uruguay presentado a la Asamblea";.

El gobierno uruguayo, de todos modos, rechazó las acusaciones "contenidas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en el que se citan casos de muertes por torturas, secuestros y detenciones ilegales de numerosos disidentes políticos de ese país";. La información abundaba en otros detalles vinculados a la censura, el exilio y prohibiciones diversas.

La misma CIDH, vale la pena recordar, a la que Maduro no reconoce.

En aquel entonces el gobierno militar uruguayo, como ahora Maduro, deliraba con presuntas conspiraciones internacionales que incluían a los Estados Unidos. La dictadura llegó a clausurar el diario "La Mañana"; porque tituló con declaraciones del presidente Aparicio Méndez -un títere sin poder- en las que acusaba al Partido Demócrata con Kennedy a la cabeza, de ser el mayor aliado de la subversión.

Méndez, incluso, hablaba de una conspiración internacional y de un "plan mefistofélico"; para atacar al Uruguay.

NI UNA BALA

Claro: la llegada de James Carter al gobierno de Estados Unidos había implicado un cambio radical en la política sobre las dictaduras latinoamericanas y los derechos humanos. Los militares comprobaban que Estados Unidos, que en su momento había empujado hacia el golpe de Estado, los dejaba en buena medida colgados del pincel.

Washington no estaba dispuesto a vender ni balas a la dictadura uruguaya. Y así se lo informó el 30 de junio de 1977 por  medio de una carta, el Director de Asuntos Interamericanos, el general Richard E. Cavazos, al general Luis Vicente Queirolo, entonces agregado militar uruguayo en Washington.

En respuesta a un pedido de venta de municiones, el general norteamericano sostuvo que el envío no iba a ser "concretado ni aprobada la venta y embarque hasta que, en su País, no hayan sido resueltos y sigan existiendo los eventos del problema de los Derechos Humanos";.

El militar, por las dudas, remarcó que esta no era una posición limitada a "algunos miembros liberales del Congreso y al Administración";, sino que era una política de Estado.
También el embajador de Estados Unidos en Montevideo, Lawrence Pezzullo (recientemente fallecido) tuvo una activo intercambio de cartas con autoridades de la dictadura para reafirmar la postura de su gobierno.

La molestia de la dictadura llegó incluso a la prensa de Estados Unidos mediante una carta de protesta que Queirolo hizo llegar a The Washington Post por un artículo de unos de sus principales periodistas, Jack Anderson, en el que denunciaba amenazas de muerte contra Juan Raúl Ferreira.

El hijo de Wilson trabajaba en la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA), una organización cívico-religiosa del área de los derechos humanos.

Lo cierto es que, volviendo a "Wilson";, la película muestra muy claramente el protagonismo del caudillo blanco y la trascendencia que tuvo la búsqueda de apoyo en el exterior para luchar contra la dictadura uruguaya; sin que a nadie que no defendiera la dictadura, se le ocurriera condenar esa actividad por violar el principio de no intervención.