El entrevistado aseguró que la implementación de la legislación no tendrá nueva fecha, y aclaró que el Parlamento aceptó las modificaciones que la Fiscalía propuso al nuevo Código que "corrige errores y disfuncionalidades".

Díaz aclaró que esta reforma no es "un mero cambio normativo. Quien crea que esto es simplemente un cambio o una sustitución de una ley por otra está profundamente equivocado. Es un cambio normativo pero también es un cambio cultural muy profundo".

Además, expresó que le hubiera gustado haber tenido más tiempo para la implementación de la ley, pero admitió que "en algún tiempo había que empezar, y no se olviden que somos uruguayos y si nos dan un mes más vamos a estar hasta el último día resolviendo cosas. Es la hora, es el momento de empezar, esto no se puede prorrogar más. Luego sobre la marcha iremos corrigiendo cosas", añadió.

El fiscal general declaró que "hoy tenemos el máximo grado de autonomía del sistema político que se puede tener conforme a la Constitución vigente", aunque sostuvo que quisiera tener mayor independencia.

Por otro lado, señaló que nunca hubo incidencia del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de los fiscales. "Nunca recibí una sugerencia ni una llamada telefónica", añadió.

"Las tensiones entre los fiscales generales y el sistema político son normales en una democracia que funciona como tal. El problema es que a veces los uruguayos somos tan conservadores que cada vez que tenemos que hacer un cambio le buscamos el pelo al huevo", añadió el entrevistado.

Díaz dijo que el sistema que se implementará el próximo 1 de noviembre "tiene un único camino que es ir a juicio. Este sistema transparenta, llama a las cosas por su nombre y no las esconde y disfraza con otro nombre, en lo cual los uruguayos somos especialistas".

Cuando la persona se declare culpable se podrá bajar la pena hasta en un tercio. Al respecto, el fiscal declaró que "eso es algo que se discute" pero aclaró que "no va a haber carta blanca para que el fiscal haga lo que quiera porque el legislador aclaró cuales son los casos en los que se puede hacer determinadas cosas. Hay un marco de actuación claramente determinado".

"El juez tiene que resolver el conflicto y controlar que se cumpla con la ley, pero el juez no es parte. Hoy tenemos a un juez que haciendo el trabajo de fiscal, el juez investiga. Nuestros jueces no son imparciales porque interactúan con los hechos objeto del juicio antes del juicio. Eso se nos cuestiona, porque no cumplimos con los estándares mínimos establecidos por tratados de Derechos Humanos. Si lleváramos el proceso penal actual a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Uruguay sería condenado por no cumplir con los estándares mínimos. Hemos corrido con suerte. Uruguay en algunas cosas tiene que entender que somos parte del mundo", opinó Díaz.

Consultado sobre las críticas en referencia a sus declaraciones en la red social Twitter, el fiscal se mostró partidario de la libertad de expresión y dijo que "los fiscales somos tan ciudadanos como cualquier otro y tenemos derecho a expresarnos libremente sobre todos aquellos aspectos que creamos pertinentes", aunque admitió que existen "ciertas limitaciones".

"Me llama la atención cuando algunas personas cuestionan el derecho a la libertad de expresión del fiscal de corte, pero la permite, la acepta y la aplaude en otros fiscales. Me parece bastante hipócrita ese tipo de razonamiento", añadió.

El fiscal se mostró preocupado por las cifras de personas privadas de libertad, sobre lo que consideró que "tenemos una situación carcelaria explosiva. Tenemos un índice de presos altísimo pero además tenemos el 70% de las personas privadas de libertad sin sentencia, y el 40% son primarias".

A su vez, contó que "este sistema rige en muchos países del mundo, en países del primer mundo y de Latinoamérica. Uruguay no es la excepción". Por otro lado, sostuvo que la implementación de reformas como la que se instaurará en Uruguay provocaron cambios radicales "en la composición de la población carcelaria".