Diputados aprobó proyecto sobre minería de gran porte. Por 52 votos en 82, la Cámara de Diputados completó ayer la aprobación parlamentaria del proyecto de ley que regula la minería de gran porte.
La Cámara baja, que ya había sancionado la iniciativa el año pasado, aceptó las modificaciones que se le introdujeron luego en el Senado.
Dieron su voto positivo los legisladores del Frente Amplio y del Partido Independiente, y el nacionalista Gustavo Borsari.
El resto de la oposición votó en contra al entender que el proyecto no brinda garantías desde el punto de vista ambiental y no respeta los acuerdos previos de la comisión multipartidaria de minería.
Álvaro Delgado, del Partido Nacional, sostuvo que la ley "tiene carencias": "No se cumplió con todas las garantías que hubiéramos querido y no hay una solución del canon que nos satisfaga del todo", expresó.
El diputado colorado Walter Verri cuestionó el hecho de que, luego de retirado el mineral, se dejará un pozo que, según dijo, "no tiene recuperación". También se quejó de las cláusulas de confidencialidad que pueden incluir los negocios con los privados.
La oposición advirtió además que el proyecto se votó con urgencia por la necesidad de que se instale la minera Aratirí.
El diputado frenteamplista Alfredo Asti respondió a esos cuestionamientos.
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, que estuvo en el Parlamento durante la votación, indicó que el primer proyecto que se aplicará con la ley aprobada ayer probablemente sea el de Aratirí, "porque es el que está más avanzado en la etapa de exploración ya realizada".
Kreimerman dio detalles además sobre lo que significará para el país la nueva norma.
En tanto, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), que agrupa a varias organizaciones contrarias a la minería a cielo abierto, anunció ayer el inicio de una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum la ley aprobada ayer en el Parlamento.
En forma paralela a la recolección de firmas, la organización indicó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para denunciar la inconstitucionalidad de algunos de los artículos incluidos en el texto.

Bonomi a favor de expulsar a presos extranjeros. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reveló que existe preocupación en el Gobierno por lo que ocurre en Argentina con la liberación anticipada de presos uruguayos que son devueltos a nuestro país. De todos modos, se pronunció a favor de la expulsión de presos extranjeros luego de cierto tiempo de haber cumplido pena en prisión.
Bonomi fue consultado por la prensa ayer debido al caso de Luis Mario Vitette, autor del llamado "Robo del Siglo" en Argentina, y que este viernes llegó a Uruguay después de haber cumplido parte de su pena en el país vecino. El jerarca no dio detalles sobre ese caso en particular pero puso el ejemplo de lo que sucedió en el asalto al local de El Correo en Pocitos.
"Hace más de dos años que Argentina está soltando delincuentes uruguayos detenidos en Argentina. Con un tercio de la pena cumplida los suelta y los devuelve a Uruguay. Al delincuente que murió en El Correo durante el tiroteo del pasado 6 de agosto le decían ‘El Porteño’, porque había estado detenido en Argentina y después de salir de ahí vino a delinquir a Uruguay. Creo que no es la única situación y genera un problema".
La cónsul en Argentina, Lilián Alfaro, dijo a El País que son unos 150 los presos uruguayos expulsados en los dos últimos años.
La medida puede ser solicitada por el recluso, y les corresponde a quienes son condenados a más de tres años de prisión y cumplieron la mitad de ella. Los que tienen cadena perpetua en Argentina deben estar como mínimo 15 años presos.
En diálogo con El Observador, Bonomi sostuvo que Uruguay debería actuar de manera similar a Argentina y, luego de cumplido cierto tiempo de la pena en prisión, expulsar a los extranjeros. El jerarca dijo que ese tema lo planteó a nivel de secretarios de Estado del Mercosur pero hasta ahora no ha tenido suerte. De todos modos, es una idea que no abandona, aclaró.  

UPM: rechazan envío de trabajadores a seguro de paro. El PIT-CNT y la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay (FOPCU) se pronunciaron este martes sobre el pedido que la empresa UPM hizo al Gobierno para que se le permita a aumentar la producción de celulosa hasta el millón trescientas mil toneladas por año.
En un comunicado indican que "es inadmisible el envío de miles de trabajadores al seguro de paro y que la empresa debería hacerse cargo de la situación. No es un problema de solvencia económica, más bien tiene todo el "color" de una especulación financiera", afirman los sindicatos.
Más adelante, exhortan "a todos los actores (Gobiernos, Empresa, organismos, etc.) a trabajar en la búsqueda de una solución definitiva, en el marco de la normativa internacional, donde nadie salga perjudicado, haciendo hincapié en el principal capital del emprendimiento que son sus trabajadores".

Lacalle Pou presentó propuesta para recuperar clases. Luis Lacalle Pou, uno de los precandidatos del Partido Nacional, presentó ayer un propuesta destinada a la recuperación de clases en la educación pública, que en los últimos meses se ha visto afectada por varias movilizaciones y paralizaciones de los sindicatos docentes.
El documento divulgado, titulado "Compromiso por los Alumnos", plantea tres vías para lograr este objetivo, en donde en cada escuela, liceo y centro técnico pueda coordinarse entre dirección y educadores un cronograma para compensar las horas de clases perdidas.
La propuesta supone que "una vez concluida la elaboración del calendario, se solicitará el consentimiento firmado de cada uno de los docentes. En todos los casos, ese consentimiento será voluntario". Luego se convocaría al Consejo de Participación, que podrá proponer ajustes, para luego elevarse al Consejo respectivo.
En líneas generales, se propone ocupar las horas de coordinación institucional que tienen los docentes, dictar clases los días sábados y también a contraturno.
El documento fue entregado ayer al presidente del Codicen, Wilson Netto.
Durante la presentación de la iniciativa, Lacalle Pou sostuvo en ese sentido que, al contrario de lo que maneja la ANEP, no puede haber una "solución general", ya que la realidad de cada centro es distinta.
 "Si bien están bien rumbeadas, son incompletas. Algunos centros han perdido más de 20 días de clases. Este mecanismo está sustentado sobre la base de la libertad y la responsabilidad, y sobre la base de la descentralización que se puede llegar a lograr".
Por su parte, la exdirectora del liceo Bauzá, Graciela Bianchi, que integra el equipo de asesores de Lacalle Pou, dijo que desde el punto de vista técnico este año lectivo "está muy cerca de estar perdido" a causa de los paros docentes.
Bianchi dijo que está convencida de que los docentes, sindicalizados o no, "serán los primeros en querer ayudar a recuperar las clases. "No tengo dudas que tienen una profunda preocupación por la situación", señaló.

Presentaron Plan Siete Zonas. El gobierno presentó formalmente ayer el Plan Siete Zonas, destinado a mejorar la convivencia y la seguridad en áreas de contexto crítico de Montevideo y Canelones.
El plan fue diseñado el año pasado y ya venía siendo implementado parcialmente desde marzo. Ayer se firmaron siete convenios que permitirán el desarrollo de varios programas previstos en esta iniciativa. La inversión destinada es de unos 34 millones de dólares y beneficiará a 32 mil personas.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, explicó que el plan consta de tres ejes principales. Uno, la mejora de la infraestructura urbana en cinco barrios de Montevideo (Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres, Santa Teresa y Barrio Ituzaingó) y tres de Canelones (Vista Linda y Obelisco, de Las Piedras, y Villa Manuela en Barros Blancos). Dos, la intensificación de los planes sociales en esas ubicaciones. Y tres, una intervención en la seguridad.
 "La apertura a mirar este problema, y también algo que debe ser una característica de los gobernantes, que es la no autocomplacencia, el no pensar que como todo lo macro va bien, no nos quedan lugares donde debemos cambiar nuestras estrategias y diseñar nuevos modelos de intervención".
En materia de mejoramiento urbano, el Plan Siete Zonas incluye la construcción de plazas, centros deportivos y centros cívicos, la iluminación en 40 cuadras y la erradicación de basurales.
En cuanto al componente social, se fomentará los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), los bonos transitorios para la atención en guarderías privadas, y programas como Uruguay Crece Contigo, Cercanías, y Jóvenes en Red.
Además, un convenio entre la Cámara Uruguaya de la Construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) permitirá que los beneficiarios de las siete zonas ingresen a cursos de capacitación en construcción y a pasantías en empresas constructoras. Junto a esto, la empresa Hípica Rioplatense se comprometerá a capacitar y brindar oportunidades laborales a beneficiarios de estos barrios.
En cuanto a la seguridad, se desplegará un nuevo sistema de patrullaje, se intensificará el programa de la Policía Comunitaria, y se crearán corredores seguros en los barrios.

IPC aumentó 1.04% en agosto. El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en agosto 1,04%, lo que derivó en un nuevo repunte de la tasa anual de inflación que llegó a 8,86%.
Según la información divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística, en el acumulado del año enero-agosto, el precio de una canasta familiar promedio se incrementó 6,74%. Esto implica que ya en ocho meses se superó el máximo del rango meta del gobierno (de 6% para 12 meses).
El dato de agosto estuvo por encima de las proyecciones de los analistas que en la encuesta de expectativa del Banco Central habían augurado una inflación de 0.85% en mediana.
Incluso la inflación de agosto fue muy superior en relación a la registrada en igual mes del año pasado: 0.93% (frente al actual 1,04%).
El incremento de precios en el octavo mes del año se explica principalmente por el rubro educación, que aumentó 2,01%, Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,86%) y Bienes y servicios diversos (0,98%).
    
Unasev presentó campaña "Casco, causa común". La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó este martes la campaña "Casco, causa común", cuyo objetivo es disminuir la cantidad de motociclistas que fallecen en siniestros de tránsito.
El prosecretario de Presidencia de la República, Diego Cánepa, recordó que la obligatoriedad del casco ha generado muchas discusiones en el país, y enfatizó que los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte entre los jóvenes de nuestro país. ""El uso del casco no es algo opcional, no es un elemento decorativo, es un elemento esencial para proteger la vida", expresó.
Por su parte, el presidente de la Unasev, Gerardo Barrios, indicó que hay una "relación lineal entre los que fallecen y no utilizan casco, tanto así que de los fallecidos motociclistas la mitad iban sin casco". Aseguró que, si no se protege la cabeza, la probabilidad de morir se multiplica por cuatro.
La campaña es apoyada por las tres empresas de combustibles que operan en el mercado uruguayo: Ancap, Esso y Petrobras.

Prosigue investigación sobre muerte del taxista. La Policía continúa investigando la muerte del taxista cuyo cuerpo apareció el sábado pasado en la zona de Carrasco Norte, a varios metros del vehículo que manejaba, y con un balazo en el tórax.
El informe de Policía Técnica señala que el hombre tuvo una muerte violenta, y que las características del hecho podrían determinar un suicidio. La trayectoria de la bala, la cercanía del disparo y la presencia de pólvora en la mano de la víctima son las señales principales que avalan esa hipótesis.
Según informó anoche Telemundo, de canal 12, el caso sigue caratulado como "muerte dudosa". Los investigadores indicaron que, al no haber un 100% de seguridad, queda un margen para seguir investigando. El entorno del taxista, su vida familiar y otros aspectos seguirán siendo estudiados para tratar de cerrar el caso.

Mota cuestiona que no hayan dado argumentos de traslado. La jueza Mariana Mota presentó el lunes una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para revocar la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en febrero de este año la trasladó desde la Justicia penal a la órbita civil.
En el recurso, Mota no pone en duda el poder de la Corporación para trasladar magistrados, pero cuestiona que, en su caso, no haya dado los argumentos para tal decisión.
El TCA tiene un plazo de dos años para expedirse y resuelve por mayoría simple. Antes, la propia SCJ había rechazado, por unanimidad, un recurso de revocación interpuesto por Mota, alegando que se trató de un "movimiento horizontal" que no implicó una disminución de grado.

La mitad de montevideanos desaprueba gestión de Olivera. Según la última encuesta de la consultora Cifra, casi la mitad de los montevideanos desaprueba la gestión de la intendenta Ana Olivera.
De acuerdo al estudio divulgado anoche en Telemundo, de canal 12, aprueba la gestión de Olivera el 30% y la desaprueba el 48%.
El sondeo indica además que la desaprobación es mayor en las zonas de la capital con mayor poder adquisitivo (en la costa, aprueba la gestión de la intendenta el 20% y la desaprueba el 62%; en la zona central, la aprueba el 29% y la desaprueba el 50%; y en la periferia, la aprueba el 34% y la desaprueba el 42%) y entre los votantes del Partido Nacional (entre los nacionalistas, aprueba la gestión de Olivera el 11% y la desaprueba el 76%; entre los colorados, la aprueba el 15% y la desaprueba el 65%; y dentro de quienes votarían al Frente Amplio, la aprueba el 42% y la desaprueba el 31%).
El director de Cifra, Luis Eduardo González, señaló que la intendenta Olivera tiene uno de los guarismos más bajos del país: en el interior, el promedio de aprobación es de 51% y el de desaprobación de 33%.

Paro de Sunca. El Sunca convocó para hoy a un paro nacional entre la hora 9 y las 13, en protesta por la muerte de un trabajador, ocurrida ayer en la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores.
El fallecido trabajaba para una empresa que, según indicó el sindicato, ya había sido denunciada por incumplir con protocolos de seguridad e higiene.
Es la séptima muerte de un obrero de la construcción en su trabajo en lo que va del año. En la última década son 170 los fallecidos.
El Sunca ya había anunciado un paro de actividades para el 12 de setiembre, a fin de reclamar ante el Parlamento la aprobación de la ley de "responsabilidad penal empresarial".

Aumento de trabajadores en seguro de paro en julio. La cantidad de trabajadores en seguro de paro llegó a 38.500 en el mes de julio, lo que significó un aumentó de casi 20% en relación al mismo mes del año pasado y la mayor cifra desde noviembre de 2002, cuando se llegó a 41.100 trabajadores cobrando el subsidio.
Según publica El País en base a datos del BPS, el sector de actividad que impulsó la fuerte suba fue principalmente la industria manufacturera. En este sector, en el último mes hubo 9.878 trabajadores en el seguro de paro, contra 6.014 del mes anterior, es decir 64% más. En la comparación interanual el aumento fue de 13,5%.
El segundo rubro con mayor cantidad de trabajadores fue la construcción con 8.534 obreros y luego se ubicó el comercio con 5.617 trabajadores cobrando seguro por desempleo.

Panorama Internacional

Rusia aceptaría atacar Siria si se usaron armas químicas. En Rusia, el presidente Vladímir Putin afirmó que su gobierno no descarta aceptar una acción militar contra el régimen del presidente sirio Bachar al Asad si se demuestra que empleó armas químicas contra la población.
En una entrevista difundida hoy por el Kremlin, Putin agregó que sólo el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar el uso de la fuerza militar contra un país soberano, ya que todas las otras vías son "inadmisibles y sólo pueden calificarse de agresión".
El mandatario dijo que no hay datos exactos de lo que ocurrió en Siria y que parte de la base de que "si alguien tiene antecedentes de que se emplearon armas químicas y que fueron usadas por las tropas regulares debe presentar las pruebas en el Consejo de Seguridad de la ONU". "Y éstas (las pruebas) deber ser convincentes. No deben basarse en rumores o informaciones obtenidas por servicios secretos de escuchas de conversaciones", subrayó.
En tanto, en Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado acordó un borrador de resolución para respaldar el uso de la fuerza en Siria que autoriza una acción militar durante 60 días y sin que esto implique tropas sobre el terreno.
Según informaron fuentes del Senado al diario Washington Post, el comité acordó anoche un texto provisional que deja la puerta abierta a que el Congreso extienda durante 30 días adicionales las operaciones militares en territorio sirio.
El borrador debe ser sometido a votación por el comité este miércoles. Si es aprobado, será enviado al pleno luego de que los miembros de la Cámara Alta regresen de sus vacaciones el próximo 9 de setiembre.
Según una encuesta del diario The Washington Post y la cadena ABC, seis de cada diez estadounidenses se oponen a un ataque con misiles contra el régimen sirio, aunque ese rechazo se reduce en el caso de una acción militar realizada conjuntamente con países como el Reino Unido y Francia.
En Francia, el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, descartó hoy una operación militar en Siria si el Congreso de Estados Unidos se pronuncia en contra del ataque.
Fabius hizo estas declaraciones a pocas horas de que los diputados franceses estudien en sesión extraordinaria la posibilidad de una ofensiva, un debate puramente simbólico puesto que no vendrá acompañado de una votación.
Sobre este característica, el ministro dijo que todavía no están dadas las condiciones para lanzar el ataque, sobre todo porque no se sabe cuál será la postura final de Estados Unidos.
Sin embargo, Fabius no descartó que, una vez que se plantee de forma concreta la intervención militar, el presidente François Hollande pida el respaldo parlamentario, aunque la Constitución francesa no se lo exige.

España y Bolivia avanzan en relaciones comerciales. En España, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, acordaron avanzar en las relaciones comerciales entre los dos países.
Rajoy recibió ayer a Morales en el Palacio de Moncloa, donde los mandatarios revisaron distintos aspectos de las relaciones bilaterales "y expresaron su deseo de trabajar conjuntamente para avanzar en los numerosos temas que son de interés común".
Por otro lado, Morales, dio por zanjado el incidente diplomático por el "caso Snowden", cuando en julio varios países europeos le suspendieron el permiso de sobrevuelo al avión en el que viajaba, por las sospechas de que en el aparato iba el exanalista de la CIA Edward Snowden, buscado por Estados Unidos.
España permitió que el avión de Morales repostara en las Islas Canarias, pero el embajador español en Viena, Alberto Carnero, quiso subir al aparato con la excusa de tomar un café, argumento que para el Gobierno boliviano escondía el interés por inspeccionar el interior, por si viajaba Snowden.
"No guardo rencor ni resentimiento. Los pueblos indígenas no somos vengativos", dijo Morales en rueda de prensa en Madrid, aunque puntualizó que ningún país latinoamericano actuaría así con un presidente extranjero.

Servicio eléctrico: Venezuela recupera normalidad. Venezuela recupera por estas horas la normalidad en el suministro eléctrico, después de un apagón que dejó sin luz a gran parte de la zona occidental y central del país y que generó nuevos cruces entre el gobierno y la oposición.
El presidente Nicolás Maduro indicó que fue un fallo en la principal línea de transmisión eléctrica de Venezuela lo que dejó sin energía a 19 de los 23 estados, afectando "casi un 70 % del país, incluyendo la capital".
Para Maduro, el apagón fue obra de la "derecha antipatria", que, según dijo, realizó un ensayo general de "golpe eléctrico".
Por su parte, el líder opositor Henrique Capriles responsabilizó del corte al Gobierno y su "terrible incapacidad", según expresó en su cuenta de Twitter.