Jueza comunicará decisión sobre caso de joven muerto. La jueza penal María Elena Maynard comunicará este jueves su decisión sobre el caso del joven de 19 años muerto el pasado lunes, en el barrio Santa Catalina, a manos de un policía.
El lunes pasado, Sergio Lemos fue ultimado por un agente de la Guardia Republicana que le disparó nueve veces. El efectivo investigaba una rapiña perpetrada en un almacén de la zona y disparó luego de que el joven, que se desplazaba en moto, no hiciera caso de su voz de alto. El muchacho estaba desarmado y no había participado en la rapiña.
Consultada por la prensa ayer, la magistrada dijo que "el caso está resuelto", pero recién hoy divulgará su resolución, sobre la hora 18, cuando venza el plazo legal para hacerlo.
Durante el día de ayer, y por varias horas, la jueza tomó declaraciones a testigos y volvió a indagar a los cuatro policías detenidos por el caso, entre ellos al que le disparó al muchacho.
El abogado de tres de los funcionarios, Diego Pérez, espera la resolución para definir si pide o no la reconstrucción del hecho. En rueda de prensa a la salida del juzgado, afirmó que sus defendidos cumplieron con lo previsto por la Ley de Procedimiento Policial.
 "Los policías ante una situación extrema deben actuar en base a racionalidad, progresividad y proporcionalidad, y en este caso los cuatro actuaron en base a ese criterio".

Paro y concentración de profesores de Secundaria. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) convocó para hoy a un paro nacional.
La medida es en protesta por el procesamiento sin prisión de siete activistas que participaron en la manifestación en la sede de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero, cuando la jueza Mariana Mota fue trasladada del ámbito penal al civil. Entre los procesados se encuentra la docente Patricia Borda.
La iniciativa fue promovida por la Asociación de Docentes de Montevideo que, en cuanto conoció la resolución de la jueza Gabriela Merialdo, dispuso la paralización de actividades en repudio al fallo.
Ayer, Fenapes se plegó a la medida a través de un comunicado. Tras calificar la resolución judicial como "indignante", el sindicato aseguró que la movilización en la Suprema Corte se dio dentro del "derecho al ejercicio de la libertad de expresión", pero "fue teñida de violencia por la acción provocadora del aparato represivo". 
"Varios compañeros fueron citados por el Departamento de Operaciones Especiales (D.O.E.), a instancias de las denuncias presentadas por los ministros de la máxima autoridad judicial (...) Durante los interrogatorios en el D.O.E., los compañeros fueron sometidos a una serie de preguntas de carácter político-ideológico, las cuales pusieron de manifiesto la clara intencionalidad de reprimir a integrantes de organizaciones sociales y a la estigmatización de las mismas", señala el comunicado de Fenapes.
Sobre las 11 de la mañana los profesores tienen previsto concentrarse frente al Liceo Bauzá, el centro en el que da clases la profesora Borda.

SCJ definirá en próximas horas decisión sobre Pluna. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolverán en las próximas horas cuál es su posición sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de liquidación de Pluna, luego de haber escuchado ayer, en la audiencia "in voce", los alegatos de las partes involucradas.     El primero en hacer uso de la palabra fue el abogado en representación del Estado y el que redactó la polémica ley, Ricardo Olivera García. Entre sus argumentos a favor de de la constitucionalidad de la norma, el abogado adujo "falta de legitimación activa de los reclamantes". Más tarde, en diálogo con 810 VIVO, Olivera García explicó este punto:
 "En un concurso los acreedores para ejercer cualquier derecho tienen que previamente verificar sus créditos, que es un procedimiento muy complejo, en el cual no alcanza con que el acreedor cante serlo, debe ser incluido en la lista de acreedores por parte del Síndico –que lleva adelante el proceso de concurso-, luego debe darse vista a los demás acreedores que tienen la posibilidad de cuestionar su calidad, y finalmente resuelve el juez del concurso".  A su vez, el abogado dijo que como se trata de un proceso concursal no se pueden presentar acciones personales, si no que sólo el síndico podría ser el legitimado para este tipo de acción de inconstitucionalidad. Otro de los argumentos expresados por Olivera García durante la audiencia fue, como lo había planteado el Ministerio de Economía, que la ley persiguió "evidentes razones de interés general" que no se podían conseguir con el procedimiento concursal ordinario: conservar el valor de los aviones y evitar su deterioro, preservar la conectividad del país y mantener las fuentes de trabajo de los empleados de Pluna.       
Planteó también que la ley del fideicomiso de Pluna "no causó perjuicio a los acreedores" y por el contrario "creó un escenario beneficioso". Olivera García sostuvo que si los aviones hubieran pasado a justamente a la masa de acreedores se hubiera destruido su valor.  También negó que Pluna Ente Autónomo se beneficie con esta norma al no ser acreedor de Pluna S.A. Por su parte, el abogado Pablo Correa, quien representa a Raúl Rodríguez -exsocio de la compañía que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma-, explicó en diálogo con 810 Vivo Tarde los argumentos que expuso en la audiencia y sus planteo de por qué considera que la ley se aparta de lo que establece la Carta Magna.
 "La ley viola todo. Hay una ley específica que es la ley de concursos (Ley de Concurso y Reorganización Empresarial), Pluna se presenta en concurso al amparo de esa ley y a los tres días de que se dicta el concurso, se aprueba esta ley –ni siquiera se promulga, se aprueba- o sea que la ley viene a resolver la caída de una sentencia judicial. Ley más específica que esa, que contraviene todo los principios de generalidad, no hay". Correa, además, tiene una postura diferente en relación a la verificación del crédito porque entiende que el de su cliente "está reconocido por sentencia y en transacción realizada por la propia sindicación del concurso". "Más verificado el crédito no puede estar", agregó. Otros de los argumentos esgrimidos por Correa durante la audiencia pasaron por recordar que Olivera García fue abogado de Leadgate y negoció en nombre de sus socios el acuerdo de indemnidad con el Estado, y que luego fue redactor de esta norma y patrocinante del concurso de Pluna. Señaló también que no es posible plantear una razón de interés general porque esta no se vio afectada con el cierre de Pluna y criticó los dos remates de aviones realizados. En la audiencia se dio un diferendo entre ambos abogados. En un momento Correa cuestionó la cantidad de leyes que están siendo declaradas inconstitucionales en este período de gobierno y lamentó que esos proyectos no hayan sido presentados por legisladores ni de integrantes del gobierno, sino por "colegas (abogados) que cedieron a sus principios en aras de sus ganancias". "Eso es gravísimo porque nos expone como profesionales, como curiales, como auxiliares de derecho, a la categoría de timadores", afirmó. Antes de terminar la audiencia Olivera García dijo: "He sido públicamente llamado timador en esta audiencia. Timador (podríamos contrastarlo con la Real Academia Española) quiere decir estafador. Es decir, se me ha imputado en esta audiencia la comisión de un delito". Ante esto, pidió a los ministros de la Corte que la alusión sea derivada a la justicia penal por delito de difamación. Correa por su parte aclaró que no hizo ninguna alusión personal. "Si él se adjudica el dicho escapa a mí", indicó.

Diputados aprobó proyecto vinculado a empresarios. Con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que establece penas de prisión cuando no se cumplan con las normas de seguridad laboral.
El texto, que ahora pasa a la Cámara de Senadores, castiga con penas de entre tres y 24 meses de cárcel al empleador, o quien en su nombre ostente la dirección de la empresa, "cuando no se adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación", de forma que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador.
La iniciativa prevé que sea la Inspección General del Trabajo el organismo encargado de radicar la denuncia penal ante la Justicia, en los casos en que el Banco de Seguros del Estado entienda que existió "dolo o culpa grave".
En su tercer y último artículo, la ley le da la posibilidad al denunciante de "tener acceso al presumario y la posibilidad de controlar el desarrollo de la denuncia", algo que en la actualidad no es posible.

Procesado con prisión por caso de explotación sexual. La Justicia dispuso el procesamiento con prisión de una persona y la liberación de más de 40 -entre ellas siete policías- que eran indagadas por un presunto caso de explotación sexual de menores en la localidad de Paso Bonilla, en el departamento de Tacuarembó.
Las pesquisas judiciales, que se extendieron por más de un año, no pudieron demostrar la existencia de una red de prostitución de menores.
Sin embargo, hubo un procesamiento con prisión en la causa. Se trata de Wilson Wilmar Pérez Almeida, de 59 años de edad, quien fue alojado en la cárcel departamental de Tacuarembó por ser penalmente responsable de un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Según consigna El País, el hombre poseía antecedentes penales en el año 2004 por un delito de atentado violento al pudor.

Más medidas que perjudican a los puertos uruguayos. Entre este jueves y viernes el Gobierno argentino firmará un decreto que contempla nuevas medidas que perjudican a los puertos uruguayos, en especial al de Nueva Palmira, lo que se suma a la prohibición de que las exportaciones de ese país sean transbordadas en terminales marítimas de nuestro país.
Según dijeron a En Perspectiva fuentes del Centro de Navegación, la nueva medida, que será ratificada en las próximas horas, implica que los convoys con granos procedentes de Paraguay que recorren la Hidrovía solo podrán navegar con ocho barcazas aguas abajo del puerto de Campana, lo que afecta directamente a la terminal de Nueva Palmira. De esta forma, deberán dejar en puertos argentinos las otras ocho barcazas que habitualmente forman parte del convoy, que tendrán además que pasar por aduanas, lo que encarecerá los costos de los exportadores que quieran operar en el puerto ubicado en el departamento de Colonia.
Este decreto se suma a la disposición que entra a regir oficialmente hoy, y que prohíbe que las cargas argentinas sean transbordadas en puertos de países del Mercosur que no hayan suscrito el Acuerdo Regional sobre Transporte Marítimo, que fue ratificado por todo el bloque menos por Uruguay.
Quince buques de tráfico regional que se encuentran al servicio de las principales líneas oceánicas, y que hasta ahora tomaban carga en el sur argentino para traerla a Montevideo, comunicaron que a partir de hoy pasarán a hacerlo con destino al puerto de Rio Grande, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.
Según informaron a En Perspectiva desde el Centro de Navegación del Uruguay, la mayoría de los barcos son de bandera liberiana o panameña, por lo cual no están contemplados en las excepciones previstas por la medida argentina. Entre estos buques está el "Cruz del Sur", que la semana pasada fue obligado a dejar en el puerto de Rosario carga con destino a Montevideo. Todos pasarán a utilizar la terminal atlántica riograndense, que será una de las beneficiadas por esta disposición.
En esta jornada, el subsecretario de Transporte Marítimo de Argentina, Horacio Tettamanti, se reunirá con la Cámara de Exportadores de ese país, que le pedirán la suspensión de la medida por los perjuicios que les genera al agregar costos adicionales al comercio exterior, lo que perjudicará su competitividad. Al respecto, operadores portuarios señalaron que el hecho de que no sean recibidos por el propio ministro Florencio Randazzo, como habían pedido, es una señal clara de que la Casa Rosada no dará marcha atrás con la decisión.
El Gobierno insistirá con el diálogo bilateral con Argentina para la solución de este tema y por el momento no hará ningún planteo en ámbitos regionales. El presidente José Mujica reiteró que conversará con su colega Cristina Fernández cuando la mandataria vuelva a la actividad.
"Esperemos que la señora presidenta de los argentinos se cure", expresó ayer el mandatario en rueda de prensa ante la consulta de si la medida que afecta a los puertos se discutirá en la reunión que mantendrá mañana con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Al respecto, Mujica dijo que hablará del tema "en su momento", y agregó que "vamos a hacer todo lo que podamos a favor de Uruguay".
Las negociaciones por este punto giran en la órbita exclusiva de la Cancillería.

Paro de taxis desde las 9 hs. El sindicato del Taxi (Suatt) anunció para hoy un paro con concentración que comenzará a la hora 9.
La medida es en protesta por el despido de un sindicalista y los "pocos avances registrados en la negociación colectiva".
Los trabajadores se concentrarán frente al Ministerio de Trabajo, donde mantendrán una reunión con el director, Luis Romero. Luego de la movilización, el sindicato evaluará si se continúa con las protestas y qué pasos se seguirán a futuro.

AU negó promover pasaje a tribunal de conducta política de FA. Asamblea Uruguay (AU) declaró que "no promovió el pasaje al tribunal de conducta política del Frente Amplio de ningún compañero ni compañera del departamento de Artigas".
Ayer se divulgó que Asamblea Uruguay había pedido que la intendenta de Artigas, Patricia Ayala, pasara al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Según se informó, la solicitud estaba vinculada a la actuación política de la intendenta y a desavenencias que la jerarca mantiene con el alcalde de Bella Unión, William Cresseri. Además, trascendió que el sector había pedido que también pasaran al Tribunal de Conducta Política, por diversos motivos, la actual directora de Recursos Humanos de la comuna, María Moraes; el integrante del área de Comunicación de la Intendencia Marcelo Bonilla; y el ex subdirector de Descentralización de la Intendencia, Eugenio Ayala, tío de la jefa departamental.
Ayer, Asamblea Uruguay emitió un comunicado en el que se desvinculó de estos pedidos. Según expresa la declaración, fue el propio líder de la agrupación, el vicepresidente Danilo Astori, el encargado de transmitir a Patricia Ayala y a las autoridades del Frente Amplio que "dicho planteo fue realizado ante la Mesa Departamental de Artigas por compañeros de Bella Unión y responden a iniciativas individuales de los mismos, por lo que no son pertinentes, ni estaban en conocimiento de la Dirección Nacional ni de la Dirección Departamental" de la agrupación. La denuncias presentadas, en este caso, ignoraron los procedimientos institucionales de Asamblea Uruguay.
El presidente de la Mesa Política del Frente Amplio en Artigas, Silvio Ríos, dijo ayer en diálogo con El Espectador que la denuncia se da en medio de cruces entre dirigentes de la coalición, y que será el tribunal el que establezca las responsabilidades del caso, tanto de la jefa de gobierno departamental como de los otros denunciados.

Ley de faltas inconstitucional, según fiscal de Corte. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó que la nueva "ley de faltas" que se promulgó en agosto es inconstitucional porque limita expresamente la posibilidad de que los ciudadanos acudan a un tribunal para que revea las sentencias de condena dictadas por un juez.
Según publica hoy el semanario Búsqueda, Díaz intervino en el caso de una mujer que iba conduciendo alcoholizada y que inició una "excepción de inconstitucionalidad" como parte de un proceso por la "ley de faltas".
En su dictamen, que no es vinculante, el fiscal de Corte recordó que entre los principios básicos que rigen el proceso penal uruguayo está el del "debido proceso legal", que figura en el artículo 12 de la Constitución, y que establece que "nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal". También citó tratados internacionales firmados por Uruguay que van en el mismo sentido.
Como la "ley de faltas" prevé la inapelabilidad de la sentencia definitiva, a juicio de Díaz se está vulnerando las disposiciones contenidas en la Carta Magna y en los acuerdos citados, "que están especialmente vinculadas a los procesos en los que se ejerce una pretensión de naturaleza penal".

Varios operadores de cárceles fueron dados de baja. Después de 18 meses de prueba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, 45 de 350 operadores penitenciarios que habían recibido un curso de cuatro meses en la Escuela Nacional de Policía, fueron dados de baja por diversas causas, como ingresar droga y celulares, vincularse sentimentalmente con presos, tener familiares en prisión, faltar al trabajo o haber pasado las pruebas sin cumplir todos los requisitos.
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por el diario El País admitieron que "hubo errores a todo nivel", al punto que se mencionaron casos de funcionarios que cumplieron sus tareas dos meses pero cobraron por más.
El aumento de incidentes con los reclusos llevó a que los propios presos realizaran denuncias, que terminaron promoviendo las investigaciones oficiales y sumarios que llevaron a determinar las remociones.
Según testimonios de los guardiacárceles que recoge el matutino, una empleada se hacía llamar "Mamá" o "Tía" por los internos. También fue dada de baja una guardia que quedó embarazada por un recluso, otra que practicaba el "baile del caño" y una tercera con antecedentes por hurto.
Los guardiacárceles (llamados "pitufos", por el color de sus uniformes) aseguran por su parte que han sufrido varios atentados, al extremo de que el 40 % de ellos padece estrés, la mayoría tuvo licencias por salud y el 25 % está medicado.
En tanto, hay 19 destituidos que reclaman al Instituto de Rehabilitación que los reintegren a sus cargos.

Panorama Internacional

Gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron acuerdo. El Gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron ayer un acuerdo sobre participación política que establece pautas para que los guerrilleros se incorporen al sistema una vez que abandonen las armas.
A pocos días de que se cumpla un año de negociaciones en La Habana, gobierno y guerrilla anunciaron su segundo acuerdo parcial en este proceso. El primero había sido sobre la cuestión agraria.
El nuevo acuerdo tiene como objetivos, en líneas generales, garantizar los derechos de la oposición política y de los nuevos movimientos que surjan en un escenario de paz; democratizar los mecanismos de participación ciudadana; asegurar la transparencia del sistema electoral; y otorgar más representación política a los territorios que se hayan visto más perjudicados por el conflicto.
En cadena de radio y televisión ayer, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirió a la importancia del acuerdo alcanzado.
El diálogo de paz se reanudará en Cuba el próximo 18 de noviembre, en una nueva etapa donde Gobierno y guerrilla empezarán el debate sobre el narcotráfico y "solución al problema de las drogas ilícitas".

Arafat murió probablemente de envenenamiento. Los científicos suizos que examinaron los restos de Yaser Arafat concluyeron que el líder palestino murió probablemente de envenenamiento con polonio radiactivo, según un documento publicado por el canal de televisión Al Jazeera.
Los resultados de los análisis en los restos de Arafat respaldan "moderadamente" la hipótesis de que su muerte en el 2004 fue consecuencia de "envenenamiento con polonio-210", indica el análisis de 108 páginas publicado en el sitio de Al Jazeera.
Arafat murió en Francia el 11 de noviembre de 2004 a los 75 años y no hubo autopsia.
La tesis del envenenamiento, del que muchos palestinos acusan a Israel, fue reactivada en julio de 2012 por un documental de Al Jazeera que revelaba cantidades anormales de polonio sobre la ropa de Arafat, que su viuda entregó al canal de Qatar, que a su vez la hizo analizar por un laboratorio suizo.
En declaraciones a la prensa israelí después de que se conociera el informe, Dov Weisglas y Raanán Guisin, dos de los principales asesores del ex primer ministro israelí Ariel Sharón, indicaron que las acusaciones contra su país por el supuesto envenenamiento de Arafat son infundadas porque en 2004 el líder palestino "ya estaba marginado".

Califican de ilegítimos asentamientos israelíes. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, calificó de "ilegítimos" los asentamientos israelíes en territorio palestino y reafirmó la postura de su país de que éstos "no ayudan a las negociaciones" de paz actualmente en curso.
Kerry llegó a la zona como parte de una nueva gira por la región con la que trata de apuntalar las negociaciones de paz que israelíes y palestinos comenzaron en julio y que ayer, en su décimosexta ronda, derivaron en una discusión en torno a los recientes anuncios de construcción de 1.500 viviendas en los asentamientos.
El funcionario estadounidense se reunió ayer con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, y con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

España: director de CNI reconoció colaboración con EEUU. En España, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz, admitió que ese organismo colaboró en la recabación de datos para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero aseguró que todo se hizo dentro de la legalidad.
Sanz se presentó ayer en la Comisión de secretos Oficiales del Congreso para dar explicaciones sobre cuál fue el rol del Centro Nacional de Inteligencia en la red de espionaje que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos desplegó en varios países de diferentes continentes. Según consigna El País de Madrid, en su intervención el jerarca sostuvo que la actuación del organismo que dirige siempre estuvo dentro del marco legal vigente.
Sanz reconoció que el Centro Nacional de Inteligencia colaboró con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la recolección de metadatos de llamadas telefónicas, correos electrónicos y SMS, pero sostuvo que esa información fue recolectada fuera de España y no afectaría a ciudadanos de ese país. "Los datos que tenemos de españoles no los compartimos con nadie", aseguró.
Por otro lado, dijo que, desde junio pasado, la Embajada de Estados Unidos en Madrid no dispone de ningún equipo que permita interceptar comunicaciones en España, y agregó que está "en condiciones de asegurar, al 99,9%, que no intervinieron directamente comunicaciones" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Asimismo, admitió que en España actúan clandestinamente agentes de países aliados y reveló que nueve de ellos fueron expulsados en los últimos años, aunque no divulgó el periodo en que se dieron esos hechos ni la nacionalidad de los espías.

Venezuela: medidas vinculadas a la economía. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas para enfrentar lo que llamó "factores que perturban la marcha de la economía".
El mandatario notificó la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior, que se encargará "como institución superior" de dirigir la política de administración de divisas del país en el que rige un control de cambio desde el año 2003.
Además, comunicó el inicio de "una gran operación nacional" cívico militar de lucha contra la especulación y el acaparamiento, y la creación de Comités de Defensa Populares de la Economía, para que vigilen el precio de los productos de venta al público.
"Vamos hasta el último nivel en la cadena productiva, distributiva y comercial del país, cada quien prepare sus papeles", advirtió Maduro.

"Isla" de basura viaja hacia costa oeste de EEUU. Una "isla" de basura del tamaño del estado de Texas, y que está flotando en el océano Pacífico, se dirige hacia la costa oeste de Estados Unidos.
La enorme cantidad de residuos es consecuencia del tsunami que golpeó a Japón en 2011, y está formada por más de un millón de toneladas de casas rotas, barcos, electrodomésticos y productos de consumo, según informó ayer el diario británico The Independent.
El tramo de desechos más concentrado, al que Fox News bautizó como "monstruo tóxico" y cuya área es igual que la del estado de Texas, se encuentra a unos 1.700 kilómetros de la costa estadounidense, entre Hawái y California. Sin embargo, otros millones de desperdicios se encuentran dispersos a lo largo del Pacífico.