Por Mariana Goday, de Espectador.com

Mater-Cell es un laboratorio que opera como banco privado de conservación de células madre del cordón umbilical. Es el  primero en Uruguay en su tipo y  se encarga de la recolección y conservación del material para uso propio del cliente y su familia.

Además de trabajar en Uruguay, Mater-Cell opera en Argentina, República Dominicana y Venezuela, ofreciendo "a los padres la oportunidad de criopreservar las células madre o 'Stem Cells' contenidas en el cordón umbilical del recién nacido". Román Bayo, director médico de Mater-Cell Argentina, afirmó a Espectador.com que "la mejor célula para un individuo es la del propio individuo siempre y cuando esté sana".

Sin embargo, Milka Bengoechea, subdirectora del Instituto Nacional de Donación y Transplante, cuestionó los fines de esta organización y la utilidad que pueda ofrecer a sus usuarios. La doctora desestimó las posibilidades que el cliente tendrá de utilizar el servicio por el que paga a Mater-Cell: "Documentos de la Academia Americana de Pediatría o el Colegio de Obstetricia refieren a que las posibilidades de que esas células le sirvan al propio individuo en los primeros 20 años de vida son muy, muy escasas".

Desde Mater-Cell discrepan con Bengoechea. "Las células madres se congelan por un precio muy inferior al que costaría si estuviera en manos del Estado", afirmó Bayo, quien cree que no es comprensible que el Estado pretenda trasladar un servicio al sistema público para ofrecerlo a un costo superior y sin compensación económica alguna al damnificado; al menos eso es lo que ocurre en Argentina.

Legislación en camino. La conservación de células madre del cordón umbilical no cuenta aún en Uruguay con una legislación reguladora y ese sería el principal motivo por el cual preocupa la presencia de Mater-Cell en determinados sectores del Estado.

El Estado avanza en una regulación para tapar vacíos legales en lo que refiere al transplante de células madre. El proyecto, propuesto por la legisladora frenteamplista Mónica Xavier, pretende que las células que se encuentran en bancos privados pasen a ser de uso público en caso de ser necesario. El objetivo es, según Bengoechea, brindar para el transplante de estas células las mismas garantías que para el transplante de órganos.

Años atrás, el Instituto Nacional de Donación y Transplante presentó un proyecto dentro del Plan Quinquenal para crear un banco de células de sangre del cordón umbilical para transplante intra-familiar. "Esa unidad ha empezado a funcionar, en caso de indicación médica se puede colectar la sangre del cordón", afirmó Bengoechea.

"La Rendición de Cuentas pasada le adjudica al Instituto la responsabilidad de realizar un banco público de sangre de cordón, pero eso está en una etapa inicial. Se plasmó en la Rendición de Cuentas pero se le asignaron muy pocos recursos. Solamente como para afirmar la voluntad política de que esto suceda".

Mater-Cell está interesada en que se regule la actividad desde el punto de vista de la calidad de la prestación; pero no está de acuerdo en que se decida por las personas sobre aspectos de su más íntima privacidad.

Bayo explicó que en Argentina la legislación respecto a los bancos privados "está reñida con los derechos consagrados por la Constitución"  y teme que en Uruguay pase lo mismo. "Acá se ha planteado la posibilidad de hacer una ley del mismo corte, haciendo tabla rasa de los derechos de aquellos que congelan. Limitando la posibilidad de congelar a aquellos que acepten que lo que congelen se use para cualquiera, con lo que vulnerará su libre elección sobre lo más conveniente" para el futuro de su hijo.

Sin embargo, Bengoechea alegó que en el mundo hay millones de donantes que ponen sus células a disposición pública: "Cuando hay una indicación de transplante, y no se encuentran dentro de la familia, se buscan en estas redes que existen a nivel mundial, que actualmente existen más de 13 millones de donantes, para que exista alguna posibilidad de encontrar un donante compatible".

La subdirectora del  Instituto Nacional de Donación y Transplante dejó claro que ya hay países que han ido en esa dirección: "Hay diversas posiciones en países como España y Argentina, que lo que han hecho es regular de tal forma de que las células que estén guardadas en bancos privados pasen a formar parte del registro nacional y, si son compatibles con alguien que las necesite, puedan ser usadas".

Consultada sobre qué ocurrirá con las células que ya fueron almacenadas en bancos privados antes de esta legislación y por la cual los clientes ya han pagado, la jerarca afirmó que aún no está definido pero se planteó que "lo que ya estaba para atrás podía ser registrado por el Instituto".

Mater-Cell sospecha de las verdaderas motivaciones para la regulación. "Probablemente tenga una finalidad distinta de la que se alega", afirmó Bayo. "Hay una oposición bastante importante de la gente que se ocupa de transplantes a nivel estatal" de que Mater-Cell trabaje en Uruguay.

Situación legal de Mater-Cell. En el pasado, la empresa fue clausurada por decisión del Ministerio de Salud Pública y luego fue reabierta. Actualmente, por disposición judicial, Mater-Cell Uruguay no puede realizar publicidad ni hablar con los medios sobre las actividades que realiza.

El director de Mater-Cell Argentina, Román Bayo, dijo que "la sucursal uruguaya fue clausurada por decisión del Ministerio de Salud y la Justicia posteriormente no convalidó el cierre y tuvieron que retrotraer la situación".

"La Justicia dijo que realizar este procedimiento de guarda no es delito ni cosa que se le parezca. Ellos están trabajando y siguen las normas habituales de procedimiento que en ningún momento han sido cuestionadas por la autoridad sanitaria", agregó Bayo.

El doctor criticó que el argumento estatal fuera convertir el material privado en material de uso público, ya que, según dijo, "contrariamente con lo que la gente supone, público no significa que es gratuito".

La doctora Bengoechea explicó que el Ministerio de Salud Pública se amparó en el Decreto 160 para proteger el material biológico, que "no debe ser tratado como un elemento comercial que se vende y se compra".

Además, justificó el hecho de que la empresa no pueda realizar publicidad: "Desde todos los ambientes especializados se recomienda que esta actividad no esté bajo el influjo de una promoción comercial que además, en general, llega a los posibles usuarios en momentos de enorme susceptibilidad como el embarazo". Si la mujer está embarazada es más susceptible a ser blanco "de una campaña publicitaria que le dice que va a tener un seguro infinito para uno de sus hijos".