(emitido a las 7.50 Hs.)

El cierre de Pluna SA, resuelto por el gobierno en julio pasado, sigue teniendo repercusiones cinco meses después.

Ayer el Partido Nacional anunció que ampliará la denuncia penal contra el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y contra el presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, por su participación en el aval otorgado a la aerolínea española Cosmo, que resultara ganadora en la frustrada subasta por los siete aviones Bombardier que eran propiedad de la aerolínea uruguaya y estaban garantizados por el Estado ante el ScotiaBank de Canadá.

Recordemos que para obtener el aval del BROU la empresa española había presentado un seguro de caución por US$ 13.6 millones otorgado por Boston Seguros, de Argentina.

EL NUEVO CAPITULO

Ayer, en conferencia de prensa, el Partido Nacional volvió a cuestionar la garantía otorgada por el BROU e insistió con el reclamo para que dejen sus cargos tanto Calloia como el ministro de Economía, Fernando Lorenzo.

En esa ocasión se informó que Cosmo le comunicó al gobierno  que no pagará y que incluso iniciará acciones legales contra el Estado porque lo ocurrido con la subasta y sus repercusiones "afectó su imagen empresarial y credibilidad".

Pero además se reveló Boston no se hará cargo del aval que utilizó Cosmo. Según reveló el senador de Alianza Nacional (AN) Carlos Moreira, Boston Seguros argumenta que "caducó la póliza y que el banco ha incumplido con algunas de sus obligaciones".

Por su parte, el líder de AN, Jorge Larrañaga, acusó al BROU de incurrir en diversas ilegalidades al conceder el aval a Cosmo.

"EL BROU incumplió normas referentes a la Ley de Seguros, a la Ley Antilavado y a la normativa bancocentralista. Cosmo y Boston Seguros fijaron domicilio a los efectos de controversias judiciales en la dirección del propio BROU. Esto hace manifiesta la ilegalidad en virtud de la reserva de mercado establecida en la Ley de Seguros", dijo el líder de AN..

Con este nuevo panorama, Larrañaga volvió a pedir la remoción de Calloia y Lorenzo.

"Dichos jerarcas están siendo indagados, tienen la calidad de indagados por la Justicia Penal de Crimen Organizado. Y nos parece que por razones de sensibilidad, frente a estos hechos incuestionables de un remate simulado, de un aval que se otorgó en estas condiciones que ya se están advirtiendo por parte de todos los referentes de la vida política nacional, nos parece que es una medida imperiosa por parte del Poder Ejecutivo", reclamó.

La reacción del oficialismo llegó a las pocas horas. El primero fue el vicepresidente y líder del Frente Líber Seregni, Danilo Astori. Abordado por la prensa, el jerarca defendió la actuación de los funcionarios.

"Yo he manifestado y vuelvo a manifestar ahora mi confianza total en la actuación del presidente del Banco de la República", afirmó Astori.

Astori reconoció además que en el Frente Amplio se pueden haber equivocado con el manejo del caso Pluna.

"Hay que hacer un examen riguroso, detallado, de toda la experiencia, sacar conclusiones, y sacar conclusiones desde el punto de vista positivo; esto es, las que pueden llevar a todo gobierno, y el nuestro no es una excepción, a corregir los posibles errores que se han cometido", consideró.

Más tarde quien habló del tema fue el presidente José Mujica.
Al ser consultado por periodistas, el mandatario restó dramatismo a la eventual pérdida de 13,6 millones de dólares...

"MUJICA-Ustedes saben que hay una biblioteca para un lado y otra biblioteca para el otro.
PERIODISTA-¿Esto no lo complica, presidente?
MUJICA-No, a mí no me complica nada. Hay tantas cuentas que no hemos cobrado. Estuvimos levantando el muerto de la fábrica de Paysandú, 20 millones de dólares perdidos, y si le hago la cuenta de cuánto perdimos en ILPE. Y ese caño que salió 182 millones que está enterrado, en Colonia, 182 millones enterrados. Y lo deben de usar las ratas para correr carreras entre ellas, porque el gas te lo debo. Así que..."

ILPE era un ente autónomo llamado Industria Lobera Pesquera del Estado, y cuando Mujica habla del "caño" en Colonia se refiere a un gasoducto construido entre Uruguay y Argentina.

ALGUNOS ANTECEDENTES.

Pero, volviendo a la nueva vuelta de la polémica, empecemos por refrescar un poco la memoria de los oyentes.

El 1° de octubre, un misterioso hombre que dijo representar a la aerolínea española Cosmo levantó su mano y ofertó 137 millones de dólares por siete aviones que eran de Pluna SA y por los que el Estado había salido como garantía cuando Leadgate asumió la conducción de la empresa en 2007.

Esta persona, bautizada luego como el "caballero de la derecha" por la forma en que el rematador Mario Stefanoli se refería a él durante la subasta, dijo llamarse Antonio Sánchez y agregó que los aviones serían llevados a Europa para destinarlos a vuelos chárter.

En realidad, como reveló En Perspectiva el 5 de octubre, el hombre se llamaba Hernán Calvo y sus segundos nombre y apellido eran Antonio Sánchez. Fue empleado del propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena, durante muchos años en Europa e incluso es padrino de un nieto de empresario naviero.

Finalmente, Cosmo nunca pagó y el BROU, que había salido como garante del pago, quedó envuelto en un escándalo por no poder cobrar el dinero avalado.

EL DOMICILIO DE COSMO

A propósito de los nuevos cuestionamientos, En Perspectiva consultó ayer a Calloia. El jerarca prefirió no realizar nuevas declaraciones al aire, pero accedió a dar su versión fuera de micrófonos sobre lo señalado por legisladores blancos.

Calloia reiteró lo que había indicado el jueves pasado, cuando rechazó que a los efectos del aval Cosmo hubiera fijado domicilio en la propia sede del BROU. Por el contrario, en aquella entrevista En Perspectiva el jerarca dijo que la empresa fijó domicilio en España:

"(...) la empresa fijó domicilio en España, entonces el banco notificó a la empresa en España. Para eso fue un escribano del banco a notificar a la empresa en España. Así de sencillo", sentenció Caloia

Ayer el jerarca explicó de dónde puede surgir la confusión sobre este punto. Dijo que el documento sí hace referencia al domicilio de la institución que preside, pero con la siguiente redacción: "Boston, compañía de seguros, (...) en su carácter de fiador solidario (...) asegura a Banco República, con domicilio en Cerrito 351".  Para Calloia es claro que la dirección del BROU figura en el documento pero aludiendo al banco que se coloca como beneficiario del seguro.

En Perspectiva pudo saber que la dirección de Cosmo que aparece escrita en el aval es "Calle Vallefranco 45, Boadilla del Monte, Madrid", un domicilio que figura en otros documentos de esa aerolínea.

Calloia confirmó que tanto Cosmo como Boston comunicaron al banco el viernes pasado que no pagarían la suma adeudada de US$ 13.6 millones. Pero agregó que Cosmo ya había sido intimada, con un escrito de 58 carillas, y en cambio Boston no había sido advertida todavía. ¿Por qué ocurre esa diferencia?  Según dijo el jerarca, porque el contrato del seguro presentado para el aval especificaba que primero se debía recurrir a Cosmo y que, pasados 15 días de ese evento sin obtener una respuesta favorable, podían demandarle el dinero a la aseguradora argentina. Ese lapso de 15 días sin respuesta de Cosmo aún no ha transcurrido.

Por último, Calloia hizo notar que la comunicación de Cosmo llegada el viernes prueba que la notificación realizada por el BROU en Madrid resultó efectiva.

EL BENEFICIARIO DEL AVAL

De todas formas, el asunto es un tanto más complejo. Un punto relevante de este trancazo es que el aval otorgado por el BROU tiene como beneficiario al MEF.

Cuando Cosmo gestionó el aval ante el BROU dijo que debía ser a favor de esa Secretaría de Estado. Y eso en realidad no fue correcto porque  quien remataba los aviones no era el MEF, sino el fideicomiso creado especialmente para la ocasión y al que se le transfirió la propiedad de los Bombardier.

Cuando Cosmo se presentó para participar en el remate, el fideicomiso aceptó el documento del BROU -de apenas ocho renglones- que contenía este error sobre el beneficiario. Puede sostenerse que en ese momento se acumuló otra equivocación cuando el fideicomiso admitió a Cosmo como postor.

Por todo lo anterior el BROU aduce que no puede pagar los 13,6 millones de dólares al fideicomiso. El documento de su cliente establece que hay que abonarle esa cifra al MEF, que no tiene potestades para reclamar esa suma porque no fue la institución que subastó las aeronaves.

Para intentar una solución a ese obstáculo, el MEF presentó un escrito en el que cede al fideicomiso sus derechos de cobro por el aval. Pero los servicios jurídicos del BROU advirtieron que ese documento carece de validez porque debería estar firmado también por la empresa Cosmo. Y todo indica que Cosmo no está dispuesta a colaborar estampando su firma.

En principio, hasta que el BROU no pague el dinero de la garantía, no puede reclamar a Cosmo y/o Boston Seguros la  recuperación de ese dinero. De todos modos, Calloia dijo que el BROU puso en marcha las intimaciones y está decidido a iniciar acciones judiciales contra las dos empresas, ante la eventualidad de que en el futuro, y pese a los defectos en el texto del aval, el fideicomiso consiga un fallo judicial que obligue al BROU a pagarle.

Calloia aclaró además que un eventual juicio contra Boston debería ser hecho en Uruguay y no en Argentina.

LOPEZ MENA PRESENTE

Para el final, un dato para nada menor.

Volvamos al principio, a aquel lunes 1° de octubre, día del remate de los aviones.

Calloia, declaró en la Justicia que Juan Carlos López Mena fue quien gestionó el aval para que Cosmo pudiera participar en la subasta de los siete aviones de Pluna SA, según dijo a  En Perspectiva una fuente del caso.

De acuerdo con esa versión, López Mena, cliente habitual del banco, se comunicó con autoridades del BROU para gestionar el aval que esa empresa necesitaba. 

Fuentes del BROU consultadas por En Perspectiva agregaron que el documento fue luego tramitado por el representante de Cosmo, Hernán Antonio Calvo Sánchez, pero López Mena figura ante el banco como quien presentó a la aerolínea española. Según esos informantes, a Cosmo por si sola jamás se le hubiera dado una garantía porque esa firma no era conocida, y que ni siquiera se hubiera atendido a Hernán Calvo. 

Ayer, cuando En Perspectiva lo consultó sobre sus dichos en el juzgado, Calloia declinó realizar comentarios al respecto.
 
LA VERSIÓN DE LÓPEZ MENA

Al declarar por primera vez en la justicia el viernes pasado, López Mena dijo que en su momento el gobierno le pidió que acercara alguna empresa que pudiera interesarse en los aviones, y por eso se contactó con Hernán Antonio Calvo Sánchez, a quien conocía como ex empleado y también por razones familiares., según informó el diario El País.

En esa oportunidad ante la magistrada – agrega el matutino- López Mena confirmó que él había comprado el pliego de 5.000 dólares previo a la subasta, pero lo cedió a Cosmo, que fue quien terminó ofertando.

Respecto al aval que otorgó el BROU a la empresa española, López Mena indicó que no tuvo participación en el trámite y afirmó que éste fue realizado por la propia Cosmo, según el matutino.

UN PUNTO CLAVE

Recordemos que la Justicia está investigando si antes de la subasta el gobierno conocía el nexo entre Cosmo y BQB.

Y un elemento clave en esa indagatoria es la llamada que el mismo día de la subasta, a última hora de la mañana, realizó el ministro Lorenzo a Calloia para averiguar qué novedades había en los trámites por los avales, luego de haber recibido información del fideicomiso en cuanto a que algunos interesados estaban gestionando una garantía ante el BROU. Tanto Lorenzo como Calloia han reconocido públicamente la existencia de esa comunicación, aunque negaron que en ella el ministro hubiera presionado a favor de la concesión del aval.

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(*) Este texto se basa en el informe emitido al aire En Perspectiva hoy a las 07.50 hs, pero incluye algunos ajustes posteriores. En particular se corrigió un error de información: En la versión original se dijo que López Mena acompañó a Hernán Calvo cuando éste concurrió a dependencias del BROU a solicitar el aval. Lo correcto es que, según declaró Calloia en la justicia, antes de que el representante realizara ese trámite, López Mena llamó por teléfono a autoridades del BROU para gestionar el aval que la aerolínea española necesitaba.