Escenario de las primeras protestas populares, el 21 de febrero de 2011 se convirtió en la capital de los rebeldes y en la sede del Consejo Nacional de Transición (NTC), organismo que lideraría el entonces esperanzador alzamiento.

Siete años después, la democracia es allí -como en toda Libia- una quimera y la violencia un repetido horror cotidiano que atribula la vida de aquellos que, pese al bramar diario de las armas, intentan sobrevivir en una ciudad en la que la guerra es todavía un habitante más.

"La situación económica en Libia es en general muy mala", admite a Efe Amal al-Hassi, funcionario en el Ministerio de Agricultura y Recursos Marinos del llamado Parlamento de Tobruk, uno de los dos gobiernos que coexisten en conflicto desde que el país se quebrara en 2014.

"El incremento de los precios, la flaqueza de los salarios y la falta de liquidez en los bancos hace que algunas familias libias no puedan hacer frente a sus gastos", agrega Al Hasi, quien pide a las autoridades más seguridad.

"En cuanto a la seguridad, por ahora es buena, pero le pedimos a las fuerzas armadas que incrementen sus esfuerzos, sobre todo en la frontera, para evitar que se venda de forma ilegal nuestra riqueza en el extranjero", señala, en referencia al pulso entre el este y el oeste por el control del petróleo.

En la misma línea se pronuncia Ghada Netfeh, ingeniera en la Compañía Nacional Eléctrica, quien cree que los cortes habituales de suministro de energía se deben "a las dificultades para financiar créditos que permitan comprar el equipamiento y los repuestos" que son necesarios.

Una lógica similar a la que emplea el mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del este de Libia.

Antiguo miembro de cúpula gadafista devenido en la década de los pasados ochenta en opositor en el exilio, Hafter tutela el citado Parlamento, que huyó al este después de que el gobierno en Trípoli no reconociera su derrota en las elecciones de 2014.

Ese mismo año, logró que la Cámara en Tobruk le nombrara jefe del antiguo Ejército regular libio (LNA), circunstancia que aprovechó para en mayo lanzar una ofensiva contra las milicias favorables a Trípoli asentadas en Bengasi, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.

Una ofensiva, conocida como "Operación Dignidad", que amplió meses después a la ciudad de Derna -bastión del yihadismo en Libia- y al resto del golfo de Sirte, zona en el que se acumulan las principales reservas e instalaciones petroleras.

Tres años después, las profundas heridas de todas esas guerras -salteadas de atentados, asesinatos y secuestros- son palpables a cada paso en la propia Bengasi, una ciudad de palmeras y amplios espacios que una vez fue una de las perlas otomanas del Mediterráneo.

Barrios enteros han sido reducidos a escombros, convertidos en escenarios fantasmales, solo coloridos por el día cuando aparecen mercados ambulantes escasamente abastecidos y cientos de hombres y mujeres cabizbajos que buscan algún trabajo.

Según cifras de la ONU y otros organismos internacionales, desde que el 23 de noviembre de 2011 Mustafa abdel Jalil, líder del NTC, anunciara en una exultante Bengasi la liberación de Libia, más de 100.000 personas han abandonado la ciudad y decenas de miles se han convertido en desplazados internos.

La expansión del sector público durante el primer gobierno electo de transición, los ataques recurrentes de las milicias a las instalaciones petroleras y la caída del precio del crudo explican la aguda crisis económica, asegura el economista Mohsen al Darija,

Pero también la división política, que ha llevado a situaciones imposibles como la fractura en dos entidades soberanas del Banco Central, subraya Al Darija, antiguo presidente de la Corporación Libia de Inversiones.

La división ha llevado a que tanto el gobierno del este como el sostenido por la ONU en Trípoli (oeste) impriman ahora su propia moneda, medida que ha azuzado la ya de por sí rampante inflación.

"La última razón es la falta de consenso entre el Banco Central y los gobiernos del este y el oeste a la hora de emprender las reformas necesarias", remarca.

Tampoco existe consenso en el plano político. A finales de septiembre de 2017, el enviado especial de la ONU, Ghassam Saleme, ofreció un plan de reunificación que incluía celebrar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de nueve meses.

Doce meses y decenas de infructuosas reuniones después, pocos esperan que puedan convocarse antes de que acabe el año. Ni en Trípoli ni en Bengasi, dos ciudades que ha día de hoy únicamente comparten inseguridad, desilusión y pobreza. EFE