Lee Hung-chi, de 39 años, fue condenado en primer lugar a cadena perpetua por asesinato. Pero después el Tribunal Supremo de Taiwán cambió la sentencia por la pena de muerte. A finales del mes de agosto de 2018, fue ejecutado de un único disparo dirigido al corazón. La presidenta del país, Tsai Ing-wen, tenía intención de abolir la pena de muerte durante su mandato. Ahora, por primera vez desde su llegada al poder, en mayo de 2016, se ejecuta una sentencia de pena de muerte.

El Gobierno de Arabia Saudí acusa a la activista de derechos humanos chiita Israa al-Ghomgham, de 29 años, de promover y participar en protestas. Lleva en prisión desde diciembre de 2015. La Fiscalía ha pedido para ella y para cuatro activistas más la pena de muerte, que en aquel país suele llevarse a cabo mediante decapitación.

Estos son solo dos de los miles de casos actuales en todo el mundo en los que se ha dictado pena de muerte. Desde 1945, en gran parte debido a las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, un amplio movimiento defendió fijar por escrito los derechos básicos universales de todas las personas. Así pues, en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 está escrito: "Todos los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal". Según Amnistía Internacional, hoy día todavía 56 países del mundo mantienen la pena de muerte.

En 1981, última ejecución en Alemania

La pena de muerte, la ejecución legitimada jurídicamente de una persona, es uno de los métodos de castigo más antiguos del mundo y se aplica desde hace milenios. Hasta finales del siglo XVIII, la ejecución pública era una pena habitual en prácticamente todos los sistemas judiciales del mundo. Con la incipiente Ilustración, surgió en el seno del humanismo europeo la primera oposición real contra la pena de muerte. El jurista italiano Cesare Beccaria escribió en 1764 una conocida obra que denunciaba lo injusto de la pena de muerte. Su título era Dei delitti e delle pene (De los delitos y las penas). Ya en aquel entonces Beccaria exigía la abolición de esta forma de castigo y señalaba casos de errores en la Justicia.

En el marco de las revoluciones de 1848/49, las reivindicaciones para abolir la pena de muerte penetraron en los distintos Parlamentos ciudadanos, especialmente en la Asamblea Nacional Francesa y en el Parlamento de Fráncfort. Aunque aquellas revoluciones fracasaron, se debatió con intensidad sobre la pena de muerte. Representantes del movimiento por la democracia y del movimiento de los trabajadores pidieron, además de derechos cívicos y humanos, la abolición general de la pena capital.

Durante la primera mitad del siglo XX, los regímenes fascistas y totalitarios llegaron al poder en numerosos países de Europa. Especialmente en la Unión Soviética y durante la época del Tercer Reich se llevaron masivamente a cabo ejecuciones judiciales. La pena de muerte se reveló así como instrumento de abuso de poder. Por eso, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, arreciaron las voces que pedían su abolición. 

La República Federal de Alemania eliminó la pena de muerte en la Ley Fundamental de 1949. En la década de los 50, hubo intentos de introducirla de nuevo, pero fracasaron. La situación era distinta en la RDA. Allí se llevaron a cabo ejecuciones primero con la guillotina y después mediante el fusilamiento hasta bien entrada la época de posguerra. La última ejecución tuvo lugar en 1981 y la pena de muerte se abolió en 1987 por decisión del Consejo de Estado.

Europa aprobó en 1982 un instrumento legal vinculante para acabar con la pena capital. "La pena de muerte queda abolida. Nadie puede ser condenado a ella ni ser ejecutado", dice el Protocolo 6, que fue adoptado para complementar la Convención europea de Derechos Humanos. Las excepciones se contemplaban para tiempos de guerra. Finalmente, fue abolida en todos los supuestos en 2012. Bielorrusia es el único país del continente europeo donde existe.

Argumentos de sus defensores

Los defensores de la pena capital dicen que la aplicación de este castigo es ejemplarizante. Pero prácticamente ningún estudio científico avala esta tesis. Al contrario. En 2002, un estudio del Centro de Investigación Criminológica de la Universidad de Oxford, contradecía este argumento. La práctica demuestra que tampoco se sostiene la idea de que la pena de muerte es una forma de lograr más justicia. Por su parte, Alexander Boj?evi?, de Amnistía Internacional, dice que el riesgo de ejecutar inocentes existe: "El derecho humano más importante es el derecho a la vida. El Estado no puede en ningún caso matar, excepto en defensa propia. Además, el peligro de la aplicación arbitraria y del abuso político siempre existe", dice Boj?evi?.  El Derecho internacional limita la pena de muerte a los "crímenes más graves", pero son los propios líderes déspotas de algunos países quienes definen cuáles son.

En la práctica se trata de otras cuestiones: No se trata de Kant ni de Voltaire, sino de violencia brutal que, a menudo, tiene lugar de forma arbitraria. Los procesos que vemos en las películas, donde todo transcurre según las reglas de la Justicia, no se corresponden con la realidad. En realidad, se fuerzan muchas confesiones mediante torturas", dice Boj?evi?. Según Amnistía Internacional, el aumento de procesos que no cumplen estándares legales internacionales supone un paso atrás.

En 2018, el Vaticano declaró la pena de muerte como "inadmisible". En un cambio oficial del catecismo, se señala que la pena de muerte está descartada de las enseñanzas de la Iglesia porque "vulnera la inviolabilidad y la dignidad de la persona". "El sentido del castigo ha cambiado en nuestros días y la prisión actúa de forma más efectiva", continúa el texto. "De esta manera, se puede asegurar tanto la mejora de la conducta del malhechor como la seguridad de los ciudadanos sin necesidad de quitar la vida a nadie". 

Situación internacional

La comunidad internacional hace progresos en ese sentido: cada vez más países prescinden de la pena de muerte. En 2017, 2591 personas fueron condenadas a muerte en 53 países.  En 2016, fueron 3117 en 55 países. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar el pasado año en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Paquistán. China es el país que más la aplica, pero no se conoce con exactitud la cifra exacta de ejecuciones, ya que trata esta información como secreto de Estado y no la hace pública desde 2009.

Pero no está garantizado que prosiga el camino hacia la completa abolición. El movimiento internacional para su abolición es un fenómeno relativamente nuevo y en algunos países, como Turquía o Israel, hay esfuerzos para introducirla de nuevo o para ampliar los supuestos en los que se aplica.DW

Autor: Nermin Ismail (MS/ERS)