En el conflicto sobre el destino de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el gobierno del presidente Jimmy Morales ha provocado una grave crisis política.

Desde hace semanas, el Gobierno de Morales le niega el regreso a Guatemala al fiscal Iván Velásquez, presidente de la CICIG, quien se encontraba de viaje en Nueva York cuando se prohibió su ingreso, "por razones de orden público y seguridad". 

El Gobierno de Morales tampoco quiere cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional guatemalteco el domingo pasado, según la cual se debe permitir la entrada de Velásquez.  "Con esto se cuestiona el orden constitucional en el país", dijo a DW Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, la representación local de Transparencia Internacional.

Detrás de la disputa en torno a la CICIG están las avanzadas investigaciones judiciales por corrupción que lleva a cabo esa organización y que cuenta con un mandato de Naciones Unidas. La UNO respalda así, desde hace 10 años, el trabajo de la Fiscalía de Guatemala, que ha llevado a la cárcel, entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina.

Pero desde que el actual presidente Jimmy Morales, y su familia, quedaron en la mira de los investigadores, por presuntos casos de corrupción, Morales pasó de apoyar a la CICIG a convertirse en enemigo abierto de su trabajo. La misma postura hostil es ahora asumida por otros políticos y empresarios a quienes les molestan las pesquisas.

Un fiscal de la ONU lucha contra la corrupción

"Lo que quieren es mi renuncia y que la CICIG desaparezca de Guatemala", aseguró el presidente de la CICIG, Iván Velásquez, en junio pasado, al marco de un evento en Berlín. El mandato actual de la CICIG se extiende hasta septiembre de 2019. El presidente Morales ha rechazado otra prolongación.

Ya hace un año, Velásquez había sido declarado persona non grata por el presidente Morales, pero un fallo del Tribunal Constitucional impidió la deportación del jefe de la CICIG, en ese momento. Ahora, el Gobierno guatemalteco ya no parece temer la ruptura constitucional.

Ahora, en lugar de permitir el regreso de Iván Velásquez, según lo determinado por el Tribunal Constitucional, Morales le puso un plazo de 48 horas a la ONU para que nombre a un jefe de la CICIG, que podría entrar al país. Observadores creen, sin embargo, que el Gobierno de Guatemala solo está buscando una excusa para expulsar, por completo, a la autoridad fiscalizadora. "Como no van a obtener una respuesta a su ultimátum, procederán luego, a cancelar el acuerdo con la ONU y la CICIG ", señala Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.

¿Guerra contra los enemigos de la corrupción?

El Tribunal Constitucional guatemalteco está ahora llamado a actuar. Si el Gobierno de Guatemala no atiende el fallo, el Tribunal debe informar a la Fiscalía, que puede tomar medidas contra los políticos que se nieguen a cumplir el veredicto de la Corte Constitucional. Es aún incierto si el Gobierno va a persistir en la violación de las leyes constitucionales, o si las fuerzas de seguridad se negarán a cooperar con el Fiscal.

La crisis política de las últimas semanas ya ha provocado numerosas protestas en todo el país, con manifestantes que respaldan a la CICIG. Tres ministros del gobierno ya renunciaron. "La gente está cansada del Gobierno, al que solo parece importarle cómo puede expulsar a la CICIG del país, mientras el país se derrumba por completo", subraya Marroquín. Para este jueves 20 de septiembre, estaba prevista una huelga general.

El curso de la crisis en Guatemala también dependerá del comportamiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos, que está muy involucrado en el financiamiento de la CICIG. "Desafortunadamente, hay señales muy contradictorias del Gobierno de EE.UU.", apunta Marroquín, y agrega que "Washington apoya a la CICIG, pero al mismo tiempo apoya al Gobierno guatemalteco, que rechaza a la CICIG".

Por su parte, muchos gobiernos europeos han expresado su preocupación por la situación actual. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores ha pedido al gobierno guatemalteco que reconsidere su decisión de no renovar el mandato de la CICIG en un año. Para Marroquín, "lo importante, ahora, es que la UE también se exprese con la misma claridad".DW

Martin Reischke (JOV/CP)