"La tasa de encarcelamiento está aumentando mucho más para las mujeres que para los hombres", dijo Youngers, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una institución que promueve los derechos humanos en la región.

En el continente predomina la aplicación de leyes duras y desproporcionadas que "contribuyen a la sobrepoblación y al hacinamiento en las prisiones, al ser encarceladas durante tiempos muy largos un gran número de personas que cometieron delitos de drogas menores", comentó Youngers.

Las tasas de encarcelamiento por este tipo de transgresiones, sin embargo, "impactan de manera desproporcionada entre las mujeres", observó la experta estadounidense, consultora independiente para el Consorcio Internacional sobre Políticas de Droga.

"En América Latina entre el 20 y 25 por ciento de hombres están encarcelados por delitos de drogas, y en las mujeres, ese porcentaje se sitúa entre el 40 y 80 por ciento", indicó.

De manera similar, el 10 por ciento de la población masculina que está reclusa en Argentina se encuentra privada de su libertad por delitos de drogas, cuando entre las mujeres es el 40 por ciento.

Este desbalance se explica en gran parte al descubrir que el 85 por ciento de las encarceladas son madres, la mayoría de ellas solteras.

"Para una madre soltera en situación de pobreza entrar en el negocio de las drogas es una buena manera de combinar sus necesidades de ganar dinero y sus responsabilidades con los niños", contextualizó Youngers.

En los trabajos de campo, "hemos encontrado que la gran mayoría de las mujeres en prisión lo están por delitos menores como vender o transportar drogas, dado que incurren en situaciones de mucho riesgo, y a la vez la policía tiende a buscar a la gente que es más fácil de detener", explicó la experta.

La primera causa de encarcelamiento de mujeres en Argentina, en efecto, es por infracción a la Ley de Estupefacientes, de acuerdo a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), un organismo autónomo de los tres poderes del Estado que supervisa las condiciones en que vive la población reclusa.

La condena más frecuente por el microtráfico de drogas es de cuatro años, de modo que se criminalizan economías de subsistencia, advirtió el organismo en un vídeo difundido por las redes sociales.

SISTEMA PROHIBICIONISTA

Éste es uno de los aspectos que se desencadenan en un mundo que tiene el prohibicionismo como paradigma de control de drogas desde hace más de un siglo, y que consiste "en una respuesta punitiva de la aplicación de la ley", observó Youngers.

"Hay evidencia más que suficiente para demostrar que durante la última década América Latina ha seguido este camino y está en una situación peor tanto en términos de la producción y consumo de drogas como en todas las implicaciones que eso tiene en términos de violencia y corrupción", ilustró la consultora de WOLA.

La mayoría de las personas encarceladas por delitos menores de drogas procede "de una situación de extrema vulnerabilidad y pobreza", una precariedad que las empuja a entrar en el negocio de drogas como una manera de sobrevivir y acceder a ingresos en efectivo.

Dado que este abordaje ha fracasado de manera estrepitosa, Youngers propone invertir la lógica de pensamiento y tratar los temas de drogas desde una perspectiva social y de salud pública "para enfrentar las raíces del problema".

"Es más complejo pensar en este tipo de respuesta social que poner a la gente en la cárcel, pero a largo plazo es la única manera de resolver el problema", afirmó.

Durante su visita a Buenos Aires, la asesora de la WOLA dictó un seminario organizado por la PPN y se reunió con autoridades legislativas para proponer un cambio en el modelo prohibicionista que también sigue vigente en Argentina.

Además de despenalizar el consumo de estupefacientes, la experta sugiere reformar la legislación para que las penas por narcotráfico sean proporcionales a la gravedad del crimen cometido.

Hay que pensar "en alternativas al encarcelamiento para que las mujeres tengan una vida digna, y eso implica programas de educación, ayudas para conseguir empleo, casas adecuadas, de modo que los recursos en estas iniciativas se vuelvan más eficaces que los destinados a mantener a la gente en la cárcel", sostuvo Youngers.

CAMBIO DE TENDENCIA

Entender que las drogas son un asunto político e ideológico es clave para desactivar la creencia de que la respuesta a los problemas de violencia e inseguridad es el encarcelamiento de más gente y el aumento de las penas, según la experta.

Para ello "es muy importante revisar la evidencia científica que existe, porque ya tenemos muchas décadas de esta guerra contra las drogas y es obvio que no ha tenido el resultado esperado", recomendó la especialista.

Plantear alternativas más eficaces y humanas permite avanzar en un debate que, pese a todo, ha evolucionado en los últimos años, en opinión de Youngers.

"Por mucho tiempo no hubo ninguna discusión sobre este tema, pero ahora hemos visto cambios con la despenalización y regulación del cannabis, como hizo esta semana Canadá, y como ya se aplica en Uruguay y en algunos estados de Estados Unidos", concluyó.

Las cárceles federales de Argentina alojan en la actualidad a 12.302 reclusos, lo que representa la mayor cantidad de personas privadas de libertad desde que comenzara la serie histórica de la PPN en 2014. (Sputnik)