(Emitido a las 9.08)

ANDRÉS GIL:
Aunque resulte doloroso, e incluso puede sonar algo frío, lo cierto es que llevar la cuenta de los muertos que van dejando los enfrentamientos en Irak es un ejercicio tan complejo como inconducente.

Sin embargo, una decena de muertes civiles producidas el domingo al oeste de Bagdad parece haber marcado un punto de inflexión, por lo menos en la forma en que se desarrolla este conflicto.

¿Por qué? Porque los responsables de estas muertes fueron soldados privados, mercenarios, funcionarios que actúan en la zona con contrato, en este caso de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater, y que a partir de los hechos del domingo no van a poder seguir operando en Irak.

JOSÉ IRAZÁBAL:
Una compañía, Blackwater, que opera en Irak contratada por el gobierno de Estados Unidos y que investigadores y periodistas han calificado en más de una oportunidad como una especie de "guardia pretoriana" del presidente George W. Bush en su lucha contra el terrorismo.

AG - En su página web la propia empresa Blackwater asegura ser "la más completa compañía de militares profesionales para tareas de refuerzo de la ley, seguridad, pacificación y operaciones de estabilidad, en todo el mundo".

JI - Otros han dicho y escrito que se trata del "quinto brazo militar" de Estados Unidos en Irak; y su participación ha generado todo tipo de polémicas. En particular por el hecho de que estas milicias en general (y en particular las de Blackwater) no rinden cuentas al gobierno de Estados Unidos y, en consecuencia, actúan en un marco de ilegalidad.

AG - Y ahí llegamos a la novedad de las últimas horas, porque parece ser que el ejército privado de Blackwater (esta empresa fundada en 1996 y con sede en Carolina del Norte) tiene sus horas contadas en Irak. Porque ayer el gobierno iraquí revocó la licencia de la empresa y le prohibió operar en el país.

JI - La decisión surge como respuesta a un tiroteo que un equipo de mercenarios de Blackwater protagonizó el domingo en una plaza de Bagdad y terminó con la vida de ocho civiles iraquíes.

AG - Según cuentan distintas agencias internacionales de noticias, los hechos fueron más o menos así: estos agentes privados viajaban junto a un convoy de vehículos del Departamento de Estado en el distrito de Mansur, al oeste de la capital iraquí, de Bagdad. Repentinamente alguien, posiblemente un francotirador, disparó contra su vehículo. Aparentemente también se habría escuchado alguna explosión. Al sentirse atacados, los agentes dispararon "aleatoriamente", se desató un tiroteo que duró unos 20 minutos, en el que murieron y resultados heridos varios civiles.

JI - Ayer, la respuesta a este suceso la dio el general Abdul Karim Jalaf, jefe de Operaciones del Ministerio de Interior iraquí, que anunció que se "cancelaba la autorización para que Blackwater operara en el país" y que se iba a presentar el caso ante la justicia de ese país.

AG - Además, el primer ministro, Nuri al Maliki, prometió públicamente juzgar a los culpables de esta "acción criminal". Además, anunció que se va a demandar a todo contratista extranjero cuyo personal se excediera en el uso de la violencia en su trato con los civiles.

JI - Vale la pena recordar que esta organización, Blackwater, no era bastante desconocida para el público en general hasta marzo de 2004. Cuatro de sus miembros fueron capturados en una emboscada en Faluya y linchados por una multitud que después quemó sus cuerpos y los colgó de un puente sobre el Éufrates.

AG - Las imágenes de aquel incidente recorrieron el mundo, y era realmente imposible no estremecerse al verlas. Pero esas imágenes tuvieron un efecto adicional, que fue terminar de revelar al mundo que existían contratistas militares privados operando en Irak.

JI - Una práctica que no es nueva pero de la cual ahora se sabe más.

AG - De hecho, una serie de informes que el diario estadounidense The Virginian Pilot hizo el año pasado estuvo entre los tres finalistas del Premio Pulitzer 2007. Es un tema que está naciendo al conocimiento público.

Para saber un poco más sobre este fenómeno de la privatización de la guerra, nos vamos esta mañana a Francia, para contactarnos con José Luis Gómez del Prado, español, presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Utilización de Mercenarios.

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Señor Gómez del Prado, usted ha hablado mucho de la privatización de la guerra. ¿Cuán extendida es esta práctica de tener operando en zonas de conflicto a grupos privados de seguridad, a verdaderos ejércitos privados, a su vez contratados por gobiernos?

JOSÉ LUIS GÓMEZ:
Es una tendencia que ha venido con la globalización y con la caída del muro de Berlín. Y que poco a poco se ha impuesto, desde los años noventa. En los años noventa, con la guerra de los Balcanes ya empezaron a contratar a empresas de seguridad privada, luego más con la primera guerra de Irak, y actualmente ha habido una explosión con la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, o el posconflicto en Irak después de la guerra, en la que se concreta y se recluta por mediación de estas empresas privadas de seguridad a muchos ex militares y ex policías, no solo de donde vienen las empresas de seguridad privada, que casi todas están radicadas en Estados Unidos o en el Reino Unido, sino a muchos ciudadanos del tercer mundo.

AG - Usted ha trabajado bastante desde su cargo en las Naciones Unidas el caso de Irak. ¿Qué tipo de tareas se les suelen encomendar a estos grupos en el caso concreto de Irak?

JLG - Depende, pero se los contrata como guardias de seguridad, para proteger. Y pueden proteger tres o cuatro tipos de situaciones. Pueden proteger a las personas, pueden proteger convoyes y pueden proteger edificios. Generalmente para lo más difícil, que es la protección de las personas, personalidades como pueden ser embajadores, ministros, llevan a los más especializados, los contratistas o los soldados privados que tienen más especialidad, que generalmente son los norteamericanos, los ingleses o los sudafricanos. Y para proteger los edificios, que es algo más pasivo, contratan (y se les da menos sueldo) a guardias de seguridad, a soldados privados del tercer mundo, que pueden ser sudamericanos, africanos, de Fiji, de Filipinas, de todo el mundo.

AG - Usted dice que en general no realizan acciones directas en los combates.

JLG - No, los contratan para acciones pasivas, para proteger. Lo que ocurre es que en zonas de conflicto armado o en zonas de posconflicto donde hay mucha peligrosidad, la línea que separa la acción activa de la acción pasiva es muy tenue. El caso más patente ha sido el de estos guardias de seguridad privada de la empresa Blackwater que el domingo pasado fueron atacados y respondieron tirando por todos los sitios indiscriminadamente. Y al parecer, por lo que cuentan los periódicos, habrían matado a varios civiles.

AG - ¿Cuáles son las ventajas para un gobierno derivadas de la utilización de este modelo, de contratar a estas empresas?

JLG - Es una política, algunos gobiernos lo han introducido dentro de su política extranjera. En Estados Unidos cada vez más (por la política de la administración actual y por el hecho de que la guerra no era muy popular y necesitaban muchos más militares pero no obtenían el número necesario para llevar a la zona de conflicto) han echado mano a estas empresas de seguridad privadas que vienen a llenar ese hueco que les falta. Se calcula que en Irak por lo menos habría unos 50.000 guardias privados o soldados privados que actúan haciendo unas labores que antes hacían los militares. Es una política que llaman de privatización, de externalización de muchas funciones, se han ido externalizando una cantidad de funciones, como la lavandería, la restauración, el agua potable. Cada vez les han ido dando más funciones a empresas privadas, hasta llegar a esto, a funciones que antes eran meramente militares.

AG - Lo importante en este caso es que los gobiernos dejan de tener responsabilidad política sobre los actos de estas empresas.

JLG - Los gobiernos siempre tienen la responsabilidad, no se pueden deshacer de esa responsabilidad. Los gobiernos tienen la responsabilidad aunque hayan subcontratado a una empresa, es el gobierno el responsable de lo que pasa, pero es una manera de evadir responsabilidad hasta que se llega al gobierno, que dice que es la culpa de la empresa. Y esa a lo mejor ha subcontratado a otra empresa, hasta llegar a un laberinto de contratos y subcontratos. En ese laberinto las responsabilidades se desvanecen de momento, pero a nivel internacional la responsabilidad es de los gobiernos, eso no se lo pueden quitar.

AG - Volviendo a la tarea concreta de estas empresas, ¿dónde reclutan a sus soldados?

JLG - Empiezan a reclutar para algunas funciones, que son las más delicadas y que necesitan especialización, en Estados Unidos o en el Reino Unido, pero luego, para otras funciones, van a reclutar al tercer mundo. Por ejemplo, en América Latina han estado en casi todos los países. Tenemos información de muchos peruanos que han ido contratados por esas empresas a Irak y a Afganistán; chilenos, colombianos, hondureños, pero al parecer también habría de otros países sudamericanos.

EC - Usted dice que hay una presencia importante de mercenarios latinoamericanos en estos ejércitos privados. ¿Por qué eligen tan especialmente a América Latina estas empresas?

JLG - Por varias razones, una razón es que en todo el mundo han disminuido los ejércitos. En América Latina había mucha experiencia en la contrainsurgencia, y al disminuir los ejércitos hay muchos militares que están sin trabajo, que a lo mejor trabajan para empresas de seguridad privadas pero en su país, y están dispuestos, para ganar más dinero, a ir a zonas de combate como Irak o Afganistán.

AG - Estamos hablando de gente con experiencia militar.

JLG - Sí, tienen que tener experiencia militar o como policías. Generalmente prefieren gente que está muy bien formada, y si tienen especialidad en contrainsurgencia, mucho mejor.

AG - Usted hablaba de la disposición de estas personas a irse a zonas de conflicto a los efectos de tener una remuneración más alta que la que tienen en sus países. ¿Hay datos confiables sobre cuánto se les paga a estas personas?

JLG - Sí, hay algunos datos. Por ejemplo, a los peruanos o a los hondureños se les paga alrededor de 1.000 dólares; a los chilenos al principio les pagaban, para atraerlos, como un anzuelo, en 2004, cerca de 3.000 dólares, a los primeros; ahora venimos de Chile, donde estuvimos en el mes de julio, y las cifras son ahora de 1.000 dólares.

AG - Una remuneración que podrá ser más alta o más baja en función de cada cual, pero que incluye algunas condiciones de trabajo que incluyen riesgos de los cuales la empresa no se hace responsable, supongo.

JLG - No, exactamente. Por eso esa línea que define la pasividad y la actividad en el combate es muy tenue. En las cláusulas del contrato dicen que se exponen a todo riesgo de una guerra de combate, combate activo y de guerra. Además firman otras cláusulas abusivas, por ejemplo firman un contrato que no tiene jurisdicción en el país del que ellos son ciudadanos. Por ejemplo los chilenos que contrató una empresa chilena, esa empresa algunas veces les presentaba un contrato de una empresa en Uruguay. Esa empresa tenía sede en Uruguay y tenía la jurisdicción en Uruguay, o sea que los chilenos no podían ir a un tribunal chileno a decir que no les habían pagado completamente su sueldo o que las condiciones no eran las que esperaban por haber firmado el contrato. Así funcionan todas estas empresas.

AG - Supongo que también se diluye mucho la responsabilidad en caso de una muerte.

JLG - Ha habido problemas también porque en casos de muerte natural las familias no reciben nada. Las familias reclaman, ha habido algunos casos de muerte natural, por estrés, porque el corazón puede fallarles, con todo el estrés que hay en zonas de combate. Pero si es una muerte natural no tienen derecho. Una de las cláusulas es que tampoco pueden llevar a los tribunales ni ellos mismos, por algún incumplimiento, ni los familiares, ni los herederos de estas personas, de estos guardias de seguridad privada.

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AG - Volviendo al trabajo de estas empresas privadas, estos ejércitos privados en las zonas en conflicto, sobre la base de la experiencia recabada por el grupo de trabajo que usted preside, ¿cuáles son los principales vicios o problemas derivados del hecho de que sean mercenarios y no soldados de un ejército nacional quienes realizan cierto tipo de tareas en países ocupados como Irak o, por qué no, también Afganistán?

JLG - Cuando es un militar el que desempeña esas funciones que ahora se están privatizando y que se pasan a las empresas de seguridad privada, los militares tienen un código militar. Si hay un militar que comete un crimen o una violación de derechos humanos, o un crimen de guerra, está sancionado por su jerarquía, por el código militar. Recuerde que en la cárcel de Abu Graib había militares y había también civiles, había algunos intérpretes que estaban allí también torturando a algunos presos. A los militares se los condenó, las condenas a lo mejor no correspondían a lo que habían hecho, a las torturas que infligieron, pero hubo un juicio y se los condenó. A los empleados de las empresas de seguridad privada no se los ha condenado ni han tenido juicio ni nada. O sea que no hay rendimiento de cuentas. Y los militares no tienen mando sobre estas empresas que operan en Irak. Y el Parlamento o el Senado de Estados Unidos no saben cuántos hay, cuántos de estos empleados de estas empresas contratistas privadas están trabajando en Irak, cuáles son sus nacionalidades y en qué condiciones están operando.

AG - Estos soldados privados, ¿no tienen que atenerse a la Convención de Ginebra que fija las condiciones para las reglas de las guerras y las posguerras?

JLG - En principio sí, pero es una zona gris muy difícil. Las empresas no son mercenarias porque están legalmente registradas en un país. (Los efectivos) son civiles, en el momento en que usan armas se convierten en combatientes o en militares, pero si no, son civiles. Son civiles que en un momento pueden volverse combatientes. En ese momento son responsables personalmente. Si cometen un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad se las puede llevar ante los tribunales. ¿Pero cómo se los va a llevar ante los tribunales, por ejemplo en Irak, donde hay ausencia de instituciones porque todo está por rehacerse? Es muy difícil, no sé cómo ahora el Ministerio del Interior va a sancionar a esta empresa. Será un caso muy interesante.

AG - Una diferencia importante entre la actuación de estos grupos privados y los soldados de un ejército nacional, en el caso puntual de Irak, es que los soldados no pueden ser procesados en Irak por sus actos, en la medida que hay de por medio una resolución de las Naciones Unidas que autoriza su presencia en esos territorios. Esa excepción no se aplica a personas que trabajan para firmas de seguridad privadas. Es a partir de esa situación que el Ministerio del Interior iraquí anuncia que va a llevar a estas personas a la justicia. En ese sentido se podría pensar que la impunidad de estas milicias privadas es menor que la de los soldados.

JLG - Hay impunidad porque tienen inmunidad, pero sobre todo la inmunidad fue la que les concedió, más que las Naciones Unidas, la orden número 17 del administrador de Estados Unidos, el señor Bremer. En 2004 él promulgó un decreto, la orden número 17, por la cual el gobierno iraquí no puede juzgar a estos empleados de empresas de seguridad privadas. Esa orden no ha sido revocada todavía. Lo primero que tendrá que hacer el gobierno iraquí será revocarla.

AG - Usted preside este grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios. ¿En qué consiste el trabajo que desarrolla este grupo?

JLG - Anteriormente había un relator especial, durante muchos años, pero a finales de 2005 Naciones Unidas decidió crear un grupo de trabajo, que es más importante que una sola persona, de cinco especialistas, y cada uno de nosotros viene de una región geopolítica dentro del contexto de Naciones Unidas. Por ejemplo, hay una especialista que viene de Rusia y los países del este, aunque son independientes, yo vengo de los países occidentales, hay un experto de América Latina, hay una experta que viene de Asia y Oceanía, y una experta que viene de África. La gran diferencia es esa, se le ha dado más importancia a partir de finales de 2005, llevamos operando dos años. Nos ocupamos de ver lo que nos ha pedido Naciones Unidas, la Asamblea y el Consejo de Derechos Humanos, que vigilemos todas estas actividades de los mercenarios, pero también de las empresas militares y de seguridad privada. Y que detectemos cuáles son las tendencias emergentes y las presentemos a la comunidad internacional. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos información, tratamos de visitar un país para ver cuál es la situación in situ. Es lo que hemos hecho, en el transcurso de estos años hemos visitado Honduras, Ecuador, Perú, Chile y Fiji. Y hemos pedido a otros 15 países visitarlos para ver la situación. Entre esos países hemos pedido al gobierno de Irak, al gobierno de Afganistán, al gobierno de Estados Unidos, para ver cómo funcionan estas empresas, para poder describirlas, alertar a la comunidad internacional y hacer recomendaciones. Tenemos informes al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General. Presenté este año un informe al Consejo de Derechos Humanos, en el mes de marzo, y ahora en el mes de noviembre presento otro informe a la Asamblea General, en Nueva York.

AG - ¿Hubo reacción de los países de América Latina a partir de las denuncias que ustedes han hecho sobre la forma como estas empresas operan en los países de esta región?

JLG - Sí, la primera reacción ha sido que nos han dejado visitar los países. Es una reacción muy positiva, discutir con las autoridades porque uno de los problemas es que las autoridades no estaban conscientes hasta hace muy poco de que había mercenarios o de que se contrataban mercenarios en países latinoamericanos. Creían que los mercenarios se contrataban en otros países, en África, en el tiempo de la descolonización, no creían que hubiera mercenarios de sus países. Ha sido una buena cosa desde que las autoridades han tomado conciencia, de que hemos podido visitar esos países y en algunos casos específicos, como Perú que ratificó la Convención contra el Mercenarismo a raíz de nuestra visita.

Documentos relacionados:
Informe del Grupo de Trabajo sobre mercenarios presentado al gobierno de Honduras
Informe del Grupo de Trabajo sobre mercenarios presentado al gobierno de Ecuador
Resumen del Grupo de Trabajo sobre mercenarios presentado al gobierno de Perú
Resumen del Grupo de Trabajo sobre mercenarios presentado al gobierno de Chile


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Edición: Mauricio Erramuspe