(Emitido a las 08.40)

EMILIANO COTELO:
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció la semana pasada la puesta en marcha de un paquete de medidas que tienen como objetivo sanear el Estado de bienestar francés, al que calificó como "insostenible financieramente".

Cuatro meses después de haber asumido como presidente, Sarkozy propone un nuevo contrato social. Entre otras iniciativas, en el paquete se incluyen reformas sociales, reformas en la función pública y nuevas reglas para la inmigración.

Vamos a revisar esas medidas y conocer el contexto en el que se anuncian, en diálogo con nuestro corresponsal en París, Rafael Mandressi.

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EC - En su discurso del martes ante el Senado, el presidente Sarkozy se refirió a un conjunto de reformas sociales que tienen que ver con el papel del Estado en varios ámbitos. Vamos a repasar esas propuestas.

RM - El discurso del martes fue en el Senado pero no ante la Cámara de Senadores, porque eso no está permitido por la Constitución. Fue una manera un poco indirecta de hacer una intervención en ese ámbito ante los periodistas especializados en temas sociales. Allí, Sarkozy recordó sus proyectos de reforma del sistema social francés, del modelo del Estado de bienestar francés, de manera muy enérgica y muy contundente. Enumeró en particular algunos puntos clave de estas propuestas con el diagnóstico general de que el modelo, tal como está planteado, es insostenible. Entre otras cosas, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista financiero.

Entre otros elementos, se refirió, por ejemplo, al desmantelamiento progresivo de las 35 horas como duración legal de la semana laboral, que había sido una reforma del gobierno socialista de Jospin a partir del año 97. Anunció modificaciones en la fijación del salario mínimo, medidas que tienen que ver con la gestión estatal del desempleo, de las oficinas encargadas de lo que equivaldría en Uruguay al seguro de paro y la búsqueda de empleo. También anunció modificaciones en los contratos laborales, con una simplificación de las modalidades de despido, y algunas referencias generales al diálogo social. Prometió que no va a haber reformas muy radicales sin pasar antes por un diálogo social, pero advirtió que el diálogo no puede ser pretexto para la parálisis; de modo que allí también hay una serie de reservas en cuanto al proceso para llegar a estas reformas. También se refirió a las modificaciones en el sistema de salud; algunas de las cuales ya están en vigor, que implican una participación en cuanto a las cotizaciones a la seguridad social del seguro de salud.

Y por último (probablemente el punto central y el que se anuncia como más espinoso) se refirió a la reforma de algunos regímenes de jubilaciones, en particular los que aquí se llaman regímenes especiales, que conciernen a algunos sectores de actividad y a los trabajadores de algunas empresas, entre ellas algunas estatales, que tienen duraciones de cotización - para llegar a la jubilación - menores que el conjunto de la función pública y que el sector privado. Hay una cantidad de años de actividad menor para poder aspirar al retiro, en virtud de condiciones de trabajo más difíciles o más penosas. La propuesta del presidente es uniformizar estos regímenes: llevar estos casos especiales a la norma general de la función pública, con la intención de que todos los trabajadores coticen por lo menos 40 años antes de poder aspirar a la jubilación.

EC - Sarkozy se planta muy duro en estas medidas que tienen que ver con la reforma del Estado de bienestar, pero no se queda allí. El miércoles también se refirió a la función pública y en este caso hizo otros anuncios que también prometen polémica.

RM - Sí, aunque el miércoles fue mucho más prudente y mucho más suave. Porque sabe perfectamente que meterse con la función pública es harina de otro costal. Enumeró un conjunto de iniciativas y de propuestas que apuntan en términos generales, como primera meta, a reducir el número de funcionarios del Estado francés. Reafirmó lo que había sido una de sus medidas principales en la campaña electoral: no reemplazar más que un funcionario de cada dos que se retiren. Pero según los cálculos que se han hecho, esto implica una reducción muy escasa, de apenas poco más de 20.000 funcionarios por año (en Francia hay más de 5.000.000 de funcionarios en total).
Por lo tanto, se anuncian algunos estímulos para retiros voluntarios, lo que se llama una "ventanilla de salida". Se les ofrece a los funcionarios un incentivo económico para renunciar. Anunció también que a los entrantes a la función pública se les dará la opción de regirse por el sistema el actual o por un contrato de régimen privado. Y en otros aspectos anunció también la revisión de las modalidades de flexibilidad dentro de la función pública, pero de una manera bastante más suave, proponiendo un pacto respecto de la función pública de aquí al año 2012.

EC - ¿De esta manera está llevando adelante lo que prometió en la campaña electoral? ¿No hay sorpresas?

RM - No, no hay absolutamente ninguna sorpresa. Es absolutamente lo que anunció, tanto en los contenidos como en el ritmo de las reformas. Y en el estilo muy enérgico, muy radical en ciertos aspectos de un conjunto de transformaciones que apuntan - entre otras cosas- a reducir el tamaño del Estado, a modificar algunos aspectos que son característicos de lo que se llama `modelo social francés´ desde la segunda posguerra. O sea estructuras y funcionamientos que datan del año 1946 y que configuran la espina dorsal del Estado de bienestar a la francesa.

EC - ¿Está tratando de atacar problemas que son sólo franceses o que se dan en otros países de Europa también?

RM - Con cierto retraso o diferencia en el tiempo, esto se verifica en otros países europeos. De hecho, en cuanto a los funcionarios, el modelo para este conjunto de medidas es el de Canadá de los años 90. Pero en estos mismos meses también en Italia, con un gobierno de signo político e ideológico diferente. También se están llevando adelante una serie de reformas del Estado del mismo tenor y que apuntan básicamente a obtener los mismos resultados. El gobierno de Romano Prodi, para contener y controlar el gasto público, ha puesto en marcha una serie de medidas que tienen características muy similares.

EC - Aparte de estas medidas, hubo otras la semana pasada. En un país donde la inmigración ocupa un lugar tan importante en el debate político y social, no es de extrañar que se hayan resuelto algunas acciones en este campo. ¿Por dónde se va?

RM - Se va también en el sentido de lo prometido y planteado en la campaña electoral: hacia una restricción mayor del ingreso de inmigrantes, a una firmeza mucho mayor en el control y la expulsión de inmigrantes clandestinos. En esta materia se ha establecido una meta cuantificada. El gobierno se propone expulsar 25.000 inmigrantes clandestinos por año. Y después hay dos iniciativas de cuotificación, de inmigración selectiva. Por un lado, en cuanto a la calificación y las profesiones, que ya existe en otros países europeos (por ejemplo, el caso de Alemania). Por otro lado, una cosa bastante más complicada, más discutible, que son cuotificaciones por regiones del mundo de donde provienen los inmigrantes. En este caso se estaría ante una medida anticonstitucional en el ordenamiento francés actual, que impide hacer discriminaciones de esa naturaleza. Por lo cual se ha empezado a hablar de reformar la Constitución para permitir este tipo de cuotificación.

EC - Y las pruebas de ADN, que han chocado tanto, ¿en qué casos se aplicarían?

RM - Las pruebas de ADN son uno de los aspectos más urticantes de este tema. Tienen que ver con la inmigración por el mecanismo de reunión familiar. Es decir, inmigrantes que están establecidos en el territorio francés, que de acuerdo con la ley vigente desde hace unos 30 años pueden hacer venir a sus familias. El gobierno establece que para que esto pueda cumplirse deberían pasar primero una prueba de ADN para verificar la filiación. Lo cual tiene una serie de connotaciones incluso desagradables por la naturaleza del fichaje de ADN. Por lo demás, el costo de la prueba quedaría a cargo de los candidatos a la inmigración, lo cual reduce drásticamente el número de aspirantes posibles. Las personas que quisieran inmigrar no están en su mayoría en condiciones de hacer frente a un costo de ese tipo.

EC - Entonces, ¿cómo se observa el estilo Sarkozy y su gestión de gobierno en estos primeros cuatro meses?

RM - Hay un estilo Sarkozy reconocido y que forma parte de lo que él mismo presentó como una ruptura, que se está verificando en los hechos de manera muy clara, muy cruda, cambiando radicalmente el estilo de conducción política en lo que tiene que ver con las presidencias francesas de los últimos 30 o 40 años. Un presidente que está todos los días en todos los frentes, que interviene absolutamente en todos los temas y opaca a la mayoría (prácticamente a la totalidad) de sus colaboradores. Incluso al primer ministro, lo cual lo somete a un riesgo de desgaste bastante grande y a la generación de rechazos fuertes, precisamente por este estilo, que es muy autoritario, muy enérgico e incluso hiperactivo en un sentido negativo.

Para poner un ejemplo reciente, la nota de tapa de uno de los principales semanarios franceses de la semana pasada era: "El presidente caníbal". Definía a Sarkozy y su manera de actuar como la de un dirigente que devora todo lo que tiene a su alrededor, incluso a sus más estrechos colaboradores. Cabe señalar que - a cuatro meses de iniciada esta Presidencia - se nota (y probablemente tenga que ver con todas estas medidas) un descenso en las encuestas de la popularidad de Sarkozy y su primer ministro. Me animo a pronosticar para los meses venideros un clima social bastante caliente, con sindicatos que ya anuncian medidas muy duras contra las medidas anunciadas por el gobierno.

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Edición: María Eugenia Martínez