(Emitido a las 8.44)

EMILIANO COTELO:
La guerrilla de las FARC ha figurado en el centro de la agenda latinoamericana en los últimos meses.

Por un lado estuvo el debate sobre los centenares de rehenes de las FARC y cómo avanzar en su liberación, un tema que provocó roces fuertes entre el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su colega de Venezuela, Hugo Chávez, después de que este se ofreció para recuperar a algunos de los secuestrados.

Esto, a su vez, dio lugar a una discusión sobre si las FARC son o no terroristas, cuando Chávez las calificó como "un grupo en armas insurgente contra el Estado colombiano", algo que fue rechazado terminantemente por Uribe.

Pero después, a comienzos de este mes, ocurrió el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. El episodio puso al borde de la guerra a esos dos países, y a Venezuela también, ya que Chávez se declaró listo para tomar partido a favor de Ecuador y su presidente, Rafael Correa. Pero ese hecho, al mismo tiempo, abrió otra polémica sobre las bases que las FARC tendrían en Ecuador y en Venezuela, y los apoyos que podrían recibir de los gobiernos de Correa y de Chávez.

Sobrevolando todos esos incidentes se encuentra el debate de fondo: ¿cómo se soluciona el conflicto interno que desangra a Colombia? ¿La salida es estrictamente militar? Además, ¿Colombia tiene que arreglárselas sola? Bueno, de hecho no está sola, porque su gobierno cuenta con el apoyo total de Estados Unidos. Pero, justamente, ¿no es ese un factor que complica las cosas? Y, al mismo tiempo, ¿cómo se entiende la prescindencia que durante años mostraron los principales gobiernos de la región con respecto a los hechos de Colombia?

En fin. Parece claro que estamos ante un problema muy delicado para nuestro continente. Una situación que, por eso mismo, conviene que los uruguayos conozcamos más de cerca.
 
Hoy les proponemos profundizar en estos asuntos, aprovechando el conocimiento de primera mano que ha acumulado nuestro compatriota Juan Pablo Corlazzoli, que hasta fines del año pasado fue representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Juan Pablo Corlazzoli tiene 64 años, es sociólogo, especializado en desarrollo y cambio social y tiene una larga carrera en asuntos internacionales.

***

Doctor Corlazzoli, a propósito de su carrera, podría mencionar, por ejemplo, que antes de su gestión en Bogotá había trabajado en Guatemala, el Líbano y Ruanda como jefe de misión en proyectos de reinserción social de ex combatientes; también se desempeñó como asesor en Mozambique, en un proyecto para la reconstrucción de ese país posconflicto.

¿Cómo se define en su relación con Naciones Unidas?

JUAN PABLO CORLAZZOLI:
He desempeñado la mayor parte de mi carrera colaborando con procesos de construcción de paz en países en conflicto y de reconstrucción de las sociedades en los períodos de posconflicto.

De lo que usted mencionó, quisiera destacar particularmente, porque es nuestro continente, el trabajo realizado en América Central con los tres países que tenían conflicto armado en ese momento, pero especialmente en el proceso de construcción de la paz en Guatemala.

EC - En Bogotá, concretamente, ¿en qué consistía su tarea como representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos?

JPC - Es un cargo multifacético. La oficina tiene un mandato en Colombia, compuesto de cuatro dimensiones: la observación de la situación de derechos humanos, que es la recepción de las quejas de las violaciones –anualmente se recibe un promedio de 2.000 quejas, de las cuales suelen quedar en firme unas 1.700–; luego hay un trabajo muy importante de información, es el informe anual que presenta la Alta Comisionada en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos ante el conjunto de naciones; y junto con ello un trabajo de asesoría y cooperación técnica. Esto tiene gran importancia porque no solo hay que señalar dónde están las fragilidades, los desafíos, sino también cooperar con los esfuerzos que se hacen a escala nacional por el conjunto de la sociedad, pero muy especialmente por el gobierno y otros organismos del Estado para lograr estadios superiores en materia de respeto y vigencia de los derechos humanos.

EC - Su período como representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia fue de un año y poco más, de 16 meses. ¿Por qué ese lapso?

JPC - Yo fui invitado a trasladarme desde Nueva York, donde me sentía muy a guseto, a Colombia, donde también me sentí muy a gusto, pero era otro contexto, por una serie de dificultades sustantivas que se habían desarrollado en dos dimensiones: en el relacionamiento de la oficina de la Alta Comisionada con las autoridades nacionales –la oficina estuvo al borde del cierre y retiro del país–; y como Colombia es un país muy polarizado, esa polarización muchas veces no exime a los funcionarios internacionales, a los integrantes de la comunidad internacional, y en el sistema de Naciones Unidas –que es muy vasto en Colombia, hay 23 agencias, fondos y programas– también se daba esa polarización, y el secretario general, en ese momento el señor Koffi Annan, entendió pertinente realizar un cambio de distintos representantes.

En ese sentido fui invitado por la Secretaría General, por la oficina de Ginebra, para asumir durante un período breve tareas que tenían que ver con el restablecimiento del diálogo, de la confianza, tanto con el gobierno como con distintas embajadas y contribuir con el embajador residente, que es una excelente persona, el señor Bruno Moro, a un fortalecimiento de lo que se llama el country team, el equipo país, conformado por esos 23 jefes de agencias y programas.

EC - ¿Se sabía de antemano que era una tarea a término y con esta duración en especial?

JPC - Yo mismo me fijé el término.

EC - Se lo pregunto porque, teniendo en cuenta los antecedentes de ese vínculo complicado que se daba entre la representación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el gobierno de Colombia, podía haber ocurrido que su salida de Bogotá tuviese que ver con que no había sido suficientemente exitoso en la recomposición de esa relación.

JPC - Todo lo contrario. Yo mismo pensé: si en un año no se solucionan los problemas es necesario buscar otro recurso humano; y si se solucionan también hay que salir y dejarles a los jóvenes que desarrollen la carrera normal. Afortunadamente se logró la renovación del acuerdo de sede hasta el final del período del presidente Uribe; cuatro años más, un primer año para realizar los trabajos, que fue el que yo estuve, y tres años más, con mandato pleno. Se mantuvieron las cuatro dimensiones que mencioné, y sobre todo, muy importante, se establecieron mecanismos de trabajo conjunto en los temas más difíciles y de más alta sensibilidad.

EC - ¿Por ejemplo?

JPC - Por ejemplo, todo el trabajo en torno a las ejecuciones extrajudiciales, las muertes ocasionadas por integrantes de la seguridad pública. Se conformó un equipo de trabajo con el señor vicepresidente de la República, el ministro de la Defensa y los más altos mandos y se lograron cambios sustantivos, desde la forma de evaluar los llamados "éxitos" de las operaciones militares y, sobre todo, una nueva política de derechos humanos, mecanismos muy estrictos de control en materia de cumplimiento del respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario –al que quizás aquí en Uruguay no se hace mucha referencia–, que es el que rige los conflictos armados, porque los conflictos armados tienen sus reglas. En esa línea una serie de mecanismos operativos, de análisis operacional de cada una de las denuncias que recibimos en estos casos.

Debo reconocer que el gobierno de Colombia fue sumamente abierto, nos permitió trabajar los temas que hacen a verdaderas políticas de Estado en temas de alta sensibilidad, en temas muy autónomos del quehacer de las fuerzas de seguridad públicas, y nos podemos dar por muy satisfechos, no solo por lo que se logró como éxito momentáneo sino porque han quedado mecanismos permanentes de trabajo.

EC - Su tarea no fue sencilla, y además tuvo sus peligros. [Casi al comienzo de su gestión en octubre de 2006] hubo un hecho que lo tuvo a usted como protagonista involuntario: usted concurrió a la Escuela Superior de Guerra a dictar una conferencia, y ese acto fue interrumpido por el estallido de coche bomba que explotó unos minutos antes de que usted hiciera uso de la palabra, cuando quien hablaba era el ministro de Defensa. ¿Se esclareció el origen de ese atentado?

JPC - Estaba comenzando el acto, yo estaba ordenando mis papeles para comenzar una conferencia sobre el tema de la paz y los derechos humanos, que es de gran trascendencia, y en el momento en que los altos oficiales, entre ellos el general Montoya, se trasladaban de un edificio contiguo al salón de conferencias de la Universidad Nueva Granada, explotó un coche bomba que había sido conducido hasta allí por integrantes de las FARC.

La Escuela Superior de Guerra realiza cursos en los que participan civiles; uno de los civiles pertenecía a las FARC, se infiltró en las Fuerzas Armadas y logró introducir ese coche bomba.

EC - Ese atentado dejó 24 heridos; ¿hubo muertos también?

JPC - Afortunadamente no.

EC - Y usted en particular, ¿cómo salió de aquel incidente? ¿Qué sintió?

JPC - Por las características del trabajo, yo debía desplazarme siempre con un cierto número de guardaespaldas y en un coche blindado, etcétera. Mi coche estaba estacionado al lado del coche que explotó, pero por razones de tener que realizar otras tareas se acababa de retirar. En el momento en que se produjo la explosión – yo había tenido algunas experiencias previas en América Central, particularmente en El Salvador, uno reconoce ese tipo de estruendo que se produce– en el salón comenzaron a caer vidrios de un piso superior y a caer sobre el público, sobre todo sobre jóvenes, y yo vi cómo saltaban, como verdaderas panteras, mis guardaespaldas, que en cuestión de segundos me rodearon y me condujeron a una puerta de emergencia. De allí no pudimos salir porque a continuación de esa primera explosión los coches que estaban próximos al coche bomba se incendiaron –deben de haberse incendiado unos 15 o 20 vehículos– y también comenzaron a explotar, por los tanques de gasolina.

EC - ¿Cuál era el objetivo de ese atentado?

JPC - Creo que el objetivo de las FARC era demostrar fuerza.

EC - Por ejemplo, ¿el objetivo era usted?

JPC - Es difícil saberlo; se iniciaba un ciclo de conferencias de una semana en torno a los derechos humanos. En estas cosas solo los actores conocen todas las motivaciones. En esos días el presidente Uribe había formulado un plan sumamente interesante, no solo por el intercambio humanitario de los guerrilleros presos que tiene el gobierno por las personas secuestradas, sino porque eso podía ser el inicio de un verdadero proceso de negociación para culminar con un proceso de paz. Incluso el presidente había adelantado la posibilidad de llamar a una constituyente, asegurarles escaños a las FARC y al ELN –que es la otra guerrilla– en la reforma de la Constitución, que es algo sumamente importante en un país, es la ley básica, es el pacto social fundamental de una sociedad, y ellos, que aspiran a la toma del poder, iban a participar en una alícuota de poder. Pero junto con la bomba voló en pedazos toda esa propuesta de paz.

Esto fue en octubre de 2006. Meses después el presidente reiteró la oferta de paz, diciendo que iba a liberar en forma unilateral a 100 guerrilleros, entre ellos a Granda, que era una persona clave en materia de relaciones internacionales de las FARC, y que eso lo iba a hacer a pedido del presidente Sarkozy, por razones de Estado. Una noche el presidente nos convocó de urgencia a todos los embajadores y representantes del Sistema de Naciones Unidas y de la OEA para informarnos personalmente sobre esta solicitud del presidente Sarkozy y qué medidas iba a tomar.

El presidente comenzó a liberar, no a los 118 en forma simultánea, porque había procesos de tipo judicial que realizar, pero liberó a una buena parte, liberó al señor Granda, que estuvo una serie de días alojado en la sede de las autoridades de la Iglesia Católica colombiana, luego fue trasladado a Cuba y de Cuba fue a Venezuela –esto es importante por lo que ha ocurrido en los últimos días.

¿Cuál fue la respuesta de las FARC? Por un lado ocurrió el asesinato –hay que emplear esa palabra– de 11 diputados que llevaban más de cinco años secuestrados, hecho mundialmente conocido, lo que hizo caer ese nuevo planteo de cómo avanzar en el cese de hostilidades para poder luego construir la paz.

En este momento hay dos tesis con relación a cómo se produjo ese asesinato; la que toma mayor fuerza es que había un quiebre al interior de las FARC y que había un sector que estaba dispuesto a liberar a estos 11 diputados, que los estaban trasladando, y frente a eso se tomó la decisión de matar no solo a los 11 diputados, sino también a todo el grupo guerrillero que los custodiaba. Solo la historia podrá decir cuáles fueron las motivaciones de este grupo. Lo que yo constato es que con actos como estos se difiere esa paz tan necesaria para Colombia y se ponen en riesgo muchas vidas.

***

EC - Iba a preguntarle cómo fue durante su gestión la relación entre su oficina y las FARC, pero vamos directamente a una pregunta que ha estado en el debate en los últimos meses. Escuchemos lo que hace pocas semanas decía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

(Audio)

"HUGO CHÁVEZ:
Yo quiero llamar a reflexión no solo a Colombia sino al mundo. Cuando yo he propuesto el tema del reconocimiento político a las FARC, ha sido en primer lugar porque yo creo que solo por allí podríamos avanzar hacia la paz. Pero más allá de eso hay un fondo: para mí esos no son terroristas, son un grupo en armas insurgente contra el Estado colombiano. Nosotros allí hemos dicho siempre que no intervenimos en ese conflicto, solo cuando se nos ha pedido para el canje humanitario y para el acuerdo de paz en el futuro, ojalá no muy lejano."

(Fin.)

EC - Y esta fue la respuesta del presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

(Audio)

"ÁLVARO URIBE:
Todas las personas que las FARC han asesinado, el mundo debe tener en cuenta que las personas que siguen secuestradas por las FARC están sometidas a torturas; lo que refuerza los argumentos para señalarlas como grupo terrorista. El mundo debe saber, el mundo debe tener presente que en los últimos diez años 750 secuestrados por las FARC no han regresado a sus hogares. A esas personas debemos tenerlas como desaparecidas. Otra infamia del terror de las FARC".

(Fin.)

EC - ¿Con cuál de las dos definiciones se siente usted más identificado? ¿Qué son las FARC?

JPC - Voy a responderle con las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, que por su neutralidad me parece más pertinente que la de actores nacionales o de países vecinos a Colombia.

Cada año la Alta Comisionada presenta informes en Ginebra. En el año 2006, decía: "Continuaron registrándose actos de terrorismo atribuidos a integrantes de las FARC, entre ellos los atentados con explosivos en sitios públicos de Nariño, Cali y el puerto de Buenaventura". Esto se repite año tras año.

Cuando Naciones Unidas emplea la expresión "actos de terrorismo", lo hace en función de definiciones en materia de Derecho Internacional Humanitario. Por año en Colombia hay un promedio de 20 masacres, y dos tercios de esas masacres son cometidos por las FARC. Hay asesinatos de servidores públicos, los concejales y los alcaldes son sistemáticamente amenazados y en muchos casos asesinados. El año pasado hubo elecciones locales y fueron asesinados entre 30 y 33 candidatos; la mayoría absoluta fue asesinada por las FARC. Y podría hablar de la colocación de minas, etcétera. Cuando se cometen actos de terrorismo algunos pueden colegir y calificar a ese grupo por los actos que comete, de ahí el indicativo claro y explícito de que es un grupo terrorista.

EC - El presidente Chávez promueve que se las considere como un grupo en armas insurgente contra el Estado colombiano. ¿Cómo ve ese otro camino?

JPC - Muchos uruguayos pueden tener en su memoria elementos referenciales. En términos de ciencia política Colombia es una sociedad políticamente abierta, hay libre competencia porque hay derecho a la libre organización y a la libre participación. En Colombia hay una alianza política muy parecida –de las cosas más parecidas que uno puede encontrar en América Latina– al Frente Amplio uruguayo, que se llama Polo Democrático, constituido por antiguos guerrilleros, sectores provenientes del sindicalismo y los partidos de izquierda. Esta fuerza política por segunda vez ha ganado el gobierno de Bogotá y por primera vez acaba de ganar la gobernación de Nariño, con un ex dirigente guerrillero de gran trascendencia nacional, que fue constituyente, fue ministro, fue parlamentario. De modo que hay espacios políticos reales para acceder al poder a través de la participación en las elecciones. No hay absolutamente ninguna razón para que en Colombia en este momento haya grupos armados que procuran tomar el poder por esa vía.

A esto uno puede agregar toda otra serie de elementos que tienen que ver con el respeto y la vigencia de los derechos humanos. La existencia del conflicto armado, según las Naciones Unidas –son las palabras oficiales–, es la causa de la mayoría absoluta de las violaciones, las más graves y las más persistentes incluso en términos del Derecho Internacional Humanitario.

EC - Hay quienes insisten en que en el terreno de las violaciones a los derechos humanos también juegan las propias Fuerzas Armadas colombianas y los paramilitares, lo que a su vez genera todo un círculo vicioso difícil de cortar. ¿Cómo analiza usted la incidencia de esos otros dos factores?

JPC - Es totalmente cierto, pero hay que hacer una precisión: la mayoría absoluta de los paramilitares se ha desmovilizado, sus principales jefes están presos, están bajo el régimen de lo que se llama el derecho transicional, que es una transición de la guerra a la paz, una situación muy compleja que se da en algunos países hacia la democracia. En reconocimiento a esta desmovilización, tanto la OEA como recientemente la propia Alta Comisionada cuando prorrogó el mandato de la oficina en el país, pero también la Unión Europea, el Grupo de los 24, que son 24 países radicados en Colombia que trabajan por el proceso de paz y los derechos humanos, realizaron a finales del año pasado la reunión equivalente a un grupo consultivo. En esa comisión internacional había 32 países. La semana antepasada la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos y todos esos países señalaron cómo han disminuido graves violaciones a los derechos humanos –masacres, asesinatos, etcétera– después de la desmovilización de los paramilitares.

De nuevo, es cierto que hay todavía reductos de los paramilitares, es cierto que hay acciones cometidas por efectivos de la seguridad pública, pero todo ello está muy directamente y a veces indirectamente ligado a la existencia del conflicto armado. Por lo tanto para que ese país pueda seguir progresando en materia de respeto a los derechos humanos, pueda dar un salto cualitativo, se impone la paz. Así lo plantea la Alta Comisionada: la paz, por el valor que tiene en sí para una sociedad, vivir en paz entre todos los que la componemos, pero también la paz como ausencia de ese tipo de violaciones tan graves.

EC - ¿Por qué no se llega a la paz? ¿No se llega porque las FARC se han convertido a esta altura en un fin en sí mismas? ¿No se llega porque el gobierno colombiano privilegia la solución bélica, la solución militar, en vez de contar con una apertura, con una flexibilidad a los efectos del diálogo y la negociación? ¿Cuánto juegan factores como el apoyo del gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de Colombia? ¿Cuánto juegan otros actores políticos de la región?

***

EC - ¿Por qué la paz no llega a Colombia? ¿Las FARC se han alejado de sus orígenes y se han convertido en un fin en sí mismas?

JPC - Yo comenzaría con un punto de información que quizás en Uruguay no sea tan conocido. Yo llegué a Colombia en agosto de 2006 y en setiembre recibí una delegación que me enviaban determinadas organizaciones en nombre del ELN –la otra guerrilla– para informarme que esta guerrilla ya llevaba más de 100 personas muertas por el accionar de las FARC, que le estaban matando lo que llamaban la base social. Por diferentes razones, por razones de disputa, de control de territorios donde se produce droga, de control de corredores por donde transita la droga y porque el ELN había entrado en diálogo con el gobierno.

En enero de 2007 volví a recibir un intermediario con un mensaje y la cifra se había elevado a 300 muertos y de un primer departamento, que era Arauca, el conflicto entre las FARC y el ELN había pasado a tres departamentos.

Uno se podría preguntar cómo es posible que entre dos guerrillas que tienen un mismo pensamiento marxista de fondo –el ELN es foquista, en la línea del Che Guevara, y las FARC están más bien en la línea Mao, la guerra popular prolongada– no puedan encontrar términos para finalizar ese desangramiento. Ha habido cartas oficiales de los más altos niveles de ambas guerrillas, ha habido encuentros, pero las muertes continúan.

Si hay dificultad para entenderse entre ellas, imagínese las dificultades que puede haber entre las FARC y un gobierno al cual le cuestionan profundamente la legitimidad, que ese gobierno tiene ganada en las urnas en forma reiterada.

EC - ¿Es correcto que buena parte del financiamiento de las FARC se origina en su relación con el narcotráfico?

JPC - Es absolutamente cierto. Si quiere una prueba inmediata, de estos días, después de la destrucción del campamento en el que murió el número dos de las FARC en Ecuador, el propio gobierno ecuatoriano desmanteló un laboratorio muy importante en la selva ecuatoriana, un laboratorio de las FARC. Las FARC están en toda la cadena, comenzaron dando protección a los productores y les cobraban un porcentaje, cosa que sigue existiendo aún. Es curioso, en zonas de las que se retiraron los paramilitares y se ha instalado la guerrilla cobra el mismo porcentaje que antes cobraban los paramilitares a los campesinos que producen coca.

Pero también están en el segmento de la producción, es decir los laboratorios, en el transporte a través de los corredores e incluso directamente en la exportación. El año pasado las Fuerzas Armadas de Colombia dieron muerte a una persona llamada Acacio como nombre de guerra, que era la figura número uno de todo lo que era el comercio internacional de coca de las FARC.

EC - ¿Qué cantidad de rehenes tienen las FARC en este momento?

JPC - Es difícil saberlo, hay una ONG en Colombia que lleva esa contabilidad; según esa ONG, hay más de 700 personas secuestradas en manos de las FARC. El ELN también secuestra personas, porque su financiamiento fundamental –no exclusivo, pero fundamental– es el secuestro, a pesar de que está en proceso de negociación con el gobierno. Hay dos tipos de secuestrados, los secuestrados por razones extorsivas, para un cobro de dinero, y los secuestros con significado político, entre otros el canje por los guerrilleros que han caído prisioneros, han sido procesados y están en las cárceles.

EC - ¿En qué estado se encuentran las FARC? ¿Han ingresado en un deterioro, en una pendiente, en un barranca abajo, o todavía tienen larga vida por delante?

JPC - En Perú aún subsisten pequeños reductos de Sendero Luminoso, después de muchos años de que sus mandos fueran totalmente desarticulados, cuando sus máximos dirigentes están en prisión y han dejado de existir políticamente hablando. Creo que en la selva colombiana pueden persistir un tiempo los sectores que integran las FARC. En este momento la iniciativa está del lado de las fuerzas de seguridad pública, que han avanzado enormemente en la retoma del territorio nacional y en establecer la presencia del Estado, que es uno de los grandes problemas por los cuales se pudieron desarrollar los grupos insurgentes, la ausencia del Estado, con lo que implica de ausencia de servicios –servicios de salud, de educación, de justicia, de administración pública–. Desde ese punto de vista ya hubo un punto de inflexión.

Desde el punto de vista militar han cambiado radicalmente sus tácticas, ya no hay grandes contingentes realizando operaciones como en el pasado, tomando unidades militares significativas –cuarteles, etcétera–. Desde el punto de vista militar están en un proceso profundo de pérdida de capacidad.

Las fuerzas de seguridad públicas, que la policía integra porque está militarizada, el año pasado llegaron a 440.000 efectivos, un número muy considerable, y están muy bien equipadas, con tecnología muy moderna, están muy bien entrenadas. Entonces desde el punto de vista militar están en franco retroceso.

Desde el punto de vista político están siendo profundamente debilitados. Ellos mismos se están haciendo harakiris, porque realizando operaciones como las que yo mencionaba –asesinando civiles y de autoridades públicas, reclutando niños y niñas, sembrando minas, con lo que eso provoca de poblaciones desplazadas o totalmente desmovilizadas, sin poder salir de los lugares a los que quedan constreñidas– políticamente se debilitan.

Por lo tanto creo, como se lo han planteado muchos sectores nacionales pero también importantes autoridades internacionales, cuanto antes se sienten a la mesa de negociación será más apropiado para hacer prosperar un proceso en el que todavía tengan cierta capacidad política para realizar los contenidos.

***

EC - ¿Y cuánta responsabilidad tiene el gobierno colombiano en que no se avance hacia un proceso de paz efectivo en ese país?

JPC - Hay un famoso dicho que dice que para bailar el tango se requieren dos; uno puede bailar en solitario, pero es diferente.

Estando yo allá vi varias propuestas de sentarse a la mesa, no solo para hacer el intercambio humanitario sino para que ese fuera el primer eslabón de un proceso de paz.

En segundo lugar, se aprobó una ley, la ley de Justicia y Paz, para encontrar mecanismos que permitieran la desmovilización y luego la reintegración de grupos que han cometido lo que se llaman delitos atroces y las más graves violaciones, que después de aprobado el Estatuto de Roma no pueden ser indultados. Con esta ley de Justicia y Paz, que da lugar a la aplicación del derecho transicional, se desmantelaron nada menos que los paramilitares, que era un sector muy poderoso en Colombia, por los muchos miles que lo integraban. Se desmovilizaron más de 30.000 de ellos; es cierto que los combatientes eran entre 18.000 y 19.000, y entregaron un número similar de armas, pero tenían además muchísimo dinero, mucho control político, territorios, etcétera. Eso como un primer proceso de paz porque las guerrillas decían que para sentarse a la mesa de diálogo tenía que ser desmovilizado el sector paramilitar, cosa que está realizada en su mayoría absoluta y hay una misión de verificación de la OEA, que se llama MAPOEA, que tiene al frente a un argentino de primera calidad, el señor Sergio Caramagna.

Quizás por las experiencias vividas en diferentes contextos vinculados con conflictos armados –en el Líbano estuve en el valle de la Bekaa, que es el corazón de Hezbollah, el grupo que tenía un brazo político y un brazo armado poderoso– sé que el mundo no se puede leer en forma maniquea, las sociedades complejas tienen que ser leídas simultáneamente con dos claves de lectura.

EC - ¿Usted está diciendo implícitamente que el gobierno ha puesto de su lado a favor de la negociación y del proceso de paz y no ha tenido correspondencia del lado de las FARC? ¿Esa es la síntesis de su planteo?

JPC - Lo digo en forma absolutamente explícita, es así. El gobierno ha realizado y acaba de realizar nuevos ofrecimientos, ha pedido a la Iglesia que sea la mediadora para un proceso junto con España, Francia y Suiza; las FARC rechazaron explícitamente a la Iglesia y a España, por diferentes razones. El mundo no es maniqueo, no se puede leer en blanco y negro, las sociedades complejas tienen que leerse con dos claves de lectura simultáneas, la clave de lectura de proceso y la clave de lectura de coyuntura. Si uno se queda con la coyuntura siempre va a tener una visión muy parcial, como creo que pasa en buena medida con relación a la complejidad existente en Colombia.

Yo decía recientemente en una conferencia en Washington que las guerras no se hacen intercambiando ramos de flores, así sean ramos de rosas con muchas y muy agudas espinas; las guerras se hacen con violencia de parte y parte, una contra el Estado, otra el Estado procurando hacer respetar el Estado social de derecho, como se le llama en Colombia, y la vigencia de una sociedad democrática.

Sin duda –lo dice el informe de la Alta Comisionada–, la responsabilidad política, pero también de tipo ético, de tipo moral, con relación a que todavía sobreviva este sangriento conflicto armado en Colombia la tienen las dos guerrillas, que son las que llevan adelante una guerra que no tiene absolutamente ningún fundamento de carácter político ni ninguna otra razón.

Están dadas las condiciones para que avance un proceso de paz, siempre y cuando las FARC estén dispuestas a sentarse a la mesa y el ELN dispuesto a proseguir el diálogo que se está realizando en Cuba desde hace varios años con la mediación nada menos que de Fidel Castro y recientemente del presidente Chávez.

EC - ¿Qué apoyo tiene en la población la estrategia que sigue el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

JPC - Cuando yo salí de Colombia, en el mes de diciembre, el presidente Uribe tenía, según las últimas encuestas, 74%; en este momento, como persona tiene un respaldo del 84%, y todo lo que ha sido el manejo de esta coyuntura del conflicto con Venezuela y Ecuador tiene el 85% de respaldo de la opinión pública.

EC - Ya que menciona a Venezuela y Ecuador, ¿cómo inciden esos otros gobiernos, esos otros países en la crisis interna colombiana? O, llevémoslo a un enfoque más general: parece claro que el problema bélico interno de Colombia no es un asunto solo de Colombia, por distintas vías termina siendo un problema latinoamericano. ¿Cómo se va a salir de una coyuntura tan delicada? ¿Con qué tipo de ayudas o inconvenientes de los países de la región?

JPC - El conflicto en América Central –y ustedes tienen en la tertulia a Gonzalo Pérez del Castillo, que jugó un rol vital– se desarrolló en seis países, había tres países de conflicto y tres que eran receptores del conflicto, además de otros que tenían santuarios, como quizás los tengan los países vecinos de Colombia en este momento.

EC - "Quizás", dice usted. ¿Qué ha podido averiguar? ¿Ecuador y Venezuela apoyan a las FARC?

JPC - Son fronteras porosas, no solo para esos dos países transitan las guerrillas, sino también para otros países vecinos de Colombia. Eso siempre se da, en todo tipo de conflicto, no es una exclusividad de Colombia y sus vecinos. Si uno mira la América Central de la época de los conflictos, o si uno mira lo que ocurre en este momento en Medio Oriente o en Afganistán y la frontera con Pakistán, todo señala que Al Qaeda sigue operando desde la frontera pakistaní con relación a Afganistán.

EC - Pero otra cosa es si además las FARC tienen apoyo de los gobiernos de Venezuela y de Ecuador en esas bases que despliegan en los países vecinos.

JPC - Yo no puedo afirmar eso. El presidente Uribe acaba de entregar a INTERPOL los computadores que se recogieron en el campamento donde estaba el señor Reyes, y en esta semana llega nuevamente la OEA a Colombia. Los peritos tendrán que demostrar no solo que no ha habido falsificación material en cuanto al contenido de las computadoras, sino también que lo que dicen las computadoras tiene veracidad. No me corresponde a mí calificarlo.

Sí creo que lo que ha planteado el presidente Chávez no corresponde a la realidad. Las FARC no merecen tener el estatuto de fuerza beligerante en este momento, así sea para la negociación; las negociaciones se pueden hacer sin tener ese estatuto, lo tuvieron en El Salvador pero no lo tuvieron en el caso de Guatemala ni los insurgentes en el caso de Nicaragua.

América Latina jugó un rol importantísimo en los procesos de paz de América Central, justamente a través del Grupo de Río, de la comisión de Contadora, en aquel momento el canciller Enrique Iglesias de Uruguay jugó un rol importantísimo. Lo pueden volver a jugar, y con ellos los organismos internacionales.

EC - Usted dice que América Latina puede jugar un rol importante.

JPC - Debe jugar un rol importante, no solo puede.

EC - Da la sensación de que no lo ha jugado.

JPC - No lo ha jugado, ha estado muy ausente.

EC - Ahora el Grupo de Río, milagrosamente, tuvo una incidencia importante en distender la crisis Colombia-Ecuador-Venezuela a raíz de este operativo colombiano en territorio ecuatoriano cuando cayó Raúl Reyes, pero eso sorprendió a todos porque hacía mucho que no se veía a los países de la región, a los gobiernos de la región interesados en participar activamente en una salida para Colombia.

JPC - Después del término del conflicto de América Central, que tuvo lugar entre los años ochenta y el primer quinquenio de los noventa, no había operado nuevamente. Quizás para la crisis de Haití, pero eso fue a través de los mecanismos de OEA y de Naciones Unidas.

Punto uno, América Latina no solo puede sino que debe jugar un rol importante, porque es una contribución a cerrar el único y último conflicto armado que queda en la región; punto dos, junto con ello evidentemente están los mecanismos internacionales como la OEA y sobre todo las Naciones Unidas, que a través de sus 23 agencias, fondos y programas ya está haciendo una contribución muy importante. No tiene la espectacularidad de la participación política que podría tener de ser partícipe en una negociación de proceso de paz, pero justamente porque no hay esa negociación. La Dirección de Asuntos Políticos de la Secretaría General estaría anuente a jugar ese rol en el momento en que las condiciones se den; las condiciones son que las dos partes lo soliciten. En un momento dado lo había solicitado el presidente Uribe, pero no prosperó y el secretario general anterior, el señor Koffi Annan, retiró a su representante personal, el señor James Lemoine.

Nuevamente todos tenemos, por lo que hay de vidas humanas en juego, el compromiso moral de contribuir a la superación de este conflicto armado, y con ello a la construcción de la paz, que quizás es lo más importante para que todos los ciudadanos colombianos puedan vivir con plenitud el goce de sus derechos.

***

EC - Usted fue uno de los fundadores del FA. Y acaba de trazar, con las premuras de tiempo que implica una entrevista en radio, un diagnóstico de la situación en Colombia y en particular de la actitud de las FARC que tiene diferencias muy serias con el análisis que el partido de gobierno suele hacer de la crisis colombiana; basta observar la declaración de la Mesa Política del FA cuando el episodio del ataque al campamento de las FARC en territorio de Ecuador. ¿Usted ha tenido llamadas, comunicación con la dirigencia del FA como tal o de partidos del FA para intercambiar información, para aportar su visión de lo que ocurre en Colombia a partir de lo que ha conocido de primera mano?

JPC - Yo me retiré hace muchos años de la vida partidaria, porque el ser funcionario de Naciones Unidas exige total neutralidad en ese sentido. El único contacto que he tenido en Uruguay sobre este tema ha sido con la señora Belela Herrera, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores y que llevaba el tema derechos humanos; la entrevista fue en función de mi última responsabilidad en este campo de los derechos humanos.

No, no he sido contactado ni consultado; ahí tenemos un punto de diferencia muy importante.

EC - ¿A qué lo atribuye?

JPC - Puede haber diferentes causas: insuficiente información, lecturas ideologizadas, afinidades políticas de algunos sectores, añoranzas de otros por movimientos de lucha armada que son visualizados como portadores de justicia, que en el caso de Colombia no lo son. No sé, no conozco, no puedo hablar, presumo posibles motivaciones para ello.

Pero me parece absolutamente importante que Uruguay, por el rol que Uruguay siempre ha tenido en este tipo de actividades en el plano internacional, no solo en América Latina, pero especialmente en América Latina, tenga muy claro que en Colombia hay una institucionalidad democrática muy sólida y muy fuerte, hay un gobierno democrático, en el que participa en forma muy significativa la mayoría absoluta de la población; en las últimas elecciones locales hubo más de 60.000 candidatos. Para el gobierno están la cancillería y la embajada en Colombia, pero los sectores políticos deben tener un conocimiento en profundidad de una realidad que no es maniquea, no es ni blanca ni negra, tiene muchos grises, y que ha tenido, sobre todo en los últimos años, muchos elementos muy importantes de progreso en todos los campos, incluso en el campo de los derechos humanos.

---------------
Edición: Mauricio Erramuspe
Fotos: Analía Puentes